Ha pasado más de un año desde que se destapó el escándalo de las licencias por edad en el Parlament, ese régimen especial que permitía a los funcionarios cercanos a la jubilación cobrar el sueldo íntegro sin ir a trabajar. Esa prerrogativa, que costaba 1,7 millones de euros al año, fue eliminada definitivamente un mes después de que la desvelara una investigación del diario Ara. Pero la polémica pasó sin que se conociesen al detalle los cargos y el salario exacto que percibieron.
Imma Folchi, que fue secretaria general entre 1999 y 2015, el cargo de mayor rango de la Cámara catalana, ingresó entre 14.000 y 15.500 euros al mes durante cuatro años sin tener que ir al puesto de trabajo ni desempeñar ninguna tarea. Fue entre 2018 y 2021. Por su parte, Pere Sol, su sucesor en el puesto, que ocupó solamente entre 2015 y 2016, se acogió al año siguiente al régimen de licencia por edad y percibió cada mes un salario de alrededor de 10.000 euros.
El detalle de las remuneraciones, que a veces triplican el salario base gracias a complementos y trienios, lo ha obtenido elDiario.es a través de una petición de Transparencia y un posterior recurso al Órgano de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Público de la propia Cámara. En él constan las licencias por edad que cobraron los tres altos funcionarios del Parlament, de rango A1 y nivel 17 o superiores, que solicitaron esta prerrogativa antes de la jubilación. Solo entre ellos tres percibieron 1,9 millones de euros en total. Asimismo, la información aportada por la Cámara incluye el desglose de los salarios de todos los letrados de la institución, que oscilan entre los 6.000 euros al mes y los 18.000 que llegó a cobrar el exsecretario general Xavier Muro.
Las licencias por edad se introdujeron en el régimen laboral del Parlament en 2008, bajo el mandato de Ernest Benach (ERC), y se mantuvieron durante las presidencias de Núria de Gispert, de CiU; de Carme Forcadell, de ERC, y hasta llegar a Laura Borràs, de Junts, que lo abordó a raíz del reportaje del Ara. Se podían acoger a ellas todos los funcionarios de la Cámara, desde ujieres y asesores lingüísticos hasta los más altos cargos, y los requisitos eran haber cumplido 60 años y llevar más de 15 en la institución. La licencia duraba hasta los 65 años y durante ese lustro, además de cobrar el salario sin ir a trabajar, cotizaban a la Seguridad Social.
De las 62 licencias por edad concedidas desde 2008, tres corresponden a esas categorías más altas de funcionarios. Además de Folchi y Sol, consta también David Pol Torrella, hasta 2015 Oïdor de Comptes del Parlament, es decir, su responsable económico y tesorero. Con licencia por edad desde ese ejercicio hasta 2019, cobró entre 9.000 y 10.000 euros al mes sin trabajar, un salario ligeramente inferior al que tenía estando realmente en activo, de entre 10.000 y 11.000.
Según reconoció la entonces presidenta del Parlament, Laura Borràs, en plena controversia por estas licencias, su coste total desde 2008 para las arcas públicas ha sido de 14,3 millones de euros. Esto significa que el 13% del total abonado dentro de este régimen corresponde a los exsecretarios generales, Folchi y Sol, y al extesorero Pol.
El escándalo no solo hizo que se pusiera fin a las licencias y que quienes disfrutaban de ellas fuesen llamados a incorporarse al trabajo desde el pasado noviembre. También provocó en su día una guerra interna entre letrados que acabó llegando a la opinión pública. Antoni Bayona, exletrado mayor del Parlament e integrante del órgano de transparencia de la Cámara, acusó a la entonces secretaria general, Esther Andreu, de obstaculizar las pesquisas periodísticas y la entrega de una información que debería ser de acceso público.
