El juez imputa a la exdirectora del CNI por el espionaje con Pegasus a Pere Aragonès

Acelerón sin precedentes a la investigación de la infiltración a los móviles de independentistas catalanes con el programa Pegasus. Un juez de Barcelona ha admitido la querella del president de la Generalitat, Pere Aragonès, y ha citado a declarar como imputada a la exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Paz Esteban, que se convierte en el primer cargo de inteligencia investigado por el espionaje.

En un auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, el magistrado Santiago García atiende la totalidad de diligencias propuestas por el letrado del president, Andreu Van den Eynde, para esclarecer el “espionaje político” al que, a juicio de Aragonès, fue sometido por el CNI. El juez avala la investigación a fondo solicitada por el president.

Veterana del servicio de inteligencia, Esteban fue la primera mujer en ocupar la dirección del centro en 2019, pero fue cesada en mayo del año pasado para cerrar la crisis política abierta entre el PSOE y ERC por el caso Pegasus.

Hasta ahora ninguno de la media docena de togados que investiga el espionaje denunciado por los independentistas había dado el paso de imputar a la exjefa de la inteligencia española. El juez ha fijado la declaración como investigada de Esteban para el próximo 13 de diciembre, misma fecha en la que Aragonès comparecerá como perjudicado.

Según el juez, la “intromisión no autorizada en equipos informáticos”, la “interceptación ilegal” de las comunicaciones de Aragonès y su eventual “espionaje” mediante la adquisición del programa Pegasus podría constituir varios delitos de revelación de secretos así como un delito contra los derechos fundamentales.

Cabe recordar que Esteban admitió en la comisión de secretos oficiales del Congreso que Aragonès había sido uno de los 18 independentistas infiltrados con el programa espía, pero siempre con la autorización del magistrado del Tribunal Supremo encargado del control de la actividad del CNI.

La infección al teléfono de Aragonès se produjo en enero de 2020, cuando el dirigente republicano, entonces vicepresident del Govern que encabezaba Quim Torra, participaba de múltiples eventos personales y políticos, entre ellos las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez.

Aragonès, por su parte, celebra que “después de un año y varios meses, desde los órganos de justicia se hayan iniciado las actuaciones”. Igualmente, espera la “máxima colaboración con la justicia por parte de todas las autoridades del estado español”, ha dicho el President, en una atención a medios, en referencia a instituciones como el Gobierno o el CNI.

También considera la admisión a trámite de la querella como “un paso importante” para aclarar “toda la verdad” sobre el caso de espionaje. “Queremos saber quién ordenó espiar el independentismo. La vulneración de derechos fundamentales y políticos no puede quedar impune”, ha manifestado en un mensaje publicado en la plataforma X.

Petición al Supremo

El alud de diligencias acordadas por el juez no se detiene en la imputación de la exjefa del CNI e incluye varios requerimientos tanto al propio Centro como a la empresa israelí que comercializa Pegasus, NSO Group, así como al Tribunal Supremo y al de Cuentas.

En concreto, el instructor exhorta al magistrado del Tribunal Supremo Pablo Lucas Murillo de la Cueva, el juez de control del CNI, para que certifique si avaló el uso del 'software' espía –tal y como alegó Esteban en el Congreso– en Aragonès, y que, en caso positivo, remita los autos judiciales que lo argumentaron.

Si el juez del Supremo confirma que autorizó el uso de Pegasus en el móvil de Aragonès, el president ya avanzó que acusaría de prevaricación al magistrado del Alto Tribunal. Van den Eynde argumentó en su querella que actuaría contra el togado porque, a su juicio, “no puede existir ninguna justificación para la utilización de un 'software' de monitorización absoluta”.

Por otro lado, el instructor reclama al CNI que le comunique si ha adquirido Pegasus o cualquier otro producto similar a NSO Group; los funcionarios y responsables que participaron en el encargo; y los datos del 'hackeo' que conserven. Antes de formalizar la solicitud al CNI, el juez ha realizado una petición de “pertinente desclasificación” de información al Consejo de Ministros al tratarse de asuntos de inteligencia.

El magistrado también quiere seguir el rastro del dinero y solicita que el Tribunal de Cuentas y la Intervención General del Estado le aporten documentos contables sobre si el CNI pagó por Pegasus a NSO u otros productos de interceptación masiva de comunicaciones.

De Israel a Luxemburgo

Por el lado de la empresa, el juez quiere esquivar el silencio de Israel que hasta ahora ha obstaculizado la investigación del caso, y que fue precisamente lo que obligó al magistrado de la Audiencia Nacional que investigaba el espionaje con Pegasus al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a varios ministros, a archivar el caso.

La solución pasa por requerir la misma información que hasta ahora se enviaba a Israel –país donde está la sede de NSO pero que puede decidir no colaborar con España– a Luxemburgo, donde la firma tiene su filial europea. Al formar parte del espacio judicial europeo, a priori Luxemburgo debería cooperar.

El juez solicita a la filial de NSO Group en Luxemburgo que identifique, en primer lugar, a los responsables de la empresa para citarles como investigados. Pero la petición no se queda ahí: el juez reclama a NSO que certifique con documentos si ha comercializado Pegasus con organismos gubernamentales españoles, y que señale a los concretos representantes del Estado que intervinieron en la compra del programa.

Mediante una orden europea de investigación y cooperación judicial, el juez también solicita a la filial luxemburguesa del grupo israelí si guarda datos relativos al uso del 'software' espía en el dispositivos infectado del president.

La misma información se requiere al presunto comprador, esto es, el CNI. El juez exhorta al Centro para que diga si compró el programa espía, qué persona u organismo lo autorizó, así como si conserva los datos referentes a los sistemas informáticos intervenidos.