El juez Llarena confirma que no aplica la amnistía a la malversación atribuida a Puigdemont

El juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha confirmado que según su criterio la ley de amnistía no elimina el delito de malversación atribuido a Carles Puigdemont y los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig. El magistrado ha rechazado el recurso que el expresident catalán presentó contra su primera decisión en ese sentido: “Decidieron cargar a los fondos públicos aportados por los contribuyentes el coste” del procés de 2017 para organizar el referéndum del 1 de octubre, afirma el instructor de la causa.

Ni el magistrado que instruyó la pieza principal del procés ni tampoco la Sala de lo Penal, que juzgó y sentenció el caso, han aceptado aplicar esta norma al delito por el que todavía está procesado el líder de Junts y hoy diputado en el Parlament catalán. La pervivencia de la acusación por malversación es la que, a día de hoy, mantiene activa la orden de búsqueda y captura nacional contra Puigdemont después de que el caso Tsunami por terrorismo quedara archivado por un error del juez Manuel García Castellón.

Una de las decisiones tomadas en este sentido contaba con un voto particular en contra de la magistrada Ana Ferrer, compañera de sala de Llarena. En este nuevo auto, el instructor contesta que “en los más de 200 años de jurisprudencia del Tribunal Supremo español no existe ni una sola resolución” que permita amnistiar la malversación de Puigdemont.

Llarena añade que esta decisión no es una “disquisición” del Tribunal Supremo, sino que ha sido el legislador quien ha “ofrecido una interpretación auténtica” del término “enriquecimiento” que les permite entender que usar medios públicos para poner en marcha el procés no es amnistiable. Incluso si el beneficio que se le atribuye a Puigdemont no implica “el material incremento de capital” del propio expresident.

La causa principal del procés es, por el momento, la única causa abierta contra Puigdemont. La acusación contra él por sedición decayó con la despenalización de este delito, y después de que los jueces entendieran que no se podía sustituir por los desórdenes públicos, pero los jueces mantuvieron activa la causa contra él por malversación. El Supremo también está a la espera de tomar una decisión sobre la vertiente de la 'trama rusa' en la que el juez Joaquín Aguirre acusa al expresident, entre otros delitos, de terrorismo por las supuestas injerencias de un entramado de origen ruso en el procés.

Varios partidos han criticado la decisión del juez. “Ir en contra de la amnistía es ir en contra de España, de la normalidad y de la política”, ha dicho la portavoz adjunta de Sumar en el Congreso, Aina Vidal. “El Supremo rechaza aplicar una ley emanada del parlamento, la Ley de Amnistía, demostrando una vez más que en el siglo XXI los avances democráticos se frenan con golpes de togas. Este golpe a la democracia es el resultado de la rendición del PSOE ante la derecha judicial”, ha dicho en sus redes sociales la secretaria general de Podemos, Ione Belarra.