Ni corrupción ni trama rusa: la última macrocausa del juez Aguirre contra el independentismo acaba enterrada

“Irregular maniobra procesal”, “imaginativa solución alternativa no contemplada por la ley” o “fraude de ley”. Los reproches que dedica la Audiencia de Barcelona al juez Joaquín Aguirre van más allá de un toque de atención en el archivo de la trama rusa del procés. Suponen el colofón de los desencuentros del juez con sus compañeros togados y un nuevo entierro de las macrocausas que, cual rompecabezas sin fin, ha ido construyendo el magistrado en los últimos años en contra de dirigentes independentistas.

Aguirre, el más veterano de los jueces de instrucción de la capital catalana, se jubilará voluntariamente el próximo mes de enero a los 66 años. Tras décadas abonado a los grandes casos mediáticos que le granjearon popularidad, la resolución de este martes de la Audiencia de Barcelona implica una mancha difícil de borrar en el final de su carrera. No será recordado como el juez que pudo frenar la amnistía contra Puigdemont, como el propio instructor presumió, sino como el que clonó sin amparo legal, en contra de lo ordenado por sus superiores, una investigación para frenar el olvido penal al expresident.

La trama rusa del procés nació en agosto de 2019 como una derivada de otra macrocausa iniciada en 2016 por el juez Aguirre sobre supuestas subvenciones irregulares de la Diputación de Barcelona para beneficiar a entidades afines a Convergència. Dos conversaciones del convergente Víctor Terradellas con los empresarios y exdirigentes de CDC y ERC David Madí y Xavier Vendrell dieron pie al instructor para investigarlos a todos en secreto durante un año y pinchar sus teléfonos.

El juez ordenó en octubre de 2020 una batería de entradas y registros. La trama rusa (el juez llegó a poner por escrito que el Govern de Carles Puigdemont negoció el envío de 10.000 soldados del Kremlin) era solo una de las piezas que investigaron la financiación del expresident en Waterloo; los negocios de Madí y Vendrell; una trama de presunta corrupción urbanística; un negocio petrolero con Rusia; o incluso los mensajes del jefe de la oficina del expresident, Josep Lluís Alay, con un mosso.

Más de ocho años después de la apertura del caso Diputación y cuatro años después del inicio del denominado caso Voloh, de la veintena de piezas separadas que acumulaban las tres macrocausas, a día de hoy siguen abiertas tan solo tres. El resto se han archivado, la mayor parte de ellas a petición de la propia Fiscalía Anticorrupción, que llegó a mantener sonoros desencuentros con el juez.

De las primeras en archivarse fue la pieza que indagó en los negocios del exdirigente de Convergència David Madí. La sospecha de que cobraba por su influencia como lobbista se desvaneció. Después vino el carpetazo a las pesquisas del exconseller y secretario general de ERC Xavier Vendrell con la conselleria de Salut. En el mismo archivo del juzgado, pero más recientemente, quedó la causa que investigaba la presunta corrupción urbanística de Vendrell en Villa Bugatti.

El archivo de esta última pieza a principios de diciembre lo acordó la jueza sustituta de Aguirre, quien pasa sus últimas semanas antes de la jubilación de baja, según fuentes judiciales.

De las tres piezas que quedan abiertas, una es relativa al presunto fraude en la Diputación con tres subvenciones a las entidades de Terradellas, Catmón e Igman (aunque el TSJC ya puso varios reparos a las pesquisas). Las pesquisas empezaron en 2016 y pese a estar finalizadas el juez no ha formalizado si envía el caso a juicio o lo desestima. El resto de expedientes analizados sí fueron archivados.

Tampoco existen a día de hoy grandes números de que las dos ramificaciones de la causa Voloh que siguen abiertas terminen en un juicio. El propio juez admitió hace unos meses que perdió el auto que dejaba a un paso del juicio a Alay por reclamar información de la base de datos policial a dos mossos d'esquadra, mientras que la Guardia Civil tampoco ha logrado confirmar tras cuatro años de investigaciones que los fondos públicos conseguidos por la empreas Events a través de concursos terminaran financiando la residencia de Puigdemont en Waterloo.

