El Govern de Salvador Illa compra 743 pisos de inquilinos vulnerables de un solo fondo de inversión

El Govern de Salvador Illa ha incorporado a su cartera de vivienda pública 743 nuevos pisos, todos ellos ocupados por inquilinos vulnerables. La Generalitat ha realizado esta adquisición a traves del derecho de tanteo y retracto de la administración, después de que el fondo de inversión propietario, Divarian, intentara sacar a la venta en el mercado privado estos inmuebles.

Se da la circunstancia de que la práctica totalidad de los inquilinos de estos pisos ya estaban protegidos por el programa Reallotgem de la Generalitat, que garantiza el pago del alquiler a familias que han sufrido procesos de desahucio por impago. Este programa garantiza que las familias puedas quedarse en sus domicilios a cambio de alquileres proporcionales a sus ingresos. Sin embargo, si el fondo de inversión vende estos pisos, nada garantiza que el nuevo propietario acepte las condiciones negociadas con la Generalitat.

“Es la compra más grande que se ha hecho a través del derecho de tanteo y retracto”, ha asegurado la consellera Silvia Paneque, que ha recordado que el anterior Govern de Pere Aragonès ya adquirió un paquete de algo más de 400 pisos. “Lo hemos hecho por un lado para proteger a las 743 familias, que podrán seguir viviendo en sus domicilios, pero también por el ahorro que supone para las arcas de la Generalitat, que pagaba seis millones de euros anuales en estos alquileres”, ha destacado.

En total, la operación ha costado en torno a 72 millones de euros, lo que supone que cada inmueble se ha saldado por unos 97.000 euros de media. Según ha explicado la consellera, esto supone un ahorro de más de 40.000 pisos si estos se hubieran tenido que construir. El fonde de inversión propietario tenía la obligación de ofrecerlos de forma preferente a las administraciones antes de colocarlos en el mercado libre, una oportunidad que el Ejecutivo catalán ha aprovechado.

A partir de ahora, será la Agència Catalana de l'Habitatge la que se hará cargo de la gestión del día a día de estos pisos y, también, de cobrar los alquileres a sus ocupantes. El Govern asegura que los precios que pagarán no cambiarán, pues ya eran alquileres sociales proporcionales a la capacidad de cada familia. Tampoco habrá fecha límite para el alquiler de estas familias, aunque el Govern sí estudiará la posibilidad de que puedan adquirirlos si alguna familia se interesa por ellos.

Este paquete de 743 pisos se incorpora al plan del Govern para construir de 50.000 viviendas antes de 2030 que, según ha detallado este miércoles la consellera, serán mayoritariamente de nueva construcción, pero en el que también puede haber adquisiciones como la ejecutada ahora. Aunque el president de la Generalitat habló de 50.000 viviendas “públicas” en realidad la mayoría serán estimuladas desde el sector público y con precio regulado, pero no necesariamente de titularidad pública, según han detallado más recientemente desde la consejería.