Catorce meses para revelar los sueldos públicos
Los salarios completos de todos los letrados, los nombres de los funcionarios más altos y la confirmación de quiénes y desde qué fechas han estado acogidos al régimen de licencia de edad es una información que este diario reclamó en enero de 2022, hace catorce meses. Pese a que la ley de Transparencia catalana, emanada del propio Parlament, estipula que las solicitudes de información deben resolverse en dos meses como máximo, ampliables en otros tres si hay recurso, la Cámara ha superado todos los plazos, dilatando la entrega de una información que fue en 2022 de candente actualidad en el debate político y de interés ciudadano.
La razón por la que sucedió esto es que, a diferencia con el resto de instituciones locales, autonómicas y de la administración central, los parlamentos no están por ley sujetos a los órganos de garantía de transparencia independientes, que en Catalunya es la GAIP, sino que forman su propio órgano interno, compuesto por sus funcionarios. Debido a esto, dos miembros de este órgano alegaron un conflicto de intereses en el mes de abril (eran letrados que debían valorar el acceso a información que les afectaba directamente).
El Parlament sin embargo incurrió en una dilación de más de cuatro meses, cuando no designó a los sustitutos hasta el mes de septiembre. Fuentes de la Cámara alegan que la Mesa solicitó a la Sindicatura de Cuentas y a la Oficina Antifraude de Catalunya que propusieran “un letrado cada una para poder proveer las dos vacantes” y resolver así la reclamación. Este proceso, aseguran, “retardó mucho el plazo de resolución”.
Con todo, una vez designados, la Cámara volvió a dilatar los plazos, para acabar dictando una resolución que admitía entregar los datos sobre los funcionarios de más rango, pero rechazaba dar detalles sobre el grueso de sus trabajadores.
Dos millones al año en sueldos del rango más alto
Las tablas retributivas de los funcionarios del Parlament son públicas, pero los salarios reales que perciben, sumando complementos y sobre todo trienios, suelen ser muy superiores. Al menos así se aprecia en la relación de sueldos obtenida por elDiario.es, en la que aparecen entre 11 y 18 altos funcionarios en función del año, y que incluyen letrados, el director de Informática, de Estudios Parlamentarios, de Gobierno interior o el interventor. Desde 2008 hasta 2021, la masa salarial de los empleados de este rango concreto ha aumentado de 1,4 millones anuales hasta los 1,9 millones actuales.
El que percibe una mayor retribución es el ya citado secretario general, con 254.000 euros en el último año completo facilitado, 2020, que corresponde a Xavier Muro. El montante corresponde a 86.000 euros de salario base, 82.000 de complementos y 85.000 de antigüedad. El siguiente en el escalafón, el letrado mayor, que en el último ejercicio entero analizado fue Joan Ridao, cobró 151.000 euros. Destaca también el sueldo de Antonio Bayona, que fue también letrado mayor, y que como director de Estudios Parlamentarios ingresó 218.000 euros en 2020. O el de Esther Andreu, exsecretaria general, que ese año era directora de la Oficina de Aran y percibió un salario de 159.000 euros.
Todos estos son salarios superiores a los de los consellers de la Generalitat, del president Pere Aragonès (132.000 euros al año) o la propia presidencia de la Cámara (155.000 euros). Sin embargo, no es menos cierto que están más cerca de lo que perciben los letrados con mayor responsabilidad en el Congreso de los Diputados. Las tablas salariales así lo indican. En el caso del secretario general, por ejemplo, son 11.800 euros mensuales en el Parlament y 11.500 en la Cámara Baja. Pero ahí habría que sumar la antigüedad. Se da el caso que en la institución catalana los trienios suponen el 5% sobre el salario base, a diferencia de la Generalitat o las empresas públicas, donde es del 3%.
Fuentes de la Cámara remarcan que los salarios son “homologables” a otras cámaras legislativas españolas y añaden que se explican también por el “alto nivel de profesionalización, especialización y responsabilidad” de los funcionarios. Además, a diferencia de otras Administraciones, señalan, las posibilidades de promoción o de movilidad territorial son nulas.
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