Gemma Tarafa (1971) es la comisionada de Salud del Ayuntamiento de Barcelona. Licenciada en Biología, hasta su nombramiento ha estado muy vinculada a la investigación, primero en el Instituto Catalán de Oncología como investigadora (1998-2006) y en los últimos años como subdirectora del Grupo de Investigación sobre Desigualdades en Salud (GREDS) de la Universidad Pompeu Fabra (2010-2015). Desde el Ayuntamiento Tarafa encargó un informe para ver un mapa de “la privatización de la asistencia sanitaria pública en la ciudad de Barcelona” y asegura que Barcelona quiere que tarde o temprano todas las entidades con ánimo de lucro salgan la red de atención pública, también en el ámbito sociosanitario -donde hay un volumen mayor- y de salud mental. En equipamientos la prioridad, avanza, será para la atención primaria y la salud mental. Dos grandes objetivos para el consistorio, señala, son sembrar bien las bases para reducir las desigualdades en salud entre barrios y hacer de Barcelona un referente en salud comunitaria.
Ha pasado casi un año desde que Barcelona en Común entró en el Ayuntamiento. Las competencias en Salud del Ayuntamiento son limitadas pero.
Una cosa son las competencias y la otra son las capacidades. En el caso del ayuntamiento hay que distinguir lo que es salud pública, donde tenemos el cien por cien de las competencias y también de todos los CAPS de Barcelona hay 4 de gestión municipal o mixta, como es el caso de los PAMEM. Por lo tanto es una parte amplia donde podemos incluir temas como contaminación del aire, salud comunitaria, etc. Después tenemos el bloque de competencias puramente sanitarias, de asistencia sanitaria. Aquí las competencias son de la Generalitat pero muchas de las competencias en nuestra ciudad son compartidas y se gestionan desde el Consorcio Sanitario de Barcelona (CSB), donde la Generalitat tiene un 60% y el Ayuntamiento un 40%.
¿Cómo influye esto en la dinámica de trabajo del día a día?
Depende. Cuestiones de salud mental, comunitaria, etc. se han podido gestionar mucho más rápido que las que se deben gestionar trabajadas o pactadas con la Generalitat. Con el nuevo Govern hemos logrado generar diferentes grupos de trabajo que cuelgan del Consorcio que nos permiten hacer propuestas y cogestión de manera más práctica que con el anterior gobierno.
Hace unos meses presentasteis un primer informe sobre la “privatización” de la sanidad en Barcelona. Según el informe la asignación presupuestaria del CatSalut para conciertos con las entidades hospitalarias de agudos ha sido decreciente en todos los casos, excepto en las entidades privadas con ánimo de lucro. Por ejemplo el Sagrat Cor, del grupo QuirónSalud, experimenta entre 2011 y 2014 un aumento del presupuesto contratado con el CatSalut en un 25%.
Sí, un gran titular del informe podría ser que 200 millones de euros del presupuesto de sanidad van a centros sanitarios mercantiles, es decir, a privados con ánimo de lucro. El caso del Sagrado Corazón lo hemos puesto de manera muy clara sobre la mesa pero también tenemos casos así en salud mental y sociosanitarios. Por tanto, el informe lo vemos como una primera foto para saber qué pasa con la privatización de la sanidad en la ciudad de Barcelona. Somos conscientes de que este tema toca intereses pero puede ser todo menos poco riguroso, es un informe hecho con datos oficiales del CSB, del AQuAS y hecho por académicos. Los datos son los que son, debemos rehuir de un debate ideológico. Nos tenemos que acostumbrar a que los datos no sólo sean públicos sino que se entiendan.
¿Qué pensáis hacer ahora que ya habéis hecho el informe?
