Doñana

PP y Vox dan el primer paso para legalizar regadíos en Doñana contra el criterio de los expertos, la UE y el Gobierno

El Parlamento de Andalucía, con la mayoría aplastante de PP y Vox y el rechazo de los partidos de izquierdas, ha aprobado este miércoles iniciar la tramitación por la vía de urgencia de una ley que permitirá ampliar la superficie regable en la Corona Norte del Parque Nacional de Doñana (Huelva). Una superficie imprecisa, porque el texto legal no lo cuantifica ni el PP ha querido aclararlo, aunque el Gobierno de Juan Manuel Moreno ya reveló la cifra exacta de hectáreas que pensaba regularizar en una carta remitida a la Comisión Europea en febrero de 2022: 748,62 hectáreas.

La mayoría de esas parcelas que van a beneficiarse de la recalificación como suelos regables llevan años siendo cultivadas por sus propietarios con agua esquilmada del sobreexplotado acuífero de Doñana, la laguna de 1.500 kilómetros cuadrados de la reserva natural. La proposición de ley de PP y Vox es la segunda que llega al Parlamento andaluz en menos de un año, la primera decayó con el adelanto electoral de junio de 2022, y también fue objeto de duras amenazas de la Comisión Europea por la “desprotección medioambiental” que representaba para el Parque Nacional.

Esta segunda ley nace de la carrera entre PP y Vox por devolver la iniciativa a la Cámara. La ultraderecha registró primero la misma proposición y, antes de que ésta llegara al Pleno, los populares lanzaron su alternativa: un texto muy similar en el fondo, pero incorporando propuestas del Gobierno y del PSOE y con modificaciones para “blindar la protección de Doñana”.

La nueva redacción incide en que el agua que en el futuro podrán reclamar los agricultores de las parcelas recalificadas para el regadío deberá provenir “preferentemente” de la superficie, nunca del acuífero del Parque Nacional. Pero el contexto actual es el de una crisis de sequía sin precedentes, las infraestructuras necesarias para embalsar y trasvasar ese agua en superficie, hoy por hoy, no existen, y la ley deja la puerta abierta a recurrir al acuífero de Doñana sin mencionarlo. “Estos terrenos podrán obtener derechos de aguas, que procederán de aguas superficiales, salvo que la Administración hidráulica de la Demarcación Hidrográfica donde se encuentren estos terrenos establezca un origen de recursos diferente”, reza el artículo 23.3 de la proposición.

Lluvia de advertencias

El PP defiende el matiz de las “aguas superficiales” con uñas y dientes para desmentir todas las acusaciones que ha encajado el Gobierno de Moreno por avalar una iniciativa que pone en peligro la protección ambiental en Doñana. Y son muchas acusaciones, de diversa índole, y de distintos ángulos: la proposición de ley llega a la Cámara con un informe contrario de sus servicios jurídicos, con el rechazo frontal de la comunidad científica, el CSIC, el director del Consejo de Participación de Doñana, las asociaciones ecologistas, el Gobierno central y la Comisión Europea.

La propuesta ha superado un debate bronco entre derechas e izquierdas, con el presidente andaluz protegido en un papel secundario, casi de espectador (aunque Moreno no estuvo presente en el salón de Plenos hasta el momento de la votación). La ley no lleva la firma del Ejecutivo andaluz por ninguna parte, el Consejo de Gobierno ha eludido fijar su posición en un informe preceptivo sobre la proposición; la iniciativa parte del PP y de Vox, y la aprobación recaerá en la Cámara legislativa, que incluye a todas las formaciones políticas aunque la izquierda vote en contra. Un matiz clave, dado que partidos e instituciones amagan ya con llevar la ley a los tribunales y acusar a sus responsables de prevaricación.

El debate ha sido más acalorado de lo normal, tratándose del primer paso de una tramitación larga que seguirá su curso. Algunos de los agricultores afectados, confiados en que esta ley les abrirá el grifo para regar de forma legal, acompañaron el debate desde la tribuna y cerraron la votación con un sonoro aplauso.

Ahora el texto será debatido en la comisión de Fomento, no de Medio Ambiente, porque los populares insisten en que es un asunto de “reordenación del territorio”, aunque el efecto práctico sea ampliar la superficie regable en una zona sin agua. “No me cansaré de decir que esta proposición nada tiene que ver con el agua ni con Doñana, se trata de una clasificación de terrenos”, advirtió el diputado y presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González.

