El Gobierno de Cantabria invoca a la “libertad de empresa” para negar información sobre las ayudas públicas a compañías aéreas

El derecho de información y el control del Ejecutivo por el Legislativo tienen en Cantabria una excepción clara: las supuestas subvenciones encubiertas que reciben las compañías aéreas para que presten servicio en el Aeropuerto de Parayas. Una vez más, el Parlamento cántabro ha quedado desairado a la hora de inquirir por el importe de las ayudas que la Consejería de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio y sus empresas prestan a compañías como Ryanair para que operen desde el aeródromo rebautizado como Seve Ballesteros-Santander.

El Ejecutivo autonómico no da la callada por respuesta sino que justifica su decisión de no dar información. Y lo hace con una interpretación de la jerarquía de derechos contemplados en la Constitución y también sincerándose con argumentos de índole estratégica. En cuanto a lo primero, afirma que el derecho a la libertad de empresa (artículo 38 de la Carta Magna) está en este caso por encima de otros derechos constitucionales. De este modo, el Gobierno bipartito que preside Miguel Ángel Revilla se erige en intérprete de los límites al ejercicio del control parlamentario afirmando que las ayudas a las compañías aéreas son “ajenas” a su área de conocimiento.

“Por otra parte, y como ya ha sido puesto de manifiesto en otras ocasiones, la solicitud de información como derecho de los y las parlamentarias no es un derecho absoluto e incondicionado, sino que, como cualquier otro derecho, está sujeto a límites, no solo a los previstos en las leyes sino también los dimanantes del respeto a otros derechos constitucionales y otros bienes constitucionalmente protegidos, como la libertad de empresa (artículo 38 de la CE)”, dice el Gobierno en una respuesta parlamentaria consultada por elDiario.es.

Asimismo, el Ejecutivo se ampara en una resolución de la Presidencia del Parlamento que restringe las demandas de información del mismo. Así lo hace constar el Ejecutivo al serle inquirido por la Cámara sobre el importe exacto de las ayudas que pudiera haber concedido la empresa pública regional Cantur u otro ente público. Se invoca una resolución de la Presidencia de la Cámara, de 11 de abril de 2016, sobre acceso a la información “en cuyo punto primero señala que el acceso a la información solicitada al amparo del artículo 9 del Reglamento podrá ser restringido, de forma excepcional, cuando el Gobierno de Cantabria alegue fundadamente que la información remitida afecta al derecho a la intimidad de las personas, a derechos relativos a la propiedad intelectual o industrial o, en general a derechos de terceras personas susceptibles de una especial protección”.

Por si la interpretación constitucional y reglamentaria no bastaran, el Gobierno de Cantabria baja al terreno de lo práctico para afirmar que no puede dar la información porque pondría en riesgo la permanencia de las compañías. Se justifica la opacidad de los contratos en la posible fuga de compañías del aeródromo Seve Ballesteros. En otras palabras, la transparencia del dinero publico iría en detrimento de la actual oferta de destinos del aeropuerto cántabro.

Oficialmente, las ayudas que reciben las compañías no son directas sino que financian campañas turísticas en puntos de destino. Pero, incluso de ser así la razón de fondo, ni siquiera el importe puede ser conocido por la máxima institución representativa de los cántabros. Las propias compañías aéreas en sus contratos con el Gobierno incluyen una cláusula de confidencialidad, condición sine qua non para operar en Cantabria. Dicha cláusula hace referencia a la difusión de la cuantía de las ayudas percibidas. Supuestas razones de competencia con otros operadores son las “circunstancias excepcionales que condicionan la publicación o el conocimiento del contenido de sus cuantías”.

El Ejecutivo recuerda el carácter estratégico que tiene la actividad aeroportuaria para la comunidad autónoma. Sobre la mesa están variables como productividad, empleo, política turística e imagen de marca de Cantabria y también la conectividad que demanda buena parte de la ciudadanía.

Pero más allá de la confidencialidad por razones de competitividad, puede haber otras razones. En el pasado, las ayudas cántabras estuvieron en el punto de mira de autonomías vecinas como la vasca que invocaría la prohibición europea de interferir en la competitividad 'natural' entre operadores del mercado aéreo. Las ayudas cántabras podrían acabar en los tribunales y ser declaradas ilegales al no permitir la Unión Europea dicha injerencia de lo público en lo privado, ya que la legislación europea permite la concesión de ayudas públicas a empresas privadas bajo ciertas condiciones para no distorsionar la competencia en el mercado interno de la UE.

Destinos actuales

Los doce destinos nacionales que el aeropuerto Seve Ballesteros tiene en la actualidad conectan Santander con Alicante (Air Nostrum), Barcelona (Vueling), Gran Canaria (Binter), Ibiza (Volotea), Madrid (Air Nostrum/Iberia), Málaga (Ryanair), Menorca (Volotea), Murcia (Vueling y Volotea), Palma de Mallorca (Vueling y Ryanair), Santiago de Compostela (Air Nostrum), Sevilla (Volotea), Tenerife (Binter) y Valencia (Ryanair).

Los destinos internacionales son Bolonia (Ryanair), Bruselas (Ryanair), Bucarest (Wizz Air), Dublín (Ryanair), Edimburgo (Ryanair), Londres (Ryanair), Manchester (Ryanair), Marrakech (Ryanair), Milán (Ryanair), París (Ryanair), Roma (Ryanair) y Viena (Ryanair).