La Fundación Artemisan y la Federación de Caza de Castilla-La Mancha han presentado una denuncia ante la Fiscalía General de Medio Ambiente contra el presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la “inacción” ante el “ahogamiento” continuo de animales en el Trasvase Tajo-Segura. Se trata de unos hechos que estas organizaciones, junto con otras entidades, ya han puesto sobre la mesa en anteriores ocasiones, al considerar que los canales de esta infraestructura son “trampas mortales” para muchos animales. Se refieren a especies cinegéticas, pero también a especies protegidas y animales domésticos.
Ambos colectivos han decidido ahora denunciarlo, alegando que muchos de estos animales mueren “con evidente sufrimiento”, produciendo además un “grave riesgo para la salud pública al permanecer y descomponerse los cuerpos en la misma agua en la que perecen, contaminándola y perjudicando de forma directa a la flora y fauna, así como a la población que se abastece o utiliza el agua”.
Las causas que apuntan se centran sobre todo a la “condición física” de estos canales y, concretamente el del Tajo-Segura. Señalan que sus “paredes rampa” impiden que los animales puedan salir cuando caen al aproximarse a beber agua y refrescarse. Las especies afectadas son en su mayoría corzos, aunque también jabalíes y otras especies silvestres, pero también, insisten, animales domésticos.
Esgrimen como prueba los numerosos rescates efectuados por la sociedad de cazadores ‘El Picazo’, colindante con el canal, y las reiteradas denuncias ante la Guardia Civil, los vigilantes del canal y la propia Confederación Hidrográfica del Tajo, “todas ellas sin resultado alguno”. Según apuntan, así se ha puesto de manifiesta numerosas ocasiones por la parte denunciante pero también por alcaldes de los municipios afectados como Alarcón, Tébar, Casas de Benítez, El Picazo, Villalgordo del Júcar, Fuensante y Barrax.
Al mismo tiempo, la Fundación Artemisan, en un informe técnico presentado ante la Confederación Hidrográfica, ha propuesto numerosas medidas para solventar la situación, desde un vallado perimetral hasta pasos de fauna, instalación de bebederos en los puntos negros, mallazo en el talud o rampas flotantes. Son actuaciones que “no suponen un desembolso importante y que no afectarían negativamente a la correcta circulación”.
Consideran que pasado un tiempo “más que prudencia” y sin haber obtenido respuesta alguna por parte de la Confederación Hidrográfica, la denuncia se presenta contra el presidente de este organismo de cuenca ya que “a su persona corresponde el cumplimiento de obligaciones generales en relación con las aguas y, además, una concreta función medioambiental”.
Delito de emisiones y vertidos
En opinión de los demandantes, además de numerosos incumplimientos de las obligaciones recogidas en el texto refundido de la Ley de Aguas, los hechos pueden ser constitutivos de delito de emisiones y vertidos, radiaciones, extracciones, que puedan dañar el medio ambiente, regulado en el artículo 325 del Código Penal.
Con esta demanda, Fundación Artemisan cumple con el compromiso adquirido cuando inició su campaña 'Canales de la muerte' de iniciar acciones legales contra aquellas confederaciones y responsables del ahogamiento de animales en canales por inacción y falta de mantenimiento de las infraestructuras.
En el contexto de esta campaña se han mantenido, o solicitado sin éxito, reuniones con las diferentes confederaciones de todo el país para exponer la problemática y proponer medidas y que Fundación Artemisan y las federaciones de caza seguirán iniciando acciones legales “contra todas aquellas que sigan mirando hacia otro lado”.
La Fundación Artemisan es una organización privada sin ánimo de lucro, cuyo objetivo es promover la gestión y conservación de especies de fauna y flora a través de la investigación, comunicación y defensa jurídica, prestando especial atención al aprovechamiento sostenible de especies cinegéticas “para al beneficio de los ecosistemas y el mundo rural”. La integra un amplio número de organizaciones del ámbito cinegético, incluyendo Federaciones de Cazadores, propietarios privados, empresas y particulares. Defiende la actividad cinegética y otros aprovechamientos del medio natural que “contribuyan significativamente a la conservación de los ecosistemas y al desarrollo económico y social”.