La Asociación en Defensa de la Economía Responsable de Almendros (ADERA) en Cuenca presentará “en unos días” un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha contra la Autorización Ambiental Integrada, emitida por el departamento de Medio Ambiente de la Junta, y que otorga luz verde ambiental a una macrogranja porcina en el municipio con 80.000 cabezas al año.
Lo ha confirmado la asesoría jurídica de la asociación que ya ganó un caso similar en Torrejoncillo del Rey ante el Alto Tribunal castellano-manchego al declarar nula la Declaración de Impacto Ambiental de una macrogranja ubicada en Huerta de la Obispalía. Ambos casos comparten aspectos formales, según las fuentes jurídicas consultadas por eldiarioclm.es y también los relacionados con el fondo: la gestión de purines, la posible contaminación de las aguas, riesgos para la salud o molestias a la población así como el modelo de ganadería industrial que rechazan buena parte de los vecinos de este municipio conquense.
Ya se presentó un recurso de alzada ante Viceconsejería de Medio Ambiente contra la Autorización Ambiental Integrada. Ante el silencio administrativo han optado por la vía del contencioso, al concluir el plazo de respuesta.
Se solicitará la suspensión del acto administrativo impulsado por Medio Ambiente (la resolución de autorización ambiental integrada) y si el TSJCLM la respalda la actividad ganadera sería inviable aunque se hubiesen construido las instalaciones. “Es lo que ocurrió en Torrejoncillo”, citan las mismas fuentes jurídicas, recordando que el Alto Tribunal castellano-manchego tardó tres años en resolver de forma definitiva.
Sin garantías de que no haya una planta incineradora
Esta explotación porcina está promovida por Icpor Soria SL, la empresa ganadera de Incarlopsa que ya anunció su intención de eliminar del proyecto la planta incineradora para cadáveres y despojos derivados de la granja. Los vecinos no se lo creen. “Nos hemos enterado de que la promesa es mentira y lo sabemos porque el órgano sustantivo que es el Ayuntamiento no lo ha tramitado. Y es que si lo hacen, el cambio implica otras medidas de salud pública y animal que obligarían a retrasar el proyecto”.
Este jueves mantuvieron una reunión con Ayuntamiento que solicitaron para trasladar sus reparos al proyecto. Solo acudió uno de los seis concejales, todos del PP, que conforman la Corporación Municipal de Almendros y siguen sin respuestas a sus peticiones.
La Diputación encargará un estudio al Instituto Geológico y Minero
Durante el Pleno celebrado esta semana en la Diputación de Cuenca, el presidente anunció que se va a encargar al Instituto Geológico y Minero de España (IGME), dentro del convenio que mantiene con la institución provincial, un estudio sobre el impacto de las macrogranjas porcinas con el fin de conocer las consecuencias en el entorno de su puesta en marcha, en lo relacionado con los recursos hídricos subterráneos y en qué manera la gestión de los purines puede afectar a la calidad de nuestras aguas.
Benjamín Prieto respondía así a una moción de Izquierda Unida que reclamaba que la Diputación se posicionase en contra de la instalación de una macrogranja porcina en Zarzuela. El equipo de Gobierno del PP considera, por un lado, que “hay que respetar la autonomía municipal” y, por otro, que “este asunto debe de abordarse de manera global, a nivel provincial, y no caso por caso, ya que cada uno tiene sus peculiaridades”.
“El presidente del PP y de la Diputación de Cuenca, Benjamín Prieto, quiere ponerse una tirita para prevenir el golpe que se le avecina por el intento de instalación de un granja de cría de cerdos en Almendros, de unos 80.000 animales/ año con un gran rechazo de los vecinos”, sostiene la plataforma vecinal.
Fuentes de la asociación señalan haber solicitado ya tres reuniones al presidente de la Diputación conquense, la última esta misma semana. Reclaman a la Institución provincial “garantías jurídicas” de que el proyecto de esta explotación porcina no incurre en un presunto delito de prevaricación por parte del alcalde, el ‘popular’ Acisclo Jiménez, ya que los terrenos en los que se asentará la explotación eran de su propiedad y fueron vendidas al promotor de la explotación.
Anuncian que si el Consistorio otorga la licencia de obras presentarán una querella por presunta prevaricación y cohecho contra el alcalde “por los intereses cruzados que puedan derivarse del proceso”. Y es que la asesoría jurídica cree que “la imparcialidad del órgano administrativo, en este caso el Ayuntamiento, queda bastante en entredicho si hay interés personal de por medio”.
“Están obligando a la gente del pueblo a que terminemos todos regañaos con la maldita macrogranja”, señalan los vecinos. “Nosotros entendemos que el presidente de la Diputación sea amigo del alcalde de toda la vida pero es que la explotación se va a construir encima de una masa de agua protegida y disponemos de tres estudios técnicos independientes que dicen que es el peor sitio del mundo”.
El abogado de la asociación recuerda que la Diputación Provincial “puede pedir toda suerte de informes técnicos o jurídicos relacionados con la licencia municipal pero sobre todo tiene que ver con la protección del patrimonio y en concreto con Segóbriga”. Hay que recordar que es la Institución provincial la que gestiona, tras una encomienda de la Junta, este espacio arqueológico. “Se degrada el recurso arqueológico si se pone al lado una macroinstalación de este tipo y se expone a los visitantes a los olores o nubes de moscas, además de la afección a la cuenca visual de un paisaje protegido”.
Ciudadanos: “Es un despropósito y habrá que ver en qué queda”
También la portavoz regional de Ciudadanos Orlena de Miguel se ha reunido con la plataforma vecinal de Almendros. En declaraciones a eldiarioclm.es ha comentado que la formación naranja “no está en contra de las macrogranjas porque es un modelo rentable aunque no dé mucho trabajo” pero, en el caso de Almendros, considera “razonable” el planteamiento de los vecinos porque el proyecto, dice, “es un auténtico despropósito y habrá que ver en qué queda pero me da que el recurso lo paralizará”.
“El proyecto de Almendros nos plantea dudas. Nos han enseñado documentación y ha sospechas porque se va a construir en unos terrenos del actual alcalde. Seguramente será legal pero esto es como lo de la mujer del César, que además de serlo tiene que parecerlo”. Y en este sentido sugiere que hay “problemas” para destacar supuestas “irregularidades” con las conexiones para las dotaciones de agua o de luz.
Además, pone el foco en la coexistencia con otros modelos económicos como el turístico. “En el caso de Almendros está en la zona visual del Parque Arqueológico de Segóbriga y se ha dado el permiso. Hace falta planificación. Este tipo de negocios, como una central nuclear o un vertedero, no pueden estar en cualquier sitio”, sostiene.
Cree que la Administración está actuando de manera “irresponsable” respecto a las licencias. “Se plantea como un modelo casi único de desarrollo cuando el primer problema obvio contra el que todo el mundo se levanta en armas es la gestión de los residuos”. En su opinión, se están otorgando licencias “sin tenerlo solventado”.
Orlena de Miguel contempla un problema añadido: “Esa irresponsabilidad de la Administración va a provocar inseguridad jurídica a las empresas que apuestan por este negocio: Te dan un permiso para algo que luego no se puede hacer porque no cuadra con la legalidad”. En su opinión, las macrogranjas pueden ser “un problema si no se empieza a tomar en serio y a planificar un negocio que puede ser bueno pero en el que hay que ver si no estamos destruyendo otras oportunidades porque nos lo jugamos todo a una carta”.