El Parlamento volverá a hacer comparecer a todos los actores implicados: agricultores, regantes, los alcaldes de los cinco municipios onubenses afectados, científicos, ecologistas, sindicatos, patronal y todas las instituciones vinculadas con el Parque Nacional, entre ellas, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, dependiente del Gobierno central, que es en quien recae la responsabilidad de autorizar o vetar los nuevos permisos de riego a los agricultores que adquieran ese derecho. Sus responsables ya han adelantado que no habrá nuevos permisos porque “no hay agua suficiente ni para todas las hectáreas legales”, y acusan a la Junta de “generar falsas expectativas en los agricultores”.

El Ministerio de Transición Ecológica ya ha informado a la Comisión Europea de que interpondrá un recurso ante el Tribunal Constitucional para cortocircuitar esta ley en cuanto el Parlamento andaluz la apruebe, previsiblemente después de las elecciones municipales del 28 de mayo. Fue la respuesta inmediata a la carta que Bruselas envió a España hace unas semanas, amenazando con sanciones millonarias si el texto se aprueba. “De prosperar la tramitación de esta propuesta en los términos que han sido anunciados, se estaría produciendo una violación flagrante de lo dispuesto en la sentencia del Tribunal de Justicia”, decía la misiva.

Ni las amenazas de Bruselas ni las advertencias de Moncloa ni el informe de los letrados del Parlamento, que afean a la Junta el que se haya parapetado en el órgano legislativo para impulsar modificaciones a un reglamento de regadíos que podía ejecutar directamente desde el Consejo de Gobierno; ni la crítica profunda de Miguel Delibes, director del Consejo de Participación de Doñana, que ya ha adelantado que su presencia “sobra” si la norma sale adelante; ni el recurso de inconstitucionalidad que esgrime el Ministerio; ni la denuncia de IU ante Bruselas...

El PP andaluz no ha vacilado ante el enorme ruido político que ha desatado su propuesta. “No tenemos dudas porque estamos convencidos de que es lo mejor para Huelva y porque la idea de que esta ley desprotege a Doñana es un bulo”, ha subrayado este miércoles su portavoz parlamentario, Toni Martín. En el Consejo de Participación también hay entidades que apoyan la iniciativa, como los sindicatos UPA y UGT, la asociación Asaja, la Confederación de Empresarios de Andalucía, la Comunidad de Regantes de Huelva, el alcalde de Lucena y algunos concejales y dirigentes socialistas de las zonas afectadas.

Doñana es Patrimonio de la Humanidad desde 1994. El debate de este miércoles, aun siendo un trámite rutinario, ha acaparado un inusual interés nacional e internacional. Del futuro de esta iniciativa no sólo depende la economía de la provincia de Huelva, que se sustenta en la reputación del cultivo y exportación de la fresa; también están en juego fondos europeos, una sanción del Tribunal de la UE pendiente de ejecutar por no cumplir el Plan de la Fresa –que regula qué parcelas pueden regar– y el propio sello de protección de la Unesco.

¿Beneficio electoral?

¿Cuál es el beneficio político para PP y Vox, si lo hay, de mantenerse firme en la defensa de esta ley contra viento y marea? La oposición de izquierdas les acusa de sacudir el avispero con fines electorales, en vísperas de las elecciones municipales del 28 de mayo, donde las dos fuerzas conservadoras pelean por los votos en los cinco municipios onubenses afectados por esta ley: Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado, todos ubicados en la corona norte del Parque Nacional. 

Huelva es una provincia tradicionalmente socialista, con 80 municipios, el 75% en manos del PSOE. Lucena del Puerto, con un alcalde a favor de la ley, es el ayuntamiento más al alcance de la ultraderecha en los próximos comicios. Pero ni siquiera la suma de votos de estos cinco municipios tienen un peso clave en el partido judicial para decidir el color político de la Diputación Provincial de Huelva, de ahí que el hipotético beneficio electoral de esta iniciativa sea muy limitado.

El diputado de Vox, Rafael Segovia, y el del PP, Manuel Andrés González, han coincidido en la defensa de su proposición conjunta al focalizar el debate en torno al Gobierno de Pedro Sánchez. La oposición les ha acusado reiteradamente de “negacionismo climático”, y las derechas han negado una y otra vez que la ley trate del agua, trate de Doñana o hable del acuífero. “Habrá agua cuando haya agua en superficie”, ha bramado González.

