La Generalitat descarta ahora rescindir el contrato con Ferrovial para el rastreo de COVID-19

La Generalitat catalana seguirá contando con los servicios de Ferrovial en el proceso de rastreo del coronavirus. Pese a que el departamento de Salut anunció en junio pasado que “buscaría fórmulas” para rescindir el contrato, que había soliviantado a la comunidad sanitaria y había generado una guerra interna en el Govern, dos meses después el acuerdo no solo no se ha revertido sino que la conselleria considera que la centralita dependiente de la multinacional es un “actor” más del circuito de rastreo, que cree que en conjunto ha dado buenos resultados, por lo que la idea de cambiarlo ha sido enterrada.

“El rastreo es un proceso en el que intervienen diferentes actores”, explicó este martes la consellera Alba Vergès, que aseguró que, pese a que el contrato con Ferrovial continuaba vigente, los refuerzos económicos y nuevas contrataciones que se habían hecho durante el verano habían estado destinadas a otros ámbitos, todos ellos bajo gestión pública.

Según los datos del departamento, en Atención Primaria se han contratado a 1.400 personas como “gestores COVID”, mientras que otros 240 nuevos profesionales había reforzar los servicios de vigilancia epidemiológica. Esto, sumado a que se ha optado por no activar la parte variable prevista en el contrato de Ferrovial, que se ha mantenido con la plantilla básica de 230 personas, es el argumento que esgrimen desde Salut para justificar que finalmente se haya optado por mantener la externalización parcial.

Pese a que, tal y como indican desde la Generalitat, los refuerzos han ido a otras partes del sistema de rastreo y que no se ha optado por activar la parte variable del contrato de centralista, la mera contratación de la multinacional ha generado unas obligaciones totales de algo más de 5 millones de euros, que se suman al precio que ya se le pagaba por la gestión de la otra atención telefónica a través del teléfono 061, por la que las arcas catalanas pagan 10 millones anuales. Y todo ello pese a los problemas y carencias del servicio que salieron a la luz durante el rebrote ocurrido en Lleida en julio.

Inicialmente el contrato firmado por la Generalitat con Ferrovial incluía dos partes, una fija, que ascendía a 8,5 millones de euros en total, y otra variable, que podía ir hasta los 7,1. Sin embargo, tras conocer la intención del Govern de revisar el contrato, la empresa ofreció mantener el servicio con la estructura más básica y sin nuevas contrataciones, lo que ha permitido finalmente pagar un precio más bajo.

La Generalitat se enfrentaba además a tener que pagar una indemnización de entre los 500.000 y los 930.000, según cómo se acabase calculando, si finalmente optaba por revocar el contrato con Ferrovial sin acuerdo. Este precio además no garantizaba que la administración catalana no se enfrentase a más prejuicios, como la obligación de recolocar a los trabajadores.

Con esta decisión de continuar adelante con el contrato con Ferrovial el circuito de vigilancia epidemiológica queda tal y como ha estado durante las últimas semanas. Tras las protestas del sector, finalmente el Departamento aceptó que los centros de atención primaria fuesen las puertas de entrada del rastreo, a partir de los gestores COVID, es decir, las personas encargadas de realizar la lista de contactos a cada paciente que ha resultado positivo en una prueba PCR. Esta lista pasa directamente a la centralita gestionada por Ferrovial, que es la encargada de llamar a cada contacto, avisarle de su situación y pedirle que se aísle y que se realice una prueba. Además, los gestores COVID también informan a Salut Pública de cada contagio y sus contactos, para que estos puedan estudiar los brotes y sus orígenes.