Los empresarios de la operación Voloh piden anular los pinchazos telefónicos y cuestionan que el juez pudiera investigarles

Turno para las defensas en la operación Voloh. Los empresarios cercanos al procés investigados por un juez de Barcelona por varios delitos –desde presunta corrupción a su supuesto liderazgo de las protestas de Tsunami Democràtic, pasando por una trama rusa para ayudar a la independencia– han reclamado a la Audiencia de Barcelona que anule los pinchazos telefónicos acordados por el instructor, de quien también han cuestionado la competencia para investigarles.

La iniciativa la ha tomado la defensa del empresario y expolítico de Convergència David Madí. En su escrito, Madí considera que deben anularse las intervenciones telefónicas –que se alargaron más de un año– porque en el momento de acordarse por el juez no existían “indicios racionales” de actividad delictiva. Los pinchazos solos se basaron, recalca la defensa que ejerce la letrada Olga Tubau, en una “conjetura” y una “primera hipótesis policial sin fundamento objetivo de clase alguna”.

La palanca a la que la Guardia Civil se agarró para pedir al juez que interviniera los teléfonos de Madí fueron dos conversaciones halladas en el móvil de otro de los investigados en la causa, el exresponsable de relaciones internacionales de Convergència, Víctor Terradellas (imputado por las presuntas subvenciones fraudulentas de la Diputación de Barcelona a entidades cercanas a los convergentes).

Se trata de dos conversaciones –que la Guardia Civil dice que grabó Terradellas, algo que niega el investigado–, que el exresponsable internacional de Convergència mantiene con Madí, por un lado, y con el exconseller de ERC y ahora empresario Xavier Vendrell. En las charlas se habla de criptomonedas y Terradellas aventura con qué habría ocurrido si un grupo ruso que dice conocer hubiera ayudado a los independentistas durante el otoño soberanista de 2017, algo que Madí y Vendrell reciben con escepticismo.

En base únicamente a las dos grabaciones, la Guardia Civil pidió al juez la intervención de los teléfonos de Madí, Vendrell y del excónsul honorario de Letonia en Barcelona, Xavier Vinyals, de los que deducía que intentaban desviar fondos públicos y convertirlos en criptomonedas. Lo contrario sostiene la defensa de Madí, para quien los dos audios no aportan “ningún elemento” que permita barajar la hipótesis de la Guardia Civil, puesto que lo único que se plantea en las grabaciones es la eventualidad de que la Generalitat acepte pagos en criptomonedas, sin “una sola alusión” a su posible instrumentación para desviar dinero público y a que el Ejecutivo catalán lo vaya a aprobar.

En su recurso, adelantado por La Vanguardia, Madí pide a la Audiencia que anule la primera intervención telefónica, acordada en agosto de 2019, y de todas las prórrogas posteriores, al concluir que las escuchas se acordaron prescindiendo de “normas esenciales”, lo que le ha provocado indefensión y ha vulnerado su derecho fundamental al secreto de las comunicaciones. Además de los pinchazos, la defensa de Madí solicita la nulidad del auto de entrada y registro del pasado 28 de octubre en el despacho de David Madí, con lo que, de prosperar, el recurso dejaría la investigación vacía de todo contenido.

La defensa de Madí recuerda además que la Fiscalía se opuso a la primera de las intervenciones telefónicas al tildarlas de “precipitadas” y apreciar que no había suficientes indicios para acordarlas. Para la defensa la posición de la Fiscalía es relevante porque su misión es velar por el “principio de legalidad y sujeción a la Constitución y el ordenamiento jurídico”. La forma de proceder de la Guardia Civil y el juez, concluye Tubau, “es la propia de una investigación prospectiva prohibida constitucionalmente”.

Soler cuestiona la competencia del juez

Por otro lado, la defensa del editor Oriol Soler, también detenido el pasado 28 de octubre, ha pedido a la Audiencia de Barcelona que aparte del caso al juez instructor, Joaquín Aguirre. Argumenta la defensa que el juez se ha atribuido la competencia para investigarle por cuestiones políticos, no jurídicas, ya que el instructor debería haber enviado a otro juzgado cualquier sospecho que no estuviera relacionada con el objeto inicial de la causa, las presuntas subvenciones fraudulentas de la Diputación,.

Soler, al igual que Madí y Vendrell, fueron miembros del sanedrín que organizó el 1-O junto al Govern y fue detenido el pasado 28 de octubre, en el marco de una causa en la que el juez investiga el presunto desvío de fondos públicos al expresident Carles Puigdemont, varias operaciones de tráfico de influencias posibles contactos entre el independentismo y Rusia en busca de apoyo al procés así como la dirección de las protestas de Tsunami Democràtic.

En su escrito, Benet Salellas, abogado de Soler, ha pedido a la Audiencia de Barcelona –tras negarse el juez Aguirre– que remita la nueva investigación al decanato de los juzgados de Barcelona para su reparto, al entender que el instructor no puede asumir un procedimiento que guarda “absolutamente sustantividad propia” respecto a la causa principal, sin una resolución que argumente la “conexidad” entre ambos casos.

Aguirre rechazó la petición de Salellas al concluir que el “criterio habitual” de los juzgados de Barcelona establece que el juzgado que ya investiga unas diligencias será el “competente” de las que deriven dee las mismas. Por contra, la defensa recuerda que la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que “cada delito dará lugar a la formación de una única causa” y denuncia que se han vulnerado los derechos de Soler al “juez natural y al juez imparcial”.

El escrito resalta que “el mantenimiento de una competencia injustificada” de Aguirre en el caso “rompe totalmente la apariencia de imparcialidad”, puesto que “puede provocar una sospecha razonada de que el órgano judicial se está adjudicando el conocimiento del expediente más allá de lo que legalmente le corresponde por motivos ajenos a la administración de justicia”. “Y esto aún se agrava más en la presente causa, que tiene una trascendencia política propia evidente, en tanto en cuanto versa sobre el procés catalán y los sujetos investigados forman parte o son próximos a partidos u organizaciones políticas”, apostilla Salellas.