“Hemos cambiado el sentido del voto, pero no de opinión”. Con esta frase ha intentado justificar la líder de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, el giro a última hora del partido que ha tumbado la tramitación de la ley para poner freno al abuso del alquiler de temporada. La opinión de los herederos de Convergència, sin embargo, sí ha variado en los últimos años en materia de vivienda: de apoyar la regulación de precios en Catalunya en 2020, los de Carles Puigdemont han pasado a rechazar la intervención en el mercado, lo que ha supuesto que se sumen a PP y Vox en las últimas votaciones en el Congreso.
El retorno de Junts a posiciones liberales contrarias a la regulación en vivienda ha sido la vuelta de tuerca a los problemas de todas las administraciones para abordar la crisis de un derecho reconocido en la Constitución. En el último lustro, los intentos de la Generalitat para legislar han chocado con un debate competencial resuelto en favor del Estado y una ley de Vivienda que no se aprobó hasta la primavera de 2023. Todo ello mientras los alquileres no han dejado de subir en Catalunya, y en Barcelona en particular. El alquiler de temporada ha sido la última vía para burlar la normativa estatal y poner más problemas a los inquilinos.
La influencia de la CUP y ERC en las mayorías parlamentarias durante el procés arrastró, en ocasiones, a Junts, hacia posiciones favorables a la intervención pública en el mercado de vivienda. Para muestra, la ley catalana de topes al alquiler aprobada en 2020 con los votos de Junts, ERC, los Comuns y la CUP, que fue declarada inconstitucional en 2022 e hizo fracasar el primer intento de una autonomía para regular los precios.
Desde que no ocupa puestos de poder, la formación de Carles Puigdemont tiene manos libres para ser oposición en el Parlament y el Congreso pese a haber facilitado la investidura de Pedro Sánchez. Tres años después de haber votado a favor de regular los precios en Catalunya, Junts votó en contra de la ley estatal de Vivienda que legisló en el mismo sentido. La excusa de los neoconvergentes para rechazar la medida fue la invasión de competencias de la Generalitat.
El argumento competencial también sirvió a Junts para votar en contra del decreto que, en tiempo de descuento, aprobó el anterior Govern de Pere Aragonès en el Parlament para atajar los desmanes del alquiler de temporada, una modalidad de arrendamiento que acorrala a los inquilinos y que sirve para burlar la regulación de precios. Según expresó entonces la portavoz de Junts en el Parlament, Mònica Sales, los alquileres de temporada debían regularse, “pero no así”.
Tampoco el decreto impulsado ahora por los sindicatos de inquilinos en el Congreso para frenar el uso fraudulento del alquiler de temporada y de habitaciones ha sido la manera, a criterio de los de Puigdemont. Más que su negativa de fondo, han sido las formas negociadoras de Junts (cambiaron su sentido del voto para tumbar la tramitación de la ley al saber que, si mantenían su abstención anunciada, la norma iba a estudiarse en el Congreso) las que han enfurecido a los partidos de izquierdas y entidades sociales.
“Cambiamos el voto cuando se nos avisó que con nuestra abstención facilitábamos la aprobación de la ley”, ha admitido este miércoles Nogueras. El Sindicato de Inquilinos de Barcelona ha reaccionado con una protesta este miércoles por la tarde en la sede de la formación. “Junts se ha situado como una marioneta de la patronal y es un partido que no tiene palabra”, ha lanzado uno de los portavoces del Sindicato, Enric Aragonès.
Tras una jornada en la que el Gobierno y los partidos de izquierda han arremetido con dureza contra el partido nacionalista por su voto contrario a la tramitación de la norma, el líder de la formación, Carles Puigdemont, ha empleado la red social X para responder al Ejecutivo. Sin más mención al problema de la vivienda que la remisión a una nota de prensa de este martes de Junts sobre el decreto, Puigdemont ha querido enfocar hacia el Gobierno: “¿No se negocia un decreto, una ley, un nombramiento? Entonces no pueden dar por descontado nuestro voto”. El líder de Junts no ha explicado en su intervención en X el cambio de voto de su partido.
Puertas giratorias con el sector inmobiliario
Durante el debate de este martes en el Congreso, la encargada de defender la posición de Junts fue Marta Madrenas, exalcaldesa de Girona que antes de entrar en política era agente de la propiedad inmobiliaria (API) con responsabilidades en los puestos de mando de los profesionales al servicio de los propietarios de vivienda: fue presidenta del colegio de API de Girona y vicepresidenta del consejo catalán de API entre 2003 y 2010.
Un camino contrario recorrió el responsable durante una década de las políticas de vivienda de la Generalitat, Carles Sala. Catorce días después de cesar como secretario de Vivienda del Govern tras la salida de Junts del Ejecutivo, Sala fichó como miembro de la junta directiva y portavoz del colegio de agentes inmobiliarios de Catalunya (API). Dirección similar tomó la exconsellera de Justicia, Lourdes Ciuró, que tras salir del Govern en 2022 fue contratada por el colegio de administradores de fincas de Barcelona y Lleida como asesora en relaciones institucionales y comunicación.
Los fichajes del sector inmobiliario entre expolíticos no son exclusivos de Catalunya. La exsecretaria de Estado de Transportes Isabel Pardo de Vera terminó rechazando presidir la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (ASVAL), capitaneada por fondos como Blackstone y Ares, el pasado mes de diciembre tras la polémica por el anuncio de su fichaje. Antes de renunciar, iba a ser la sucesora del exministro Joan Clos, que también fue alcalde de Barcelona, la ciudad más afectada por los abusos en el alquiler de temporada: hasta un 40% de la oferta de alquiler en la capital catalana (un 48% más que hace un año, según los datos de Idealista) ya es de esta modalidad de arrendamiento que escapa al límite de precios.