El Gobierno de España acababa de negarse a subir el precio de la leche 25 céntimos más por litro en aquella primavera del 1978. El argumento era que en nuestro país había excedente, pero a los ganaderos no les salían las cuentas. Fue precisamente entonces cuando se destapó un escándalo de proporciones mayúsculas: el mercado negro de la leche en polvo que se importaba a través del Puerto de Santander. Toneladas que desaparecían de la zona franca y que explicaban lo que estaba pasando.
En España circulaba más leche de la legalmente reconocida y, lo que era más grave, se estaban consumiendo galletas, chocolate, helados, queso, embutidos e incluso leche fabricada con este polvo adulterado con harina de alfalfa y fenolftaleína no apto para consumo humano. Con un producto que solo podía utilizarse en la fabricación de piensos para el ganado y que alguien estaba desviando a las industrias alimentarias con un evidente afán de lucro, porque lo vendía al doble o el triple de lo que se pagaba por el uso animal.
Al caso se unían además sospechosos precedentes. Algunos años antes, en 1968, un barco con bandera griega transportaba toneladas de leche en polvo desde Gran Bretaña hasta Bulgaria pero, sin explicación alguna, acabaron descargándose en Santander y fueron a parar a manos de una sociedad anónima en Madrid. Un ganadero, puesto sobre la pista, lo denunció a las autoridades porque le pareció extraño. A los pocos días, la Policía se presentó en su ganadería a tomar muestras de la leche que daba a los terneros. Pero nada supo de su denuncia.
El propio director del Depósito Franco en aquella época confesó que en los diez primeros meses de dos años antes, en 1976, habían entrado 31.000 toneladas de leche en polvo procedentes de Nueva Zelanda y otros países europeos, pero oficialmente solo habían salido 18.000. La leche en polvo llegaba al Puerto de Santander sin ningún control sanitario. El Depósito Franco era el encargado de desnaturalizarla. Es decir, tendría que haberla inutilizado para el consumo humano aplicándola un colorante. Pero no lo hacía: se trasladaba directamente del barco a los almacenes.
Así ocurría desde el año 1968. En España se importaba casi el doble de toneladas de las que se necesitaban para piensos, pero nadie parecía darse cuenta, aunque sucedía a la vista de todos con absoluta normalidad. Los ladrones de leche en polvo entraban de noche por los tejados de los almacenes de la zona franca del Puerto de Santander, abrían la puerta y cargaban tranquilamente la mercancía –hasta 21 toneladas– en los camiones sin que nadie les molestara. En otras ocasiones el contrabando lo hacían a plena luz del día: salían por la barrera de acceso con los papeles en regla, tomando la precaución de colocar en la superficie sacos legales y debajo, camuflada, la leche en polvo a granel. Nadie comprobaba la carga, nadie vigilaba la extraña actividad nocturna, nadie se preguntó nunca por qué llegaba al Puerto de Santander prácticamente toda la leche en polvo que importaba España. Con esta impunidad durante años fueron saliendo toneladas de sacos con destino a fábricas de renombre. Se vendía a 150 pesetas el litro y de cada uno salían 10 de leche.
Fue un escándalo de repercusión nacional. Lo destapó el periódico La Hoja del Lunes como un fraude que implicaba a industriales, transportistas y trabajadores del Puerto, con algunos apellidos muy conocidos en la ciudad. Se detuvo a Ángel Velasco Buitrago, por ejemplo, encargado de Buques Yllera, S.A., una de las empresas que operaban en el Puerto; al transportista Santiago Arenas y a Godofredo Alvés, un personaje singular que se intentó suicidar tragándose catorce optalidones y dos valiums cuando le estaban interrogando en la comisaría. Acabó ingresado en el pabellón penitenciario del Hospital de Valdecilla donde confesó al juez: “Si me sucede algo, no piense que fue un accidente fortuito”. Conocido como 'el brasileño', ya había estado condenado en nueve ocasiones por delitos contra la propiedad.
La presunta implicación de apellidos notables de los círculos elitistas de Santander añadió más interés al asunto que se unió a la indignación de los ciudadanos ante el fraude. La Hoja del Lunes, dirigida por el periodista Juan González Bedoya, publicó los nombres de los empresarios vinculados con la trama y siguió semana a semana la evolución del escándalo. Algunos días después, la mañana del 4 de abril de 1979, un muchacho que no parecía alcanzar ni la mayoría de edad, vestido con un anorak rojo y un pantalón vaquero, llegó a la redacción. Abrió la puerta y colocó un paquete perfectamente envuelto sobre el mostrador de la recepción. No hizo falta leer la carta que le acompañaba porque de uno de los extremos del paquete sobresalían dos cables.
