Derecho a participar, derecho a intervenir

Más de veinte años ha costado dar cumplimiento a un mandato recogido en la Constitución Española, en la Ley Orgánica de Libertad Sindical, en el artículo 26.2 del Estatuto de Autonomía de Andalucía y en múltiples acuerdos de concertación social como el reciente Pacto Social y Económico por el Impulso de Andalucía. Un mandato que reconoce el derecho de las organizaciones sindicales más representativas a participar e intervenir en las políticas públicas para ser la voz de los trabajadores y trabajadoras y garantizar que sus derechos y opiniones sean tenidas en cuenta. Así que la Ley de Participación Institucional no es un regalo ni una prebenda de nadie, sino que responde a unas reglas claras, objetivas y no arbitrarias de la democracia en las empresas y de la mayor representatividad que nos otorgan y nos dan los trabajadores y trabajadoras con su voto diario en las empresas de este país y de Andalucía.

La Ley de Participación Institucional es el derecho ganado a pulso por las y los sindicalistas de CCOO y es el resultado del empeño de nuestra organización a lo largo de la historia que, de manera coherente, ha trabajado para defender el derecho de las personas trabajadoras a participar en aquellas decisiones que nos afectan y que condicionan nuestra vida, nuestro progreso y nuestro futuro.

No olvidemos que con nuestro esfuerzo y trabajo, y por desgracia incluso con la vida, somos los trabajadores y trabajadoras quienes levantamos esta tierra; y es de justicia que el derecho a defender la Andalucía que queremos que, sin duda, es la de la igualdad de oportunidades, la de los servicios públicos fortalecidos, la diversa y plural, la solidaria e integradora, se garantice en forma de Ley.

Es de justicia que el derecho a defender la Andalucía que queremos que, sin duda, es la de la igualdad de oportunidades, la de los servicios públicos fortalecidos, la diversa y plural, la solidaria e integradora, se garantice en forma de Ley

En CCOO siempre hemos tenido claro y así lo hemos reclamado durante años a todos los gobiernos que han pasado por la Junta de Andalucía, con independencia del color que tuvieran, que era necesario garantizar por ley el derecho a la participación institucional, porque si algo es evidente es que las personas trabajadoras tenemos que dar nuestra visión sobre las leyes, medidas o normas que el Gobierno andaluz lleve a cabo en materia de política económica y social. Tan evidente como que el Ejecutivo ha de atender las propuestas que realizamos en materia de sanidad, educación pública, dependencia, vivienda, en materia industrial, turística o agraria. Primero porque los trabajadores y las trabajadoras somos los afectados en la mayor parte de estas cuestiones; segundo porque, como hemos demostrado siempre, tenemos propuestas y soluciones que aportar; y tercero porque en CCOO, aunque nunca renunciamos a la movilización, somos unos convencidos y convencidas de que el diálogo y la concertación es un instrumento clave para avanzar en vertebración social, progreso económico y en la creación de empleo de calidad, así como en la configuración de una Andalucía más justa y con más igualdad y más derechos.

La realidad ha demostrado en reiteradas ocasiones que cuando se aúnan esfuerzos para alcanzar puntos comunes, más allá de los intereses particulares y legítimos que cada organización tenemos, conseguimos superar situaciones de dificultad económica y avanzar en el desarrollo económico y social de Andalucía sin dejar a nadie atrás y con leyes más equilibradas y justas.

Así sucedió en momentos de crisis financieras como la de 2008, durante la pandemia de 2020 o en la crisis de 2022, y por ello instamos al Gobierno andaluz a que ponga todos los mimbres para que esta Ley de Participación Institucional salga adelante con el mayor consenso posible, por la utilidad que tiene para los trabajadores y las trabajadoras y para el progreso y el desarrollo de nuestra tierra. Es responsabilidad suya que esto suceda.

En cualquier caso, si el Parlamento andaluz lo decide y se concreta el texto en Ley, para CCOO no será el final del camino sino el punto de partida de un nuevo derecho que vamos a defender y que queremos ejercer con las garantías, la transparencia, la responsabilidad y la máxima exigencia que nos caracteriza.

 

Nuria López Marín

Más de veinte años ha costado dar cumplimiento a un mandato recogido en la Constitución Española, en la Ley Orgánica de Libertad Sindical, en el artículo 26.2 del Estatuto de Autonomía de Andalucía y en múltiples acuerdos de concertación social como el reciente Pacto Social y Económico por el Impulso de Andalucía. Un mandato que reconoce el derecho de las organizaciones sindicales más representativas a participar e intervenir en las políticas públicas para ser la voz de los trabajadores y trabajadoras y garantizar que sus derechos y opiniones sean tenidas en cuenta. Así que la Ley de Participación Institucional no es un regalo ni una prebenda de nadie, sino que responde a unas reglas claras, objetivas y no arbitrarias de la democracia en las empresas y de la mayor representatividad que nos otorgan y nos dan los trabajadores y trabajadoras con su voto diario en las empresas de este país y de Andalucía.

La Ley de Participación Institucional es el derecho ganado a pulso por las y los sindicalistas de CCOO y es el resultado del empeño de nuestra organización a lo largo de la historia que, de manera coherente, ha trabajado para defender el derecho de las personas trabajadoras a participar en aquellas decisiones que nos afectan y que condicionan nuestra vida, nuestro progreso y nuestro futuro.