¿Un coche que no está recomendado para su uso constante como todoterreno, que sirve principalmente para circular en pavimento y que no puede ser remolcado en condiciones adversas sirve para trabajar en el medio natural? Esa es la pregunta que se hacen sindicatos y organizaciones profesionales a la luz de parte de la nueva flota de vehículos con la que cuentan los agentes medioambientales en Castilla-La Mancha desde finales del año pasado.
El sindicato STAS los llama “coches de juguete” en base a la evaluación de riesgos realizada por el servicio regional de prevención hace tan solo un mes. Según ha podido constatar elDiarioclm.es, este informe señala que la tracción a las cuatro ruedas “puede no aportar la suficiente capacidad de subida de pendientes pronunciadas”, entre otras cuestiones controvertidas.
Con ello, los representantes sindicales de este cuerpo de agentes han abierto un nuevo frente con la Consejería de Desarrollo Sostenible del Gobierno de Page. Porque a esta denuncia se unen otras muchas que confluirán este martes, día 7 de mayo, en una “gran manifestación” en Toledo.
La polémica por los coches tiene su origen en el pasado mes de diciembre, cuando el presidente autonómico, Emiliano García-Page, y su consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, hicieron la entrega entrega de 26 nuevos vehículos tipo todoterreno y ‘todocamino’.
La entrega formaba parte de un contrato más amplio de 54 vehículos, pues a estos 26 se sumaban otros 28 ya entregados durante la presente primavera. De este total, 39 son vehículos híbridos enchufables 4X4 (Mitsubishi Eclipse Cross) y los otros 15, son 4×4 tipo pickup todoterreno con reductora (Toyota Hilux). La adquisición de estos vehículos está cofinanciada con los fondos FEDER correspondientes a las anualidades 2021-2027.
El problema llegó cuando en la Comisión Asesora Mixta de Agentes Medioambientales celebrada el pasado día 24 de enero de 2024, se abordó la cuestión de estos vehículos y el sindicato STAS denunció que en base al principio de “eficiencia económica” de la administración, estos coches “no son adecuados para las funciones de los agentes”.
Para ello, el sindicato se basó en el informe realizado por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Gobierno regional. Sobre los 39 vehículos en cuestión afirma que “solo podrán circular por vías en buen estado, básicamente pavimentados. Afirma más concretamente que su sistema de tracción a las cuatro ruedas le permite desplazarse ”ocasionalmente“ por carreteras sin pavimentar, a zonas de acampada, picnics o lugares similares
“No obstante, no está indicado para un uso constante todoterreno o para remolcado en condiciones duras (…) La tracción a las cuatro ruedas puede no aportar la suficiente capacidad de subida de pendientes pronunciadas o de frenado de motor en la bajada de pendientes inclinadas”, incluye el informe. Es más, recomienda tener “cuidado” al conducir sobre arena y barro, que “es posible que no se disponga de suficiente tracción en determinadas circunstancias”, reza el informe.
El sindicato STAS interpreta con esto que ahora el Plan contra Incendios Forestales de Castilla-La Mancha, el INFOCAM, cuenta “con 39 vehículos menos”. Teniendo en cuenta que cada vehículo ha costado cerca de 50.000 euros, piden a la Consejería de Desarrollo Sostenible que valore si esto es o no “malgastar” el dinero público.
Ni Mitsubishi ni Toyota han respondido a la petición de este periódico sobre si los vehículos comprados por el Gobierno regional son aptos para el desarrollo de la labor de los agentes medioambientales. No obstante, en la ficha técnica del modelo Eclipe Cross de Mitsubishi, la empresa apunta a una “tracción excelente, una gran estabilidad y una conducción uniforme y lineal, incluso en superficies difíciles”. En el modelo de Toyota, la ficha técnica destaca la tracción a las cuatro ruedas, pero no se detalla el tipo de pavimento apto para su circulación.
No son aptos para transitar por terrenos con pendientes pronunciadas, arenosos o con barro, así como el cruce o vadeo de arroyos, lo que pone en riesgo su trabajo
La cuestión es que la Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha (APAM-CLM) se ha sumado por su parte a las críticas a estos vehículos. En su caso ha denunciado la falta de criterio del Ejecutivo castellanomanchego en la renovación de la flota de los agentes medioambientales. Se trata de “todocaminos híbridos” que “no son aptos para transitar por terrenos con pendientes pronunciadas, arenosos o con barro, así como el cruce o vadeo de arroyos, lo que pone en riesgo su trabajo”.
Según este colectivo, los agentes han comprobado in situ y han certificado con las especificaciones del fabricante, que “no son una herramienta adecuada para afrontar las múltiples funciones que realizan los agentes en el medio natural”. Hace alusión igualmente al informe del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, añadiendo que los coches “van a brindar un exiguo servicio a la protección medioambiental de la comunidad autónoma”.