Esta condición delega en el Ejecutivo central la responsabilidad de culminar infraestructuras hidráulicas pendientes desde hace años: un trasvase de la demarcación hidrográfica de los ríos Tinto, Odiel y Piedras a la del Guadalquivir; la construcción de un embalse y de un túnel que ni siquiera están empezados.

Esas obras de trasvase de agua, desaladoras, etc –entre ellas la presa de Alcolea y el túnel de San Silvestre– no están empezadas, ni siquiera el trámite administrativo de licitación. En el caso de la presa de Alcolea, además, un informe de Medio Ambiente determinó que el agua está contaminada y no puede usarse, por tanto, para el riego de cultivos.

El ambiente se ha enrarecido desde el minuto uno. La diputada del grupo mixto Adelante Andalucía, Maribel Mora, ha tildado la proposición de “ley fake” y de “vergüenza parlamentaria”. En mitad de su discurso, bajó de la tribuna con un jarrón de arena y lo arrojó sobre el escaño vacío del presidente andaluz para expresar su rechazo a la medida. “Doñana se va a quedar como un desierto, como este escaño”, dijo. El presidente de la Cámara, el popular Jesús Aguirre, entró en cólera y la llamó al orden. “¡Un poquito de por favor, señoría! ¡Si quiere llamar la atención, cómprese un mono!”.

La presidenta de la coalición Por Andalucía, Inmaculada Nieto, ha leído extractos de la ley donde se menciona el agua y la condición para obtener los permisos de regadío. “20 sociedades científicas han advertido en contra, el Consejo de Participación de Doñana les ha dicho que no lo hagan, están prometiendo a los agricultores un agua que no existe y que no les van a dar, y todo por un puñado de votos. Esto es negacionismo científico”, dijo.

La intervención del PSOE–A corrió a cargo del veterano diputado onubense Mario Jiménez. También lo hizo en el mismo debate parlamentario con la primera proposición de ley de regadíos en Doñana, hace un año, aunque entonces los socialistas se abstuvieron ante la toma en consideración, desatando el cabreo mayúsculo del Ministerio de Transición Ecológica y de la dirección federal del partido. El partido que dirige Juan Espadas reconoce que “existe un problema” para un puñado de agricultores, pero ya no defiende buscar una solución a través de una ley, sino mediante un diálogo bilateral entre la Junta y el Gobierno.

La propuesta que hoy inicia su trámite parlamentario aborda la reordenación de la corona norte del Parque Nacional de Doñana para regularizar suelos que fueron de cultivo hace años, pero dejaron de serlo como consecuencia del diseño territorial que hizo el entonces Ejecutivo socialista de Andalucía en 2014: una foto aérea sobre la zona, hecha diez años antes, sirvió para determinar quiénes tenían derechos de agua y quiénes no.

El PSOE reconoce que hubo un “desfase” y dejó fuera a algunos agricultores que, desde entonces, siguieron regando sus cultivos esquilmando agua ilegal de Doñana. El PP ha llegado a hablar de 600 propietarios y de 10.000 trabajadores afectados. La ley también contempla la creación de una comisión técnica para revisar cada caso uno a uno, algo que los socialistas apoyan, pero sin necesidad de plasmarlo en una ley.

Este jueves habrá un segundo turno del debate con la presentación de una proposición no de ley del PSOE que propone una comisión bilateral Junta–Gobierno para abordar los problemas de Doñana y los agricultores. Los populares han presentado una enmienda a esa iniciativa, que también defienden, pero dejando claro que es el Ejecutivo de Sánchez quien les ha cerrado la puerta en las narices al debate sobre la situación enquistada de los agricultores próximos a la reserva natural.

Los de Moreno han afeado a las izquierdas sus críticas voraces a la ley sin plantear una propuesta alternativa. El PSOE sí ha sugerido la opción de expropiar las tierras afectadas –las que acrediten que antaño tuvieron permiso de riego– e indemnizarles económicamente o con una permuta de parcelas públicas en otras zonas de Huelva. El Ministerio de Transición Ecológica presentó un Plan de Choque para preservar el hábitat de Doñana que incluye una partida de 100 millones de euros para pagar posibles expropiaciones de tierra a los dueños, algo que ya se ha hecho en el pasado en esta misma zona. La aprobación de esta ley convertirá suelos rústicos en suelos regables, algo que podría incrementar su precio en caso de venta o expropiación.