El juez echa por tierra la defensa del Gobierno andaluz a la gerente sanitaria que reactivó los contratos a dedo en 2024
El juez que investiga un posible delito de prevaricación en los contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) con clínicas privadas entre 2020 y 2024 ha echado por tierra los argumentos del Gobierno andaluz para salvar a la actual gerente, Valle García, imputada junto a sus dos predecesores en el cargo en la causa.
La Junta salió en defensa de su actual gerente tras ser imputada, alegando que las nueve adendas que firmó entre enero y julio de 2024, con ampliaciones de gasto a los contratos de emergencia que firmó el SAS con clínicas privadas en 2021, “no eran en realidad contratos como tal ni podía llamársele adendas presupuestarias”.
Valle García fue nombrada gerente del SAS en diciembre de 2023 y un mes después, en enero de 2024, firmó la primera de las nueve adendas con una modificación presupuestaria al alza del expediente de emergencia 110/2021, epicentro de la investigación del juez y la Fiscalía Anticorrupción por un supuesto de prevaricación. El magistrado, en un reciente auto al que ha tenido acceso este periódico, enmienda los argumentos de la Junta para defender que esos documentos que implican a su actual gerente “no son contratos”.
El magistrado Javier Santamaría cita en su auto las nueve adendas firmadas por García en 2024, que fueron incluidas por el PSOE en una ampliación a la denuncia original interpuesta el pasado 20 de junio, y las considera “actos singulares de contratacíon con empresas concretas sin presuntamente habilitación legal ni presupuestaria”. “Según su tenor literal, estos últimos contratos suscritos en 2024 son contratos adjudicados por Resolución de 20/01/21 [el famoso Expediente de Emergencia 110/21] que modifican el presupuesto máximo de los contratos de servicio para la prestación de asistencia sanitaria médica, de diagnóstico y terepia para procedimeintos oncológicos a usuarios del SAS de tramitación de emergencia”, subraya el juez.
El auto, por tanto, echa por tierra el intento del Gobierno de Juan Manuel Moreno de que la investigación judicial en curso no salpique a un alto cargo en activo que, según el juez y la Fiscalía Anticorrupción, continuó el procedimiento irregular de adjudicación a dedo de contratos millonarios con clínicas privadas, sin publicidad ni concurrencia competitiva, amparándose en un marco legal excepcional habilitado en el primer año de la pandemia cuando ya estaba derogado.
En su escrito, el juez pone en duda el procedimento de contratación del SAS desde 2020 a 2024, periodo que abarca la denuncia del PSOE y la investigación en curso. Los suplementos con ampliación de gasto de los contratos a dedo originales, firmados por la actual gerente de enero a julio de 2024, reactivan el expediente de emergencia de 2021 en el que se centran las pesquisas. García reactivó ese expediente diez meses después de que el portavoz de la Junta de Andalucía anunciase en la sede del Gobierno la cancelación de ese tipo de contratos, 48 horas después de que lo publicase elDiario.es.
Desde que fue imputada, la Junta ha sostenido que las adendas no son nuevos contratos ni ampliaciones de gasto, y que el último contrato de emergencia firmado por el SAS se hizo el 17 de mayo de 2023.
El auto del juez, firmado el pasado 13 de diciembre, no versa en realidad sobre la última gerente del SAS, sino sobre su inmediato antecesor, Diego Vargas, también imputado en la causa. Vargas presentó en el juzgado hace dos semanas un recurso de reforma contra la instrucción del magistrado que dictaba su imputación y reclamaba al Gobierno andaluz, a la Cámara de Cuentas, al Tribunal de Cuentas y a la Intervención General de la Junta y del SAS una montaña de documentación para investigar los contratos de emergencia.
El recurso de Vargas, al que ha tenido acceso elDiario.es Andalucía, solicitaba que se dejase sin efecto la reclamación del juez del informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía sobre la fiscalización de los contratos de emergencia de la Junta de 2020, una vez que la Fiscalía de dicho órgano -recientemente- informó de la “inexistencia de responsabilidad contable” en dichos contratos.
