Es como el ciclo del agua. Vuelve una y otra vez y casi siempre por el mismo camino. Se acercan las elecciones y hay temas que son recurrentes en el argumentario político de Castilla-La Mancha. El trasvase Tajo-Segura ha vuelto a la palestra para ocupar cientos de titulares. Esta vez a cuenta de los nuevos planes hidrológicos de cuenca.
Los documentos se encuentran en el tejado del Consejo de Estado que dictaminará el próximo 19 de enero el Real Decreto que revisa la planificación hidrológica de 12 demarcaciones para el periodo 2022-2027 y que incluye la modificación de los caudales ecológicos del trasvase Tajo Segura, según han informado a Europa Press fuentes del Consejo de Estado. Se han presentado alegaciones a este extenso expediente, que suma entorno a 5.000 folios, las comunidades autónomas de Valencia, Murcia, Castilla-La Mancha y Andalucía.
Se van a revisar los de los ríos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro pero lo cierto es que la clase política -del signo que sea- solo habla del Tajo, a cuenta del trasvase que lleva agua hasta Alicante, Murcia y Almería.
Desde los años 90 del siglo XX se han repetido las manifestaciones reclamando agua e inversiones. Unas veces protagonizadas por los pueblos ribereños de la cabecera del Tajo, otras por los regantes del acueducto Tajo-Segura. En todas, y como hilo conductor, la presencia de los políticos que no han podido o sabido solventar la ‘guerra’ de agua tras más de cuatro décadas de funcionamiento de una infraestructura que nunca ha contentado a nadie.
La última movilización se ha celebrado este miércoles, en Madrid, convocada por el Sindicato de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS). Una más en la larga hemeroteca que podría convertirse en un guion alternativo de la película ‘Atrapado en el tiempo’ o ‘el Día de la Marmota’, como se la conoce en otros países. Y amenaza una vez más con ser moneda de cambio electoral en este 2023.
La cuestión es que la pelea por el agua, cada vez más escasa y cara - ya cotiza en bolsa- sigue sin solución y engordando el argumentario político con el que echarse en cara la vergüenzas cada cuatro años.
Los regantes de Alicante, Murcia y Almería se niegan a que los envíos de agua se vean reducidos -en realidad los de Castilla-La Mancha también quieren más agua, aunque sus voces se escuchan algo menos y solo si hablamos de las necesidades, por ejemplo, del Alto Guadiana- y sus proclamas se han visto apoyadas por representantes políticos de la Comunitat Valenciana y Murcia, entre otros.
Abrir el grifo se va a convertir en un lujo
La vicesecretaria nacional de Políticas Sociales del PP, Carmen Navarro, ha defendido este miércoles la “solidaridad” en el uso del agua y ha pedido “no politizar” este asunto. Aunque lo cierto es que su compañero de filas el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, es uno de los que han participado en la movilización para decir que “abrir el grifo se va a convertir en un lujo” para miles de familias del Levante español si el Gobierno central no da marcha atrás en su decisión de “recortar” el volumen de agua trasvasada. En realidad, ese “lujo” ya se viene produciendo en Cuenca o en Guadalajara desde hace décadas. A pesar del agua de la cabecera del Tajo, algunas poblaciones se abastecen con cisternas en verano.
Desde Guadalajara dos posiciones distintas. El portavoz del PP del área en esta provincia que es, además, alcalde de Pareja, uno de los pueblos ribereños de la cabecera del Tajo ha retomado hoy sus apariciones ante la prensa para culpar al Gobierno de España de “ninguneo” a la provincia. Javier del Río carga contra Pedro Sánchez y sostiene que da “un nuevo golpe” a los municipios ribereños de Entrepeñas y Buendía con la aprobación por el Consejo del Agua de los nuevos planes de cuenca de los ríos Tajo y Segura.
Dice que los nuevos planes “no aumentan ni una sola gota los niveles de agua en los embalses de Entrepeñas y Buendía, como llevamos pidiendo muchos años desde los pueblos ribereños”.Y además critica que tampoco se contempla “ni un solo euro de inversiones para nuestros vecinos, que llevan siendo solidarios con muchas zonas de España durante décadas”. Sin embargo, el pasado verano se anunciaba una obra para la zona que permitirá abastecer a unas 15.000 personas. Eso sí, se lleva prometiendo desde 2007.
