Izquierda Unida y Zaragoza en Común han presentado una serie de medidas con el fin de “influir” sobre las políticas de vivienda del Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza siendo éstas recogidas en la futura Ley de Vivienda y en las condiciones que se aplican en las cesiones de superficie de las promociones de alquiler asequible. Ambas formaciones han pedido al Gobierno de Aragón, en una rueda de prensa convocada en las Cortes, que recoja en la futura Ley de Vivienda la protección permanente de las viviendas de Vivienda de Protección Oficial (VPO) y que se dote presupuestariamente una partida para hacer efectivo el derecho al tanteo y retracto de las VPO que se enajenen.
La formación municipalista ha anunciado que presentará en el próximo pleno del Ayuntamiento este jueves, 27 de febrero, una moción donde se recogerán estas solicitudes. En cuanto al parlamento aragonés, este jueves se debate en sesión plenaria el proyecto de Ley de Vivienda del Gobierno de Azcón que, según el portavoz de Izquierda Unida, Álvaro Sanz, “es una norma contraria a la ley estatal y redactada para favorecer los intereses del mercado y promotores, no para impulsar y regular el derecho a techo recogido en la Constitución”.
Las VPO han sido una herramienta clave para garantizar este acceso a la vivienda. La exigencia de mantener los precios regulados en el periodo que dura la protección de la vivienda tanto en la venta como en el alquiler de la misma garantiza que las personas con ingresos bajos o medios puedan acceder a una vivienda digna sin quedar excluidas del mercado y evita que promotores o inversores adquieran estas viviendas con el único fin de revenderlas a precios elevados, asegurando que sigan cumpliendo su función social, lo que ayuda al control de la subida de los precios de la vivienda.
En Aragón y Zaragoza
Aragón cuenta con 29.492 viviendas de protección oficial, datos relativos al 31 de diciembre de 2024. Sin embargo, el año pasado se descatalogaron 3.316 VPO que ya están en el mercado como libres. De ellas, 1.640 están en territorio zaragozano, un 70% del total. La cifra de descatalogación en los últimos años duplica la de construcción, con ello el parque de VPO disminuye notablemente y sus efectos beneficiosos en garantizar el derecho a la vivienda y evitar la especulación y la subida de precios también disminuyen.
Según denuncian ambas formaciones, “a pesar de esta situación, el presidente Azcón en su proyecto de Ley de Vivienda lejos de plantear la ampliación del plazo de descatalogación de estas viviendas pretende reducirlo: a 20 años las VPO de promoción pública y hasta a 10 en las de promoción privada, desmantelando el parque público de VPO de la Comunidad”. Por ello, desde Izquierda Unida y ZeC se insta a los grupos parlamentarios para que establezcan una vigencia permanente de la calificación como Vivienda Protegida para las Viviendas que se construyan con la protección pública.
“Tampoco el convenio firmado con el Ayuntamiento de Zaragoza para la construcción de vivienda asequible garantiza los precios de vivienda asequibles durante los años de cesión de superficie de manera gratuita de los suelos dotacionales, que se extienden a 75 años, mientras que el Gobierno de Aragón, tan solo garantiza ayudas a los jóvenes durante un máximo de 15 años por persona y 30 años por vivienda”, ha señalado el concejal de Zaragoza en Común, Suso Domíguez.
Desde las formaciones también han mostrado su preocupación porque la gestión del acceso y los alquileres a las viviendas de alquiler asequible con este modelo se deja en manos de las entidades privadas, por el momento de Brial, que es quien ha obtenido hasta la fecha todas las licitaciones.
“Además, a pesar de la grave emergencia habitacional que estamos viviendo, con una escalada de precios en los alquileres que imposibilitan el acceso a la vivienda a nuestros jóvenes y familias con ingresos más humildes, ni el Gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza ni el Gobierno de Aragón está ejerciendo el derecho de tanteo y retracto sobre las viviendas de protección oficial, en aplicación de la Ley de Medidas Urgentes de Política de Vivienda Protegida”, ha recordado el portavoz parlamentario de Izquierda Unida Aragón, Álvaro Sanz.
Desde el 2019, “ha habido más de 160 viviendas solo en Zaragoza en las que el Ayuntamiento podría haber ejercido el derecho al tanteo y adquirir al precio de VPO viviendas en los distintos barrios de la ciudad para alquiler público”, exponen. “Estamos hablando que el precio medio de estas viviendas ronda los 150.000 euros y con cuatro millones de inversión anuales se aumentaría en 160 viviendas el parque de vivienda público”, ha apuntado Domínguez para quien “no es comprensible” que el Gobierno de Aragón esté haciendo una campaña de compra de vivienda y no ejerza el derecho al tanteo, adquiriendo unas viviendas relativamente nuevas y que su dispersión en los distintos barrios, “lejos de ser un impedimento”, es una “oportunidad de crear vivienda pública de alquiler” en casi todos los barrios de la ciudad.