Ese informe de la Fiscalía de la Cámara de Cuentas también fue esgrimido por el Gobierno de Moreno para restar importancia a la causa judicial contra el SAS. Es cierto que la Cámara de Cuentas no concluye que el SAS cometiese irregularidades contables ni detecta indicios delictivos, pero en el anexo final a la supervisión de los contratos de 2020, también se aporta un adelanto de la contratación de emergencia de 2021, advirtiendo problemas que luego fueron reafirmados por la Intervención del SAS en sucesivos informes. Y ahí es donde toma impulso la denuncia del PSOE en los juzgados.
Tanto el juez como la Fiscalía Anticorrupción desestiman el recurso de reforma de Diego Vargas y aprovechan para exponer los razonamientos jurídicos que justifican la apertura de la investigación hasta 2024, implicando de lleno a la actual gerente del SAS.
“Adendas que no son adendas”
Todas esas adendas firmadas por Valle García emanaban del mismo Expediente de emergencia, autorizado por el exgerente del SAS, Miguel Ángel Guzmán [también imputado] en enero de 2021. Guzmán pasó de gerente a viceconsejero de Salud tras las elecciones andaluzas de 2022, pero cesó medio año depués y, tres meses después de su cese, fichó por Asisa, una de las empresas privadas que se había beneficiado de los contratos de emergencia suscritos por él, por un importe total de 44 millones de euros.
Aunque hay más ramificaciones, la investigación judicial gira sobre todo en torno a ese Expediente de Emergencia. Un gasto inicial de 70 millones para contratos a dedo con clínicas privadas, que los dos anteriores gerentes del SAS prorrogaron hasta mayo de 2023, cuadruplicando el presupuesto inicial hasta los 243 millones de euros.
El PSOE localizó en el Perfil del Contratante de la Junta de Andalucía nueve adendas a aquel expediente firmadas por Valle García entre enero y julio de 2024, y se las remitió al juez en una ampliación de su querella. 24 horas después, el magistrado imputó a los tres últimos gerentes del SAS.
El señalamiento de García, que ocupa el cargo en la actualidad, supuso un shock para el Ejecutivo de Moreno, que se apresuró a levantar un cortafuegos en torno a ella, asegurando que los contratos bajo sospecha se habían candelado meses atrás, en mayo de 2023. “Es una querella política contra una funcionaria de reconocido prestigio. Es un ataque a un funcionario. La gerente del SAS es una médico de reconocido prestigio, la primera mujer gerente del SAS, con mucho esfuerzo, mucho mérito, que desde 2017 había sido gerente del hospital Reina Sofía de Córdoba. No entendemos la denuncia que ha hecho el PSOE con tanta falta de rigor, porque en 2024 ya no había contratos de emergencia”, aseguró tras su imputación la portavoz de la Junta y consejera de Hacienda, Carolina España, en su comparecencia tras el Consejo de Gobierno.
España hizo una interpretación propia de las polémicas adendas que modifican en 2024 el presupuesto asignado a dedo a una decena de hospitales privados, a partir del Expediente de Emergencia de 2021 que investiga el juez. La consejera de Hacienda defiende que “no deberían llamarse adendas”. “Adenda no es el nombre más adecuado, no es una adenda en sí, es una mal llamada adenda. Es un documento para poder pagar los servicios prestados durante los contratos de emergencia, terminaron en mayo de 2023, un par de meses antes de que se diera por finalizada la emergencia sanitaria, es simplemente un documento para que informativamente se pueda realizar el pago conforme a los servicios ya realizados”, explicó.
Los documentos que obran en manos del juez, firmados por la actual gerente del SAS, son adendas con “modificaciones” al alza del presupuesto ya asignado a hospitales privados. Todas las adendas reproducen la misma cláusula del contrato a dedo con cada empresa que hacen difícil entender por qué la Junta corrigió en julio de 2024 la facturación de un contrato que, en teoría, se había ejecutado antes de mayo de 2023.
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