La historia se repite, pero con novedades

Lo ocurrido este martes con la trama rusa del procés no es nuevo en las macrocausas instruidas por Aguirre. Su forma de investigar, tendiente a abrir varios hilos, pero tardar mucho en cerrarlos, ha provocado que incluso sus pesquisas más recordadas, como el caso Gran Tibidabo, terminaran en condenas menores debido al largo tiempo transcurrido de la instrucción.

También terminó en nada tras once años de instrucción de Aguirre el caso Macedonia, que llegó a ser la gran investigación de corrupción policial vinculada al narcotráfico en Catalunya. La sentencia del caso censuró la hipótesis del instructor, anuló por desproporcionados varios de los pinchazos telefónicos acordados y constató la “evidente animadversión” que generó la instrucción del caso Macedonia entre el juez Aguirre y el major de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero.

La otra gran causa mediática actual de Aguirre, el caso Negreira, ha vuelto al mismo punto que la denuncia inicial de la Fiscalía tras un año y medio en que el magistrado intentó aumentar los delitos del caso e imputar al presidente del Barcelona, Joan Laporta, extremos corregidos también por la Audiencia de Barcelona.

En el caso de la trama rusa, las razones que han dado al traste con el caso han sido la falta de actividad de investigación del magistrado y su posterior “fraude de ley”, en palabras de la Audiencia de Barcelona, para mantener imputado a Puigdemont e impedir su amnistía. Cabe recordar que la misma sección de la Audiencia de Barcelona que ahora ha cargado con contundencia contra el juez avaló los pinchazos telefónicos del caso.

Ahora, sin embargo, Aguirre ha ido demasiado lejos, según la conclusión de los magistrados encargados de revisar sus decisiones. A principios de junio, los jueces anularon la prórroga de la investigación de la trama rusa porque el juez había mantenido la causa en “seis meses de completa inactividad”. En consecuencia, le conminaron a decidir si enviaba el caso a juicio o lo archivaba.

Pero la amnistía se cruzó en medio de la orden judicial y Aguirre no hizo ni una cosa ni la otra. El juez, en sus propias palabras, halló una “solución alternativa” consistente en abrir una pieza separada nueva, a partir de otra distinta a la que le habían tumbado, para investigar los mismos hechos que sus superiores le habían impedido investigar.

El nivel de contundencia de sus superiores contra la maniobra de Aguirre tiene pocos precedentes recientes. No solo censuran el “subterfugio procesal” del juez, sino que incluso le advierten de “responsabilidades” si no archiva de inmediato la trama rusa. El Supremo, tribunal al que Aguirre había enviado a Puigdemont en julio, llevaba esperando esta resolución de la Audiencia de Barcelona para decidir si imputaba al expresident, algo poco probable dada la orden fulminante de archivo realizada por los magistrados.

A la espera del TSJC

El final de la carrera judicial de Aguirre todavía tiene pendiente un capítulo. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) debe decidir si admite la querella de Puigdemont contra Aguirre. La denuncia del expresident se centra precisamente en la decisión de Aguirre de mantener abierta la trama rusa del procés mediante la pieza que ahora la Audiencia ha anulado.

Los jueces de la máxima instancia catalana tienen sobre la mesa dos razonamientos jurídicos opuestos. La Fiscalía Superior de Catalunya pidió el archivo del caso al concluir que la maniobra que la Audiencia de Barcelona ha considerado un “fraude de ley” suponía, en cambio, una “interpretación jurídica totalmente razonable y sostenible”. En suma, está en manos de la Sala Civil y Penal del TSJC decidir si Aguirre termina su carrera no solo con el correctivo jurídico recibido este martes, sino con una imputación por prevaricación.