“A este despropósito se suma además la ausencia de una infraestructura adecuada para la carga eléctrica de los vehículos, al carecer de puntos de carga rápida en la mayoría de los emplazamientos donde los vehículos descansan”, destaca la asociación profesional.
Explica APAM, a modo de ejemplo, que los agentes que tengan asignados los nuevos híbridos no podrán participar en operaciones de extinción de incendios forestales de forma segura, y tampoco podrán dar una respuesta “mínimamente garantizada en otro tipo de emergencias en el medio natural”, como la búsqueda y rescate de personas desaparecidas o accidentadas.
Defienden un sistema de renting
Esta circunstancia, unida a un parque móvil “viejo y ruinoso”, da como resultado un cuerpo de agentes medioambientales “con sus capacidades operativas significativamente mermadas”. Ante todo ello, propone que se establezca un sistema de renting, a diferencia del sistema de compra actual, puesto que “se ha comprobado que el sistema de compra conlleva la existencia de vehículos extremadamente antiguos”.
La asociación valora que se apueste por la introducción de vehículos de bajas emisiones ante el reto del cambio global, pero ante todo se considera primordial que se adquieran “vehículos capaces de responder a las necesidades cotidianas de los agentes”.
La Consejería de Desarrollo Sostenible ha explicado a elDiarioclm.es que los vehículos se han adquirido aprovechando la oportunidad de financiación FEDER, que establece unas condiciones medioambientales: los vehículos deben ser híbridos enchufables, con tracción 4x4 y 40 centímetros de altura de vadeo.
“Se considera que es una herramienta muy útil para el abanico de actuaciones que realiza actualmente el cuerpo de agentes medioambientales y se está haciendo un seguimiento de las impresiones de los conductores de estos nuevos vehículos que mayoritariamente están siendo satisfactorias”, afirman desde este departamento.
La cuestión de los “coches de juguete” es una de las muchas quejas que han llevado a sindicatos de este colectivo a convocar una “gran manifestación” para este martes 7 de mayo. CSIF, STAS, CCOO y UGT se unirán en Toledo en defensa de los derechos de este colectivo profesional para continuar con las movilizaciones que se iniciaron en abril del año pasado ante “el incumplimiento de compromisos del Gobierno de García Page” y su “negativa a sentarse para acordar un calendario de negociación”.
El lema de la manifestación será 'Agentes medioambientales en lucha por sus derechos' y partirá desde la sede de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación hasta llegar a la Dirección General de Función Pública.
Los convocantes recuerdan que ya se ha realizado un encierro y otras dos concentraciones frente a esta Dirección General en demanda de un calendario para hacer efectivas las “mejoras comprometidas” en materia de organización y mejora del servicio, seguridad y salud, condiciones laborales y dotación de medios que les permitan cumplir con eficiencia con su labor de preservación de nuestro medio natural.
Así, resaltan que el decálogo de sus reivindicaciones incluye: orden de horarios aplicable al servicio, segunda actividad y jubilación anticipada, nuevo reglamento, nueva orden de prevención y extinción de incendios y mejora del complemento específico. Por otra parte, mejora del nivel, integración en el grupo B; inclusión de los servicios de guardias en su complemento específico; aumento de las plantillas conforme al Plan de Conservación del Medio Natural de Castilla-La Mancha y dotación y mejora de equipos de protección individual, de seguridad personal, material y vehículos.
Los sindicatos han lamentado igualmente “la nula disposición negociadora y de mejora de la administración” y que los “escasos” avances en las condiciones laborales del cuerpo profesional de agentes medioambientales se “han logrado a golpe de denuncias y sentencias judiciales por vulneración de derechos”.
Los cuatro sindicatos han expresado la “voluntad inequívoca” de no parar con las movilizaciones hasta que la administración cumpla con sus compromisos y se reservan todas aquellas actuaciones que consideren necesarias y que la ley permita hasta conseguirlo.
El Gobierno regional prepara propuesta de horarios y revisión del reglamento
A este respecto, la Consejería de Desarrollo Sostenible argumenta que desde hace unos meses está trabajando de forma conjunta con la de Hacienda para preparar una propuesta sobre la orden de horarios y sentar las bases para una posterior revisión del reglamento de cuerpo de agentes medioambientales.
“El trabajo está en una fase de deliberación interna para posteriormente pasar a informar a los representantes de los trabajadores”, precisan fuentes de esta consejería.
Precisan que se encuentra trabajando, además, en el desarrollo de las demarcaciones territoriales de futuro del cuerpo para abordar en una revisión del reglamento; así como las posibilidades de especializaciones. “Este tipo de decisiones van a venir predeterminadas por la Ley Básica de Agentes Forestales y Medioambientales que se tiene que aprobar en las Cortes Generales para poder incorporar los que dicha norma estipule”, concluye la Consejería de Desarrollo Sostenible.