El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el real decreto por el que se establecen las disposiciones específicas para la aplicación en 2021 y 2022 de los decretos que rigen la gestión de la Política Agraria Común (PAC) en España y dotar al sector de un “marco estable” a agricultores y ganaderos durante este periodo de transición.
En concreto, esta norma, que adapta el reglamento europeo de transición aprobado en diciembre, permitirá continuar con la aplicación de la PAC durante ese bienio, hasta la aprobación definitiva en el ámbito comunitario de la nueva reforma de esta política y el plan estratégico nacional de la PAC, que entrará en vigor el 1 de enero de 2023.
“Este decreto contribuirá a hacer una transición razonable entre las dos PAC, dando la máxima prioridad a agricultores y ganaderos que residen en los pueblos del conjunto de España”, ha indicado la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
La portavoz ha subrayado que Agricultura define esta etapa de transición, asegurando un “marco estable” para agricultores y ganaderos, de manera que puedan percibir 7.200 millones de euros, de los cuales 5.700 millones de euros se dirigirán al primer pilar y 1.500 millones de euros al resto.
Agricultura ha señalado que este real decreto permite, durante este periodo de transición, dar continuidad con total seguridad jurídica al pago de las ayudas directas que perciben agricultores y ganaderos, así como al de las medidas de los programas de desarrollo rural. Se realizan las adaptaciones necesarias para garantizar una transición fluida y gradual entre un periodo y otro.
De esta forma, en el régimen del pago básico, que se abona en base a un sistema de derechos agrupados en 50 regiones diferentes, se continúa con la convergencia paulatina del valor de todos los derechos de cada región hacia su valor medio regional.
El objetivo es que dos agricultores que realizan una actividad igual en la misma región reciban la misma cuantía de pago básico, que es la principal ayuda a la renta de los productores.
El Departamento que lidera Luis Planas ha precisado que este mecanismo de convergencia se basa en lo recomendado en el reglamento transitorio y es continuación de la convergencia que se inició en 2015 y que Agricultura ha propuesto que concluya en el periodo 2023-2027, respondiendo así a las necesidades detectadas en los análisis realizados en los dos últimos años en relación a este régimen de ayuda.
La Comisión Europea ha recomendado a España, en su comunicación del pasado 18 de diciembre, la necesidad de avanzar en esa convergencia para que exista una distribución más equitativa de las ayudas, como indica el considerando 33 del reglamento transitorio, y no exista discriminación, en base a referencias históricas establecidas hace más de 15 años.
Flexibilización en algunas ayudas
En este real decreto también se introducen cambios derivados de la experiencia adquirida en la gestión de las ayudas para aclarar procedimientos y conceptos, de forma que se logre una mayor eficacia en la gestión y el control de estas ayudas.
De esta forma, se han flexibilizado las ayudas asociadas a la ganadería para facilitar el acceso a jóvenes ganaderos, también a aquellos que comienzan la actividad y presentan la solicitud única por primera vez.
Respecto a la condicionalidad, y respondiendo a la ambición ambiental que desde hace años forma parte de la PAC, se ha incluido un nuevo requisito que penaliza la recolección mecánica nocturna en plantaciones intensivas de cultivos permanentes en seto de porte alto, denso follaje y en los que se produzca la anidación o pernoctación de aves, con objeto de proteger a las aves durante la época de cría y reproducción.
Este 1 de febrero se abrirá el plazo para presentar la solicitud única de ayuda. En ella se podrán incluir las mismas ayudas directas que en la campaña previa (régimen de pago básico, pago verde, pago complementario a los jóvenes agricultores, régimen de pequeños agricultores y ayudas acopladas a la producción agrícola y ganadera), así como las ayudas de las medidas de desarrollo rural de las comunidades autónomas que se pagan por superficie o por cabeza de ganado.
El real decreto adapta, en base a las normas del reglamento transitorio, los importes de cada uno de los regímenes de ayuda para 2021 y 2022.
Agricultura estima que cerca de 680.000 productores presentarán su solicitud en los próximos meses.