Vox retira su enmienda a la totalidad y firma su tercer presupuesto con el Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos

Andalucía tiene la alianza más sólida e inquebrantable de todas las comunidades donde gobiernan PP y Ciudadanos, sustentados en el apoyo de Vox. El Ejecutivo de Juan Manuel Moreno Bonilla acaba de firmar un preacuerdo con sus aliados de ultraderecha para que estos retiren la enmienda a la totalidad de los Presupuestos Autonómicos de 2021, que se debatía esta tarde en el Parlamento.

Es el mismo esquema que hace un año. Las cuentas andaluzas salen adelante sin mayor problema, pero simbólicamente se aprueban en dos tiempos: primero es Vox quien amortiza su papel de socio prioritario e indispensable, lanzando una enmienda a la totalidad para tumbar los números del Gobierno andaluz, lo cual obliga a éste a sentarse a negociar con una pistola en la mesa. En la madrugada del martes al miércoles culminó ese diálogo entre los dirigentes andaluces de Vox y el consejero de Hacienda, Juan Bravo, que dio como resultado un nuevo acuerdo político -y van tres- con 65 exigencias que ahora tendrán que encajar en el diseño presupuestario que había presentado la Junta.

El acuerdo lo publicita esta mañana el propio Vox en sus redes sociales, un partido capaz de rentabilizar como nunca el peso de una fuerza con 12 diputados, y acto seguido retira la enmienda a la totalidad, allanando la legislatura de Moreno Bonilla hasta el final del mandato. Éstas no eran unas cuentas cualquiera, venían marcadas por el estigma del coronavirus, y por tanto han obligado a aparcar muchas de las promesas electorales de PP y Cs (como la bajada masiva de impuestos) para focalizar el aumento del gasto público en la sanidad, la educación y las políticas sociales.

Un Presupuesto que por primera vez en ocho años de austeridad y políticas de consolidación fiscal tiene vía libre para agotar un déficit de 2,2% del PIB -el techo recomendado por el Gobierno central y autorizado por Bruselas-, endeudarse para superar el estancamiento de la economía que ha provocado la pandemia, y evitar que la tasa de paro alcance al 30% de la población activa, como vaticinan algunas previsiones. Más de 40.000 millones de euros, una cifra récord que Bravo ha manejado con la cautela de un riguroso defensor de la senda de estabilidad, con una “hucha” de casi 500 millones sin asignar para posibles contingencias que provoque la crisis sanitaria.

Sin embargo, Vox no ha encabezado su lista de exigencias por nada que tenga que ver con las políticas frente al coronavirus, sino por Canal Sur, primer punto destacado en su anuncio del acuerdo a través de Twitter. El partido de Santiago Abascal no ha conseguido convencer a PP y Cs de que cambien el nombre a Canal Sur para simbolizar el “cambio de rumbo” de la televisión pública andaluza bajo el nuevo Gobierno de derechas, pero sí ha conseguido menguar su peso significativamente: la eliminación de uno de los tres canales de la televisión autonómica -el canal ATV, con 1,5 millones de presupuesto y una audiencia de 0,4%-, se congela la partida de gasto, la reducción de 14 millones de euros en el presupuesto del ente público; que no se cubran los puestos del personal que se jubile (en una plantilla con una media de edad de 55 años) y la liquidación de la Fundación Audiovisual de Andalucía.

Se trata de un golpe financiero duro a las ya de por sí menguada financiación de la RTVA, que depende exclusivamente de las inyecciones de capital del Ejecutivo autonómico. Hace apenas dos meses, la Consejería de Hacienda aprobó una modificación presupuestaria para inyectar 11 millones de euros del fondo de emergencia contra la Covid-19 para “asegurar la viabilidad de Canal Sur”, un dinero que ahora se le volverá a detraer. La batería de medidas que buscan asfixiar financieramente a la RTVA no es una novedad del debate político, habida cuenta de que el objetivo final de Vox es la supresión definitiva de Canal Sur (a pesar de que el ente público está blindado en el Estatuto de Autonomía).

El acuerdo recupera los “incumplimientos” de otros compromisos suscritos entre la Junta y Vox, y añade una serie de peticiones más propias de la micropolítica que de las grandes cifras presupuestaria. Eso sí, entran reclamaciones que forman parte del cuerpo ideológico de la ultraderecha: rechazo a las políticas de igualdad de género, beligerancia con la inmigración irregular, ligándola a la delincuencia, y en especial a los menores extranjeros no acompañados; defensa del toro, la caza y el folklore, etc... Vox ha avanzado la lista de los puntos acordados con el Gobierno andaluz, antes de que éste haga público el documento en sí.

Fuentes del Ejecutivo autonómico advierten de que los términos en los que se expresa su aliado no aparecen tal cual en el acuerdo, por ejemplo, la frase “auditar los inútiles informes de impacto de género que se incorporan a cualquier proyecto y constituyen un gasto político ineficiente” o el “incremento de seguridad en los centros de menas” (“queremos barrios seguros”). Entre los puntos destacados por los de Abascal también destaca la “mejora de los conciertos educativos en Bachillerato y FP” (una política que ya ha iniciado a voluntad propia el propio Gobierno andaluz).

El presidente Moreno ha participado personalmente en la negociación con el portavoz parlamentario de Vox, Alejandro Hernández, consciente de la importancia de cerrar unas cuentas que apuntalan la estabilidad de su Gobierno hasta las elecciones de 2022. El pacto incluso anticipa compromisos para las cuentas del próximo año, que tendrían que aprobarse el mismo mes previsto para los comicios. El acuerdo lo firman el vicepresidente de la Junta y líder regional de Cs, Juan Marín, y el consejero Bravo. Se consolida así la alianza de las tres derechas y queda orillada la mera posibilidad de que los grupos de izquierdas, PSOE y Adelante Andalucía, pactaran las cuentas del coronavirus con este Ejecutivo.