Gobierno y científicos reclaman a la Junta que el Consejo de Doñana analice el impacto de la mina de Aznalcóllar

¿Debe el Consejo de Participación de Doñana analizar el posible impacto en el parque de los futuros vertidos de la mina de Aznalcóllar? Según la Junta de Andalucía –de la que depende este órgano consultivo– no es necesario y por eso no lo sometió a votación en su reunión del pasado lunes, una postura que no comparten ni el Gobierno central ni la Estación Biológica de Doñana, el órgano científico que monitoriza el paraje. Y no sólo creen que tiene que estudiarse, por mucho que el Ejecutivo andaluz le haya concedido ya autorización ambiental, sino que abogan incluso por la creación de un comité de expertos que despeje las dudas que genera la reapertura del complejo minero.

A estas reivindicaciones le han puesto voz Emilio Rodríguez, director de la Oficina Técnica de Doñana (dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica), y Eloy Revilla, máximo responsable de la Estación Biológica. Ambos, además, tienen claro que es inevitable que la mina tenga un impacto en el Guadalquivir ya que verterá directamente residuos metálicos, la cuestión es que las medidas de depuración previstas sean realmente efectivas y se confirme que no hay afectación alguna al parque nacional.

El Gobierno andaluz, por su parte, mantiene que al no haber impacto directo en Doñana no es necesario informe alguno del Consejo, pese a lo cual se explicó en la reunión del lunes “de manera pormenorizada”. “Más transparencia imposible”, se apunta desde la Consejería de Sostenibilidad, a la vez que se insiste en que la actividad contará con “las máximas garantías medioambientales”. Las organizaciones ambientalistas con representación en este órgano (Ecologistas en Acción, SEO/Birdlife y WWF), en cambio, recuerdan que la normativa vigente –la conocida como Ley de Doñana– establece esta obligación.

El Consejo no ha podido pronunciarse

Un día después de que la cuestión del proyecto de Los Frailes se incluyera en el orden del día del Consejo de Participación y de que la Junta informara del estado de la tramitación, aunque sin someter a votación la cuestión, Rodríguez y Revilla pasaron de sentarse en este foro de participación a compartir mesa en unas jornadas sobre el estuario del Guadalquivir celebradas en la Universidad de Sevilla. Y la cuestión de la mina y de lo ocurrido en el foro consultivo de Doñana no tardaba en saltar, mostrando ambos su discrepancia sobre cómo está gestionando la cuestión el Ejecutivo andaluz.

“El Consejo como tal no se ha manifestado porque en ningún momento se votó, por eso somos partidarios de que se lleve”, ha señalado el director de la Oficina Técnica de Doñana, además de admitir que desde su departamento están “expectantes” con esta cuestión porque “cualquier degradación del estado del Guadalquivir va a incidir sobre Doñana”. De partida, considera que “incrementar las concentraciones de metales pesados no es positivo”, y que lo que se vierta desde Aznalcóllar “va a incrementar la contaminación que ya le llega por la faja pirítica” al parque nacional.

“Doñana es el desagüe de Andalucía, así que todo puede afectar a un lugar tan importante y frágil”, ha apuntado por su parte Eloy Revilla describiendo de manera gráfica lo que provoca que el parque esté en la desembocadura del río. ¿Y puede empeorar la cuestión con la reapertura de la mina? “El incremento de la presencia de metales en el Guadalquivir no es una buena noticia”, ha resumido, a lo que ha añadido una cuestión no menos delicada: “Se va a mezclar con otros vertidos y luego es legalmente complejo separar de quién es la responsabilidad” en caso de que ocurra algo.

Un órgano externo de supervisión

Desde Minera Los Frailes se replica a las dudas con que el proyecto está sometido a “la regulación ambiental más estricta de la Unión Europea” y que se trata de una explotación subterránea y sin balsa de residuos y, por lo tanto, radicalmente diferente a la de Boliden que provocó el desastre ambiental de 1998. Los residuos se convertirán según la compañía en una especie de agua destilada tras un proceso de depuración, a lo que se añade que al verter en el Guadalquivir y no en el Guadiamar hace más complicado que lleguen a Doñana.

Rodríguez y Revilla también han coincidido en plantear una supervisión adicional al proyecto para así despejar todas las dudas. “Desde la Oficina Técnica de Doñana abogamos por un comité de expertos técnicos y científicos para valorar el impacto de la mina y las medidas que se van a aplicar”, ha apuntado Rodríguez, mientras que Revilla ha sugerido una “comisión que controle los vertidos de manera independiente para tranquilizar a todos los actores”. Este seguimiento, ha explicado después, no debería estar en manos de una empresa sino de una institución (como una universidad) para así “dar seguridad jurídica a los ciudadanos y a la propia compañía minera”.

Desde el órgano dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) se ha recordado, en paralelo, que el Gobierno andaluz es el encargado de evaluar el estado del estuario, al que califica en su mayor parte en “mala situación química”. El objetivo –comprometido incluso con Bruselas en el marco de la denuncia que condenó a España por no proteger el acuífero de Doñana del expolio de agua– es revertir esta situación para 2027, y el permiso para la licencia de Aznalcóllar no ayuda en este sentido. “Le hemos preguntado a la Junta cuáles son las medidas para mantener esta previsión, porque cualquier nuevo impacto puede agravar la situación y que la Comisión Europea inicie otro procedimiento sancionador”.

Un proceso que sería largo

Pero plantear la reapertura de la mina al Consejo de Participación no sería una mera formalidad en una reunión, sino que conllevaría un proceso largo porque la cuestión debería ser abordada por alguna de las comisiones técnicas (la de biodiversidad o la de aguas) que analizan los temas y los elevan a este foro. Es decir, que estamos hablando de un trabajo de meses, “y no es fácil ir para atrás porque ya tiene la autorización ambiental”, ha recordado Emilio Rodríguez.

¿Y a qué achacan la negativa de la Junta a que la cuestión se trate en el máximo órgano consultivo de Doñana? “Tengo la sensación de que ha sido una torpeza administrativa, han hecho la tramitación sin darse cuenta de que tiene que pasar por el Consejo”, ha barajado el director de la Estación Biológica de Doñana, lo que contrasta con que “no debería haber inconveniente para discutir” la cuestión. “Es un órgano consultivo y después pueden hacer lo que quieran, pero no debería haber ni vergüenza ni miedo a enseñar la documentación, me parece infantil”.