Privatización
La Consejería andaluza de Salud ha publicado este jueves en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) la polémica orden que permite concertar la atención primaria con la sanidad privada, fijando por primera vez un precio a las consultas con el médico de familia. La oleada de críticas de los sindicatos sanitarios y de toda la oposición en bloque no ha disuadido al Gobierno de Juan Manuel Moreno, que ha mantenido intactos los puntos más controvertidos del borrador que se hizo público el pasado verano.
La orden ya estaba aprobada el pasado 23 de febrero, el mismo día que el Parlamento acogió el debate propuesto por la oposición sobre la idoneidad de dicha norma, que consideran “una privatización encubierta de la atención primaria en Andalucía”. Además, en las últimas horas el Gobierno andaluz ha puesto sobre la mesa un documento de la etapa socialista, cuando María Jesús Montero era consejera de Salud en el año 2005, donde se desarrolló una normativa que consideran similar. Sin embargo, pese a que desde la Junta tratan de compararlo, lo cierto es que ambas órdenes son diferentes porque la del PSOE se refería a aquellos pacientes que no hicieran uso del Servicio Andaluz de Salud (SAS) como son los mutualistas, y con el que se tarifaba los que le cobra el SAS a las mutuas por atender a los pacientes funcionarios públicos con seguros privados.
Obviando dicha comparación, lo que ocurre desde ahora es que la Junta dispone de respaldo legal para derivar a pacientes de atención primaria a clínicas privadas, pagando un precio de 65 euros la primera consulta a dichas empresas, 150 euros la consulta al especialista y 90 euros las consultas posteriores. El texto también habilita jurídicamente a los médicos privados a trabajar por primera vez dentro de hospitales públicos, para realizar operaciones y pruebas previamente concertadas por la Administración pública.
El objeto primordial de la orden de la Consejería de Salud es “actualizar” y “uniformar” los precios y las tarifas que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) cobra a las clínicas privadas por los pacientes, operaciones y pruebas concertadas, explican desde la Administración andaluza. Todo ello, en un contexto en el que dichas derivaciones han aumentado exponencialmente en los últimos años como consecuencia de la falta de médicos en la pública (entre otras razones). En 2022, según datos del Portal de Transparencia, la Junta rozó el millón de pacientes derivados a la privada, cifra récord en toda la serie estadística.
La orden salió a exposición pública el pasado 7 de julio, apenas un mes después de las elecciones andaluzas que dieron la mayoría absoluta al PP. El texto pasó desapercibido en pleno verano para la mayoría de grupos políticos -el PSOE denunció algunos aspectos de la norma, pero no presentó alegaciones- y también para los sindicatos (solo CCOO planteó dudas al texto). Salud explica que esta norma no tenía por qué pasar por la mesa sectorial porque así lo recoge el estatuto marco, pero alegan que sí hubo información sobre la misma porque estuvo en exposición pública durante meses, tal y como lo demuestran las alegaciones de CCOO o Facua. Alegaciones que no han sido incluidas.
Ahora que ya es oficial, llama la atención que el tema no ha sido público hasta siete meses después de iniciarse la tramitación. A la sombra de las protestas multitudinarias en Madrid contra la gestión sanitaria del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, la coalición Por Andalucía desempolvó el borrador de la norma y entonces sí arreciaron las críticas contra el Ejecutivo de Moreno, que salió al paso para negar categóricamente que su intención fuera “privatizar la atención primaria”, como denunciaba la oposición de izquierdas.
Lo que hace la Consejería de Salud con esta orden es “desarrollar” el sistema de presupuestación y tarificación con el que se suscriben los convenios con la sanidad privada para los supuestos en los que los hospitales -y ahora también los centros de salud- públicos no puedan hacer asumir la presión asistencial que padecen. Como la normativa vigente era de 1998, cuyos precios estaba desactualizados, Salud aprovecha la circunstancia para establecer tarifas adecuadas a la realidad de ahora, pero añadiendo en este plan de derivación a la atención primaria, exenta de esta posibilidad hasta la fecha.
Dentro del presupuesto anual con el que se contará y que no se podrá sobrepasar en ningún caso, el SAS especifica que pagará a los centros de la sanidad privada un máximo de 65 euros por consulta ante un médico de cabecera, 150 por consultas con un especialista, 90 en las sucesivas con el mismo profesional y hasta 215 euros si el paciente es derivado desde un centro de alta resolución. Cuantías que se verán rebajadas en un 35% si estas citas médicas no se ofrecen en instalaciones de la sanidad privada.
Según explica Salud, la orden debía ser desarrollada para corregir las anomalías que pesaban desde la anterior norma de 1998: “Es conveniente establecer una tarifa máxima homogénea para toda Andalucía, por procedimiento y no por grupos, como hasta ahora”. Algo que se hace, explican, para “reducir costes” en los procedimientos más frecuentes en los conciertos con la sanidad privada, así como reducir las listas de espera o los problemas asistenciales. Aspectos de los que dudan los sindicatos sanitarios.
Desde la mesa sectorial “lamentan profundamente” que se haya publicado esta orden porque entienden que se produce una “privatización” de la atención primaria. Recuerdan que esta tarificación pone a “disposición de la empresa privada” el uso de la sanidad pública. Y como ya denunciaban cuando Por Andalucía filtró el borrador, consideran que la Junta de Andalucía ha aplicado su “rodillo” para no negociar los detalles de la norma y establecer los puntos de la misma sin pactarlos. Por otro lado, fuentes de la mesa sectorial creen que este cambio normativo no va a ayudar en exceso a reducir las listas de espera ni el colapso asistencial porque la sanidad privada no tiene los recursos suficientes para asumir lo que la pública no puede.
De hecho, la situación de los centros de salud en Andalucía es mala en la mayoría de casos. Dado que faltan médicos porque los contratos que se ofrecen no son estables y quienes tiene plaza se están jubilando sin tener suficientes profesionales para sustituirlos, el SAS se ha visto obligado a poner encima de la mesa medidas para paliar este déficit que afecta directamente a la calidad del servicio. Como no hay médicos suficientes, los cupos de usuarios que han de atender los galenos están disparados en la mayoría de ambulatorios.
El cupo, que tiene en cuenta el número de pacientes como máximo que está asignado a un sanitario, está por encima de los 1.500 ciudadanos en la mitad de los centros de salud de Andalucía. Es decir, lejos del ideal que persiguen tanto el SAS como los sindicatos de establecer dicho número en 1.200 usuarios como máximo. De ahí que en enero los sindicatos amagasen con una huelga que llevó a Salud a tomar cartas en el asunto llegando a un acuerdo con el Sindicato Médico para establecer cupos máximos de atención diaria. Según aquel pacto, los médicos atenderían como mucho a 35 pacientes en horario de mañana y los pediatras a 25, pudiendo atender a igual número por las tardes. Pero el pacto no ha pasado de proyecto porque es difícil de aplicar en la situación estructural en la que se encuentra la sanidad pública andaluza.
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