- Reconocieron que, a pesar de que el prior del Valle de los Caídos haya retirado el contencioso que impedía las exhumaciones, ellos aún no han recibido ninguna comunicación oficial
Pura Lapeña, que lucha por recuperar los restos de su abuelo y su tío abuelo (fusilados tras el golpe de Estado de 1936) y cuenta con una sentencia favorable desde 2016, participó, el pasado martes, en las Jornadas Republicanas de Huesca. A su lado estaba Miguel Ángel Capapé, de la Asociación por la Recuperación e Investigación Contra el Olvido (Arico).
Repasaron el camino recorrido en los últimos años en pos de justicia y fueron muy prudentes respecto a la retirada, por parte del prior del Valle de los Caídos, del proceso contencioso presentado en la Audiencia Nacional, y que impedía, de facto, las exhumaciones de víctimas de franquismo allí sepultadas. Saben que el compromiso es real, pero reconocen que a ellos todavía nadie les ha dicho nada.
Lapeña, junto con Capapé y el abogado Eduardo Ranz, emprendieron en 2012 un camino que, quizás, esté cerca de llegar a su término: el de la búsqueda de Manuel y Antonio Ramiro Lapeña. Ambos fueron asesinados en los albores de la Guerra Civil. Y encontraron el mismo final que las 33.847 personas cuyos restos se encuentran en el Valle de los Caídos. La diferencia, que una sentencia judicial emitida en 2016 fue la primera en autorizar una exhumación, la de ambos, en la abadía benedictina. Dos años después, todavía no se ha ejecutado y la nieta de Manuel, Pura Lapeña, continúa luchando para que se cumpla.
En 1936, Manuel era inspector veterinario y Antonio Ramiro, el tío abuelo de Pura Lapeña, trabajaba en una herrería. Ambos, naturales de la localidad de Villarroya de la Sierra, se afiliaron a la CNT y cuando se produjo el golpe de Estado fueron a buscar al primero, lo apresaron y lo ejecutaron en el barranco de La Bartolina. Temiendo por su suerte, Antonio Ramiro huyó al monte y pese a los intentos de mediación de sus familiares y la promesa de los sublevados de que no sería represaliado, lo fusilaron junto a la tapia del cementerio de Calatayud. Entre ambos asesinatos mediaron tres meses.
“No se podía tocar el tema en familia”
Pura recuerda que “era un tema que no se podía tocar con la familia delante”. Capas de olvido cayeron hasta que Pura descubrió por el libro El pasado oculto: fascismo y violencia en Aragón (1936-1939) de Julián Casanova cuál podría haber sido el destino de los suyos. Inició entonces, con el comienzo del siglo, a contactar con instituciones y asociaciones “cuando empezaban a buscarse familiares desaparecidos en la Guerra”. Las primeras pistas les llevaron al barranco de La Bartolina y el cementerio; la clave la tenía un testigo ocular.
Este les refirió que en 1959 se llevaron nueve cajas con restos de personas asesinadas por el bando franquista hasta el Valle de los Caídos sin ningún tipo de permiso ni de prueba documental. En 2012 comenzaron los trámites para exhumar los cuerpos y Pura Lapeña fue una de las fundadoras de la Asociación Pro Exhumación del Valle de los Caídos. Primero acudieron a la vía civil, sin éxito, y después a la penal con hitos como el recurso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 2014, que no fue contemplado.
El Juzgado de San Lorenzo del Escorial sí admitió a trámite el caso, en el que se apelaba a la conocida como Ley de Perpetua Memoria. Este tribunal les dio la razón pero seis meses más tarde se derogó la ley, “con lo que se cerró la vía a todos los familiares afectados que venían detrás”, lamenta Miguel Ángel Capapé. El proceso se llevó ante la ONU en 2017, aunque este organismo todavía no se ha pronunciado, y también forma parte de la denominada Querella Argentina.
El prior lo puso difícil
Las investigaciones les pusieron pronto sobre la pista de Manuel y Antonio Ramiro. En 2009 ya pudieron confirmar que se les había conducido al Valle de los Caídos y, así, acudieron a la abadía, “donde nos pusieron al actual prior de vigilante, no se separó de nosotros y llegado el momento nos echó”, recuerda Capapé. El hallazgo de un telegrama en el que se aseguraba que fueron 13 las cajas desplazadas de Calatayud y no nueve les hace temer que “los restos de esas cuatro se hayan perdido para siempre. O no registraban todo lo que llegaba o lo ocultan”. En cada una de las cajas acumulaban entre nueve y 12 cadáveres.
La única exhumación conocida tuvo lugar el 27 de febrero de 1980, cuando el gobierno de la UCD autorizó el traslado a Navarra de los restos de 133 personas de localidades de la Comunidad Foral. En 2010, la Arico pidió una subvención para actuaciones en el Valle de los Caídos que le fue denegada. Ese mismo año, Zapatero encargó un estudio para comprobar el estado de las más de 33.000 personas enterradas allí que se centró en las capillas del Sepulcro y del Santísimo, evidenció el pésimo estado de conservación y se guardó en un cajón del que los posteriores gobiernos del PP no lo han sacado.
Los osarios del Valle de los Caídos presentan la catalogación de “cementerio civil”. No obstante, para realizar los trabajos a que obliga la sentencia de 2016 se ha de atravesar la capilla “y eso es lo que no autorizaba el prior”. En 2011, se creó una comisión de expertos que, según Capapé, “nos dice básicamente que tenemos razón pero no nos dejan hacer nada”. De los 10.317 aragoneses enterrados en el Valle de los Caídos están identificados 6.515 y sin nombrar se han contado 3.373. Manuel y Antonio Ramiro son solo dos de ellos. “No sabemos todavía nada, pero se tiene que hacer algo por todos los familiares, no solo los míos”, anhela Pura.