Cristina Sola: “Mientras estamos logrando aplanar la curva sanitaria por COVID-19, la curva social acaba de despegar”

Cristina Sola (Navarra, 1969) es la presidenta del Colegio de Trabajo Social de Aragón. El colectivo al que representa, habituado a lidiar con situaciones complejas, dice haber vivido la crisis sanitaria derivada de la pandemia por COVID-19 con impotencia por la falta de instrucciones claras y miedo a que las administraciones caigan en el mero asistencialismo.

Pese a las dificultades, los trabajadores sociales reivindican su papel profesional como servicio esencial y alertan de que la crisis social sólo acaba de comenzar. Ven esta situación como una oportunidad para replantear y redefinir la intervención social, que, según defienden, necesita del apoyo de una renta social básica universal y de un modelo que obligue a salir de los despachos y refuerce lo comunitario.

¿Cómo recibieron los trabajadores sociales la declaración del estado de alarma?

Unos días antes ya percibíamos que las cosas iban a cambiar. Ya éramos conscientes de las dificultades que se nos venían encima. Estábamos a la expectativa de instrucciones políticas o técnicas claras, que en muchos casos tardaron en llegar. Cada administración ha funcionado de forma distinta.

Tres días después de que toda la población fuera confinada, se decretó a los servicios sociales como servicios esenciales.

Así es. Al inicio, el planteamiento que se hizo fue de servicios mínimos. Lo que nos provocó cierto conflicto. Por una parte, las necesidades estaban ahí y por otra las puertas de acceso a la ciudadanía estaban cerradas. A los pocos días esto cambió, pero según la encuesta que hemos hecho a nuestros colegiados, hasta la tercera semana no se consideraron como tal, por lo que concluimos que existió un desfase en verse y posiblemente actuar como tal desde el principio.

Hace unos días ustedes criticaban la gestión de los servicios sociales durante esta crisis sanitaria por parte del Ayuntamiento de Zaragoza ¿qué ha sucedido en la capital aragonesa?

El Ayuntamiento de Zaragoza nos consideró servicios mínimos en lugar de esenciales.

Sin embargo, dan cifras de atenciones muy elevadas.

Nos sorprende la visión positiva que han dado de los número de atenciones. Dicen que hay 11.000 llamadas cada semana a la línea 900 que pusieron en marcha tras cerrar la mayoría de los centros municipales de servicios sociales, por lo que hay unas 88.000 llamadas en total desde que se activó, de las cuales se ha intervenido en 10.000 casos. Esta cifra tiene una doble lectura: que cada persona atendida ha tenido que llamar una media de ocho veces hasta obtener ayuda o que hay 78.000 personas que no han sido atendidas. Otro aspecto negativo es que exclusivamente se han atendido ayudas para alimentación, olvidando necesidades para enseres básicos, electrodomésticos -como pueden ser lavadoras-, pagos de alquiler -para quienes no tienen contrato o viven en habitaciones- o facturas de suministros de la luz o el gas. Se ha dado menos cobertura durante el estado de alarma que un periodo normalizado. Creemos que esto es dar una atención meramente asistencialista y parcial, no garantizando cobertura de otras necesidades igual de básicas que la alimentación y que crean angustia y sufrimiento. Creemos que lo publico debe orientarse con enfoque de derechos y no basarse en atención benéfica y caritativa.

¿Cuál es su opinión sobre el funcionamiento de esta línea 900?

Para empezar, esta forma de atención no se atiene a la ley de servicios sociales. Estamos totalmente en contra de esta medida. Lo que se ha hecho es, mediante adjudicación directa, dar a una empresa privada la capacidad de decidir a quién se le concede una ayuda y a quién no, mientras que 200 funcionarios municipales, que conocen las historias de vida de la mayoría de las personas que solicitaron ayuda, estaban en sus casas sin poder trabajar o concentrados en tres centros ofreciendo ayudas de alimentación sin poder profundizar o atender otras necesidades. Desperdiciando el saber profesional de la plantilla municipal

Si hay un sector que ha sufrido especialmente con la pandemia ha sido el de las residencias de ancianos. ¿Cuál ha sido el papel del trabajo social en ellas?

Hemos podido comprobar que en las residencias donde existe la figura del trabajador social se ha atendido mejor el sufrimiento y la información de las familias y de los propios usuarios. En las residencias privadas, donde no existe esta figura, ha habido muchos más problemas para atender emocionalmente. Las situaciones más duras se han dado en las grandes residencias donde el trato es menos personalizado. Quiero destacar que desde el Colegio defendemos que el modelo de cuidados de las personas mayores debe trabajarse en su entorno. Durante esta crisis, ha habido que medicalizar residencias, pero no queremos que esto haya llegado para quedarse. Hay que humanizar los espacios y que las personas mayores puedan vivir donde desean.

Parece que una vez hayamos superado la crisis sanitaria, nos enfrentaremos a una crisis económica sin precedentes en la historia contemporánea. ¿Qué papel puede jugar aquí el trabajo social?

Es importante hacer ver a la gente que mientras estamos logrando aplanar la curva sanitaria, la curva social acaba de despegar, las necesidades están creciendo de forma exponencial cada día. Y no sólo entre quienes ya estaban en situación de vulnerabilidad, quienes estaban en riesgo hace un mes, hoy ya están en situación de exclusión social. Además, están apareciendo nuevos perfiles y familias. La única vía que vemos para salir de esta crisis una renta básica social universal, un sistema real de garantía de ingresos. Si no es ahora, ¿cuándo? ¿qué más tiene que pasar en este país para que se rescate a las personas? El ingreso mínimo vital que parece se va a aprobar es sólo el primer peldaño de la escalera, ya que va a estar vinculado a situaciones de pobreza y va a dejar fuera a muchas personas. Hay que ir más lejos.

Y ustedes, cómo profesionales, ¿cómo pueden contribuir a mermar los daños de esta crisis económica y social?

Tenemos que tener claro que nuestro lugar está al lado de las personas y tenemos que pensar en sus necesidades. Para ello tenemos que salir más del despacho y trabajar desde el desarrollo comunitario, conociendo los territorios y los barrios. Dejar de ser certificadores de pobreza. Tener claro que nuestra función es apoyar y empoderar para que todo el mundo pueda vivir con dignidad.