Casi la mitad de los 230 presos con discapacidad intelectual que hay en Catalunya no tiene reconocida su condición

La Sindicatura de Greuges, el Defensor del Pueblo catalán, ha recomendado que las personas con discapacidad intelectual que cumplen penas de prisión no permanezcan internas en centros penitenciarios, sino que se busquen alternativas más adecuadas para su situación como la semilibertad o el tercer grado.

Según los datos de la Sindicatura, en las cárceles catalanas había 236 discapacidades intelectuales en 2024, 218 hombres y 18 mujeres, un 1,8% de todos los reclusos, pero con un porcentaje mayor en las mujeres que en los hombres. Solo 136 tienen certificado oficial de discapacidad.

En su informe anual de 2024, el Mecanismo Catalán de Prevención de la Tortura (MCPT), el organismo de la Sindicatura encargado de velar por los derechos humanos en las cárceles, concluye que la prisión no es un lugar adecuado para estas personas, informa la Agència Catalana de Notícies (ACN).

El MCPT ha pedido que los condenados puedan cumplir las penas de forma alternativa. “La apuesta por el medio abierto de las personas con discapacidad intelectual debe ser una prioridad”, ha manifestado la síndica, Esther Giménez-Salinas.

La falta de medios para facilitar la mera comprensión de un procedimiento o de sus derechos lleva a las personas con discapacidad intelectual detenidas a depender de la empatía y la buena voluntad de abogados y jueces.

Los tribunales deberían derivar a estas personas hacia otros recursos más adecuados a su situación. Sin embargo, al no hacerse --a menudo porque en esta fase no se detecta la discapacidad-- hay que asumir el problema desde la administración penitenciaria, indica la Sindicatura. “Todavía existen carencias que hacen que no se les preste una atención adecuada a sus necesidades”, ha denunciado la síndica.

Para empezar, no existen unidades específicas para atender las necesidades de este colectivo, a excepción del Departamento de Atención Especializada (DAE) de la prisión de Quatre Camins, en la Roca del Vallès (Barcelona), que trabaja bajo los principios de comunidad terapéutica. Se trata de una unidad de convivencia con 35 plazas, apartada de los módulos ordinarios del centro penitenciario. Se creó en la década de 1990 para abordar el gran problema de la adicción a las drogas de la población reclusa.

La síndica ha reclamado extender esta unidad a todos los centros, toda vez que algunos centros penitenciarios disponen de un departamento donde los presos con discapacidad conviven con las que no tienen este diagnóstico pero cuya situación vulnerable hace aconsejable que permanezcan en unidades de este tipo.

En suma, la falta de unidades específicas hace que, en la práctica, la mayoría de personas con discapacidad convivan mezcladas con otros internos vulnerables, ya sea porque sufren una patología mental, un problema de consumo de alcohol o drogas o una discapacidad. En algunas ocasiones, además, la estancia en estos espacios alternativos está limitada a dos años.

Otros centros penitenciarios, como el de Ponent, en Lleida, o el de Dones, en Barcelona, ni siquiera tienen previsto disponer de este espacio para atender a los internos en situación de vulnerabilidad.

El informe pone de manifiesto que las mujeres con discapacidad sufren una doble discriminación, porque o bien no existe un espacio específico para ellas o bien el que hay es claramente insuficiente. Existe un porcentaje elevado de personas con DID que no tienen el certificado oficial de discapacidad ni están detectadas como personas vulnerables. Por tanto, están ubicadas en módulos ordinarios e, incluso, se pueden encontrar en aislamiento de forma prolongada.

Giménez-Salinas, y el adjunto general, Jaume Saura, han entregado este lunes por la tarde al presidente del Parlament, Josep Rull, el 14º informe del MCPT. Durante 2024 se visitaron 35 centros con personas privadas de libertad o institucionalizadas. La mayoría de las visitas (19) corresponden a comisarías de policía, tanto de Mossos d'Esquadra (7) como, sobre todo, de policías locales (12).

También se visitaron 8 prisiones, 6 centros de justicia juvenil, un centro sociosanitario y un servicio de atención hospitalaria psiquiátrica. Como cada año, el informe contiene las fichas de todas las visitas, en las que se recogen las principales observaciones y conclusiones del Equipo de Trabajo del MCPT para cada centro visitado, así como las recomendaciones que se derivan.