Nosotros tenemos también derecho a enriquecernos y a disfrutar de un río y de unos pantanos llenos de agua
Desde el PSOE, el presidente de la Diputación de Guadalajara, José Luis Vega, ha invitado a los regantes del Levante a utilizar las desaladoras para regar sus campos porque la situación de los embalses “es lamentable”, según recoge Europa Press. Ha asegurado que si se siguen llevando el agua de Entrepeñas y Buendía conseguirán que no llegue “ni un litro” a la desembocadura.
Vega ha considerado “lamentable” que en año 2023 el Tajo “se esté muriendo” y, una vez más, ha defendido el envío de agua al Levante si la necesitan para beber, pero ha apuntado que “si es para que se enriquezcan otras comunidades autónomas, nosotros tenemos también derecho a enriquecernos y a disfrutar de un río y de unos pantanos llenos de agua”.
Insistía en que “tienen las desaladoras pegadas al mar” que deberían utilizar porque “aquí no sobra el agua para el enriquecimiento de los regantes”.
El Gobierno de España pide “tranquilidad” y compromete soluciones para todas las partes
Entre ambas partes, la de la cuenca cedente y la de la receptora, está la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera. Hoy ha dicho que respeta la preocupación, intereses y la manera en la que los regantes y los distintos actores ven las cosas, pero asegura que sus demandas “no son compatibles con el interés general”, según recoge Europa Press.
El titular de la cartera de Agricultura complementaba su mensaje. Luis Planas apela a la necesidad de “equilibrio” para un uso del agua adecuado y además dentro de la “disponibilidad real” del recurso.
“Nuestra obligación como Gobierno es encontrar la mejor solución desde el punto de vista del interés general y las mejores respuestas para maximizar las soluciones de lo que nos está planteando cada cual. Pero todo a la vez es muy difícil”, decía Ribera.
La ministra ha dejado caer que tiene la impresión de que más que una protesta contra el trasvase Tajo-Segura es una manifestación que “plantea dudas” sobre la necesidad de fijar un caudal ecológico para el río Tajo. Y eso es algo que marca la Unión Europea, que avalan los científicos (siempre con excepciones) y las sentencia judiciales.
No se puede aplazar la decisión de aumentar los caudales ecológicos del Tajo a 2025
Asegura que lo que “no puede ser” es que se ponga en riesgo su cumplimiento y aplazar la decisión aumentar los caudales ecológicos a 2025. Esta petición la realizaron “algunas” comunidades de usuarios y varias comunidades autónomas, a pesar de que cuando el Consejo Nacional del Agua debatió ese asunto, la petición fue rechazada.
En eso se escuda el Gobierno de Castilla-La Mancha y lo rechaza el de la Comunitat Valenciana, alegando vulneración de los principios de seguridad jurídica y transparencia. Ambos gobiernos son del PSOE.
Mientras, Ribera recuerda que el Gobierno de España está obligado a fijar un caudal ecológico para el Tajo, “el mayor río de España” y que no cuenta con este límite, lo que ha derivado en cinco sentencias que condenaban al Gobierno y que anulaban el plan hidrológico previo (2016-2021).
“El mensaje me gustaría que fuera de tranquilidad. Nuestra obligación es velar por el interés general y responder de la mejor manera a todas las peticiones de todas las partes, pero eso no significa que podamos responder exactamente a cada una de las peticiones con el particular énfasis local que cada una de las partes, porque no son compatibles entre sí”.
Ha asegurado que la propuesta remitida al Consejo de Estado “sí concitó el consenso de todos” para ampliar el caudal ecológico de manera gradual mientras se da tiempo a acometer inversiones de hasta 8.000 millones de euros “que no tienen parangón” y que permitirán a las cuencas afectadas disponer de “mucha más agua” sin tener que depender de si llueve o no en la cabecera del Tajo.
Ribera ha recordado la situación “muy difícil” que vivió su predecesora, Isabel García Tejerina, desde junio de 2017 a marzo de 2018, cuando se trasvasaron “0 hectómetros cúbicos” porque no había llovido y era “imposible” trasvasar al Segura, lo que derivó en dificultades para garantizar el agua de boca y del regadío.
“Queremos que esto no ocurra más. Queremos poder aportar recursos adicionales allí donde se necesitan, con la desalación, la reutilización, la conexión de las desaladoras y un compromiso con los regantes, que el agua tenga un precio asequible”, ha prometido.