María del Rocío Huelva, una de las personas afectadas directamente por la decisión del Tribunal Constitucional de suspender de manera cautelar durante cinco meses el decreto del Gobierno andaluz antidesahucios, pide “al menos” una medida de gracia. Esta vecina de Almonte (Huelva) sufre en sus carnes el recurso presentado por el Gobierno central contra el decreto que ha prosperado. Habita, de momento, en una de las 12 viviendas con expedientes de expropiación tramitados por el Gobierno autonómico en toda la Comunidad.
“Necesitamos una solución general, desde luego, pero pido que no se paren por lo menos los procesos abiertos porque no pueden jugar con nosotros de esta forma”, se queja María del Rocío Huelva, quien vive en una casa con su marido, su hija y su nieta de tres años con los únicos ingresos regulares del padre de familia, por debajo de la cuota de su hipoteca, unos 700 euros mensuales. La pareja de María del Rocío renunció a la mitad de la ayuda social (426 euros) para acceder a un trabajo de media jornada que le proporciona 325 euros. En total, ni 550 euros. “Somos muchas las familias con necesidades, eso está claro, pero este tipo de decisiones de los políticos es un problema que se añade para nosotros por la incertidumbre y la desesperación, y se debería tener en cuenta”, agrega.
En esta situación económica y tras impagos reiterados, el banco inició los trámites de desahucio con fecha de 9 de agosto de 2012, pero la Junta lo frenó en junio con el decreto. Fue un oasis en un caminar desértico por todas las administraciones. “Hace casi un año que tenemos los enseres recogidos. Cuando gracias al trabajo de la Plataforma del 15M de Sevilla, que nos informó de todo, la Junta expropió la casa al banco temporalmente y nos dio tres años de margen con alquiler social, vimos la luz después de mucho trabajo y comenzamos a acondicionar de nuevo las habitaciones. Esto es un nuevo golpe”, asegura María del Rocío Huelva, que “nunca” se decidió a sacar todas las pertenencias de las bolsas porque “esto podía pasar”.
“Soy la primera que quiere pagar la hipoteca, pero nos lo han puesto muy difícil y hacemos todo lo que podemos. Llevamos toda la vida trabajando. Mi marido lo hace incluso con problemas físicos”, expone la María del Rocío Huelva, a la que le cuesta morderse la lengua al referirse a los dirigentes políticos. Sobre ellos, sin especificar, opina: “Nunca hemos robado nada y nadie puede sacarnos comportamientos malos en mi familia. No sé si los que tiran la pelota de un sitio a otro pueden decir lo mismo”.
El decreto ley sigue su curso hacia la categoría de Ley en el Parlamento andaluz, donde fue aprobado sin votos en contra. Y la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía estudia la providencia del Tribunal Constitucional tras el recurso del Gobierno en aras de la constitucionalidad. “La esperanza nunca se pierde, pero estos palos duelen mucho cuando varios de los tuyos dependen de tu casa”, concluye María del Rocío Huelva.
Las familias que estaban beneficiadas por el decreto
El de María del Carmen en Huelva capital fue el primer caso de beneficio de este decreto, a finales de mayo, cuando se inició el proceso para conseguir la expropiación temporal del uso de su vivienda y evitar así el desahucio. Se habían comprobado también en este caso que la residente cumplía los requisitos y corría serio riesgo de quedar excluida de la sociedad, al disponer sólo de una renta menor.
A mediados de junio, otras dos viviendas, una en Motril y otra en Charches-Valle del Zalabí, ambas en la provincia de Granada, se sumaron a la lista de acogida al decreto andaluz. En ambos casos, las dos inquilinas – Ana y Margarita, respectivamente- habían dirigido su solicitud a la Consejería de Fomento y Vivienda ante el embargo de sus viviendas, obteniendo respuesta afirmativa para iniciar el proceso en sus casas.
Familias más beneficiadas recientemente lo fueron el 24 de junio en Málaga, cuando el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publicó el inicio de la expropiación temporal de dos viviendas, de Ana María y Said, una vez que se había comprobado que ambos cumplían los requisitos contemplados en la norma y corrían serio riesgo de exclusión social si finalmente eran desahuciados de sus casas. Estas viviendas se unen a otras dos de Málaga sobre las que tambiénse había iniciado expediente de expropiacón.
Tras la referida familia de Almonte, otra familia que estaba pendiente del recurso ante el alto tribunal vive en la localidad gaditana de San Roque. Sergio tuvo noticia de la aplicación del decreto antidesahucios en su caso el 21 de junio. Y ahora, transcurrida sólo una semana desde entonces, la decisión del Gobierno central les devuelve la incertidumbre.
La décima expropiación llegaba a Sevilla, la primera en esta provincia. La vivienda de Sevilla capital se encuentra situada en la calle Avenida de la Ciencia, siendo de propiedad de la entidad financiera Banco de Sabadell, según consta en el anuncio del BOJA.
El BOJA publicaba ayer mismo los anuncios que daban inicio a los expedientes de expropiación temporal de uso de otros dos inmuebles en la provincia de Málaga, concretamente en la avenida de La Palmilla y en la calle Galera de la capital. Los beneficiarios eran una mujer separada con dos hijas menores de tres años a su cargo y sin ningún tipo de ingreso, cuya vivienda se sitúa en el distrito de Palma-Palmilla, y un matrimonio con dos niños menores, que viven en el barrio de Parque Victoria Eugenia.