El Parlamento de Cantabria se abona al transfuguismo por tercera legislatura consecutiva

La última crisis política de Vox en Cantabria, que ha provocado la salida de su exportavoz Cristóbal Palacio del grupo parlamentario de extrema derecha después de ser sancionado dos años de militancia por no asistir a plenos y comisiones, ha vuelto a llevar el transfuguismo hasta el Parlamento de Cantabria, que por tercera legislatura consecutiva deberá acoger en su hemiciclo a un diputado no adscrito, que mantiene su acta a pesar de abandonar el partido por el que se presentó a las elecciones.

Hasta cuatro parlamentarios han seguido el mismo camino en apenas siete años: dando un portazo a las siglas con las que consiguieron un acta en el antiguo Hospital de San Rafael, declarándose “no adscritos” y abandonando a su grupo parlamentario, pero conservando su puesto y, con él, todos los privilegios y el correspondiente sueldo de diputado. Además, en prácticamente todos los casos había un componente común, y es que los enfrentamientos con sus compañeros de filas se debían a batallas internas por el poder orgánico y no a decisiones estrictamente políticas o de línea ideológica.

Así, Ciudadanos en dos ocasiones, Podemos después y ahora Vox se han enfrentado en los últimos tiempos a esta fuga de diputados y a la pérdida de sus representantes legítimos en Cantabria, obligando a la Cámara autonómica a adaptar sus normas internas de funcionamiento y a modificar su reglamento orgánico en pleno periodo de sesiones para responder a esta circunstancia, en algunos casos con gran polémica porque los diputados no adscritos provocaron a su vez la disolución de los grupos parlamentarios en los que estaban integrados, recordando a etapas más convulsas como las que se vivieron en los años 90 durante los mandatos del expresidente Juan Hormaechea.

Catarata de tránsfugas

La llegada al Parlamento de Cantabria de los nuevos partidos emergentes en la legislatura 2015–2019 acabó con un periodo de cierta placidez política en la Cámara, y el primer diputado que rompió con su partido y se convirtió en tránsfuga fue Juan Ramón Carrancio, excoordinador de Ciudadanos, que dejó la formación naranja en junio de 2017 junto a “dos tercios de la militancia” tras el nombramiento a dedo desde Madrid por parte de Albert Rivera del actor y cómico Félix Álvarez –conocido popularmente como Felisuco– como máximo representante del partido en la comunidad autónoma.

En aquel momento, Ciudadanos tenía a dos representantes en el Parlamento de Cantabria dentro del Grupo Mixto –al no alcanzar el número mínimo de diputados para tener grupo propio– y la salida de Carrancio fue muy controvertida porque su voto sirvió incluso en alguna ocasión a lo largo de la legislatura para que el Gobierno PRC-PSOE presidido por el regionalista Miguel Ángel Revilla sacara adelante los presupuestos, a pesar de reconocer que el exdiputado naranja era “un tránsfuga de libro”. El propio Carrancio fue acusado de utilizar los recursos que le correspondían como parlamentario para poner en pie una nueva formación política, OLA Cantabria, con la que concurrió como cabeza de lista a las elecciones autonómicas en la siguiente convocatoria, aunque con un resultado paupérrimo que no le permitió repetir en el cargo.

También Ciudadanos sufrió el transfuguismo en sus filas la pasada legislatura, cuando la diputada autonómica Marta García anunció en las redes sociales su baja como militante de la formación naranja en mayo de 2022, achacando esta decisión al voto de su partido en el Senado en una propuesta relacionada con la protección del lobo, y dejando claro que no iba a entregar el acta y que seguiría en el Parlamento autonómico hasta final de legislatura. De hecho, siguió ocupando un escaño en la Cámara como diputada no adscrita, haciendo caso omiso a las peticiones de dimisión de los que hasta entonces habían sido sus compañeros de siglas, y provocando la disolución del grupo parlamentario de Ciudadanos, que se quedó sin el número mínimo de representantes para conservarlo.

En el caso de Podemos, su única legislatura en la Cámara cántabra estuvo también rodeada de polémica por el enfrentamiento constante entre sus tres diputados, y acabó incluso con una denuncia por acoso laboral en los tribunales. De hecho, esta fue la razón de la ruptura de la exportavoz parlamentaria, Verónica Ordóñez, que pasó a no adscrita tras las diferencias que mantuvo con José Ramón Blanco y Alberto Bolado, que acabaron en el grupo mixto y distanciados de la formación morada. Tras acumular dos gestoras, tres secretarios generales diferentes y unas primarias paralizadas judicialmente en tan solo cuatro años, Podemos perdió su representación en el Parlamento de Cantabria y no ha vuelto a tener opciones de recuperarlo en los siguientes comicios.

El último personaje en sumarse a esta lista de diputados tránsfugas ha sido Cristóbal Palacio, que mantenía abierto un enfrentamiento con su partido desde que fue relegado de la cabeza de lista de Vox en las elecciones autonómicas en Cantabria y perdió la portavocía de su grupo parlamentario en favor de Leticia Díaz. Tras apenas 15 meses de legislatura, en la que la batalla orgánica se ha recrudecido, con sanciones, acusaciones de espionaje entre los propios diputados y bajas por acoso laboral, Palacio ha dado un portazo justificando su salida en la falta de democracia interna en la formación de extrema derecha y conservando su acta. Si no hay más cambios a corto plazo, Vox mantiene a tres diputados que pueden ser claves a lo largo de la legislatura, porque pueden garantizar una mayoría alternativa al Gobierno del PP.