El director de La Hoja del Lunes deberá abandonar Cantabria en el plazo de una semana; de lo contrario, el próximo explosivo no llevará ninguna instrucción y explotará a pocos metros de Bedoya
“Atención, no intentar abrir este paquete. No moverlo bruscamente. Contiene producto altamente explosivo, con dispositivo para estallar en un tiempo aproximado de una hora”, advertía la misiva. “El director de La Hoja del Lunes deberá abandonar Cantabria en el plazo de una semana; de lo contrario, el próximo explosivo no llevará ninguna instrucción y explotará a pocos metros de Bedoya”, añadía. Era un paquete bomba con 800 gramos del Goma2 que los artificieros de la Guardia Civil hicieron estallar en un descampado. La onda expansiva levantó el capó de uno de los coches de la Policía aparcado a 50 metros.
Cambio del método de desnaturalización
Unos meses antes de que estallara el escándalo, algunos concesionarios del Puerto como Yllera, Cantabria Sil o Velasco Buitrago habían despedido a 70 trabajadores cuando las autoridades les exigieron cambiar el método de desnaturalización de la leche en polvo. Hasta febrero de 1976 se hacía mediante harina de alfalfa y fenoftaleina, difícilmente detectable en el caso de que esta leche hubiera sido vendida para el consumo humano. Para evitar los fraudes –como el que estaba sucediendo– la Administración había sustituido la mezcla por harina de sangre y de pescado, casi imposible de ocultar a los análisis. Los almacenistas se oponían a este nuevo sistema, que complicaba el desvío para el consumo humano, e intentaron frenar la situación forzando unos despidos que finalmente fueron declarados improcedentes.
Las 650 toneladas de leche en polvo sin desnaturalizar que faltan en el depósito franco de Santander, no han sido sustraídas, sino que responden a las mermas naturales experimentadas por los sacos durante los nueve años de funcionamiento de los almacenes
Tras hacerse público el fraude, la Dirección General de Aduanas clausuró ocho almacenes del Puerto que estaban en régimen transitorio de depósito franco desde 1968 y sobre los que no ejercía ningún control. Lo más desconcertante fue el resultado de la investigación interna: “Las 650 toneladas de leche en polvo sin desnaturalizar que faltan en el depósito franco de Santander, no han sido sustraídas, sino que responden a las mermas naturales experimentadas por los sacos durante los nueve años de funcionamiento de los almacenes”, argumentó el director general de Aduanas. Es decir, se habían volatilizado en 'barreduras'. Añadió además que todo era fruto de una confusión en el libro de cuentas de 1.108 toneladas inscritas como naturales (aptas para el consumo humano) cuando en realidad estaban sin desnaturalizar, es decir, destinadas para su transformación en pienso.
17 acusados de robar 42 toneladas
Por el fraude acabaron imputadas 17 personas acusadas de robar 42 toneladas de los almacenes francos del puerto, entre 1976 y 1978, para posteriormente vender el producto al doble o triple del precio original a industrias agroalimentarias. El caso lo llevaba el magistrado del Juzgado número 1 de Santander que barajó seriamente la posibilidad de tomar declaración a Jaime Lamo de Espinosa, entonces ministro de Agricultura; Fernando Abril Martorell, su predecesor en el cargo, y a Justo de las Cuevas, entonces diputado de UCD y presidente de la Cámara Agraria Provincial.
Al final, el juicio se celebró en la Audiencia Provincial en abril de 1982. Finalizó con penas mínimas para tres de los 14 implicados que llegaron a sentarse en el banquillo. Ángel Velasco, que había estado en libertad bajo fianza, y Antonio Crespo, no comparecieron por haberse beneficiado de la aplicación de un indulto. Santiago Arenas había fallecido a los pocos meses de descubrirse el fraude. El fiscal pidió 16 años de prisión para Godofredo Alvés, 'el brasileño', que se había fugado de la Prisión Provincial de Santander dos años antes del juicio. Siempre se negó a desvelar el nombre de sus cómplices.
El fiscal confesó su impotencia para ejercer su labor por la falta de colaboración de la Administración pública para esclarecer los hechos y las irregularidades denunciadas. Los acusados se negaron a ratificar las confesiones hechas previamente ante el juez. Varios testigos no comparecieron en el juicio. Tampoco lo hizo uno de los acusados, un quesero de Liencres que se encontraba ilocalizable en México. Los abogados defensores coincidieron en culpar a la prensa de haber inventado un escándalo inexistente.
Al final solo condenaron a los últimos del escalafón. A dos de ellos, a seis y siete meses de prisión, y a Godofredo Alvés, a cinco años por un delito de hurto. Quedó probado que él sacaba los camiones del Puerto con leche en polvo que se almacenaba en un local en el barrio santanderino de Adarzo. Por eso también lo condenaron a indemnizar con 163.130 pesetas al depósito franco de Santander, y con 31.500 pesetas a la firma Cantabria de Silos. Una mayúscula paradoja. Salieron ganando hasta cuando tenían mucho que perder.