¿Qué podemos hacer a partir de ahora? Nosotros fuimos al CSB y en ese momento la Generalitat no tenía intención de mover ninguna ficha respecto a las propuestas que poníamos sobre la mesa porque consideraba que primero estaría bien terminar la auditoría que quieren hacer en Catalunya en una línea similar a esta. Lo que pasa es que la auditoría la han encargado a la misma persona o equipo que lo hemos encargado nosotros, por tanto quiere decir que de estos datos te fías. Lo que pudimos pactar entonces en el Consorcio fue empezar a poner manos a la obra y acordamos generar un equipo de trabajo Ayuntamiento-Generalitat para ver cómo aterrizamos algunas de las propuestas.
¿Como por ejemplo?
Todas las entidades mercantiles, para empezar, deberían cumplir la ley de transparencia y muchas no la cumplen. Nosotros hemos puesto diferentes medidas, como que todas las sociedades, mercantiles y no mercantiles, deben cumplir con la ley de transparencia: no sabemos cómo se gestionan los capitales, las eficacias de lo que se hace, resultados, etc. Nosotros distinguíamos las entidades privadas con ánimo de lucro y sin ánimo de lucro. Estas últimas, por ejemplo, en el caso de salud mental son entidades que han trabajado mucho en los últimos 30 años. Estas continuarán en el SISCAT pero es importante que cumplan unos criterios de economía social. Es importante enfocar bien este debate: no es un debate sobre sanidad pública o privada, lo que cuestionamos aquí es cuando capital público va a la privada con ánimo de lucro, que tiene beneficio y que además no podemos tener tanto el control de la calidad, derechos sociales de los trabajadores, etc. No se trata de si debe haber o no sanidad privada sino la cuestión es capital público que va a la privada con ánimo de lucro. Nuestra propuesta es que todas las entidades privadas con ánimo de lucro salgan del SISCAT, como lo hará el Sagrat Cor. En el sector sociosanitario, por ejemplo, asumen un volumen de trabajo muy grande por lo tanto sabemos que esto no se podrá hacer de la noche a la mañana.
En Barcelona hay varios temas que siquiera generan polémica sobre la interacción público-privado. Uno de estos es Barnaclínic. Habla de Barnaclínic como “uno de los casos más paradigmáticos de mercantilización existentes en Catalunya y España”. ¿Qué debería hacerse?
Usan espacio público, evidentemente pagan un alquiler, y con el riesgo de derivación de pacientes que salen de la pública y van hacia allí. Nosotros nos hemos reunido con el Hospital Clínico y les dijimos cuál era nuestra postura. Ellos ahora generarán un grupo de trabajo para ver hacia donde se gestiona Barnaclínic, y una de las opciones es que salga del espacio actual, que no esté en el suelo del Clínic. Esto resuelve uno de los riesgos pero el otro es la derivación de los pacientes por parte de trabajadores que compaginan su actividad en los dos centros. Esto depende de cómo no lo podrás controlar. Hay que ver cómo resuelven la parte jurídica y la parte física.
¿Y cuál es vuestra postura?
Nosotros pensamos que modelos como Barnaclínic no deben existir, por los dos riesgos que te comentaba. Un centro que está ubicado en un espacio que figura que no podemos abrir estos espacios porque no tenemos capital para abrirlos pero sí podemos añadir un centro como éste y la problemática de derivar los pacientes. No desconfío de la profesionalidad de los trabajadores del Clínic pero sí sabemos que es una cuestión que ocurre con otros antecedentes.
El sector de la sanidad mueve muchos actores, dinero público e intereses. ¿Cómo influyen en estos casos los grupos de presión? ¿Se ha encontrado con lobbies o ha recibido presiones?
No es un secreto para nadie que hay intereses en esta área, desde colegios, farmacéuticas o entidades. Un ejemplo de cómo creo que se deben abordar estos temas es la experiencia que hemos tenido con la Mesa de la Contaminación del Aire, donde hemos invitado a todos los actores que han querido tener voz. Son agentes que quizás hasta ahora también tenían voz pero lo hacían a puerta cerrada. Es importante que lo que tengan que decir lo digan pero al mismo nivel que todos.
El otro tema que genera política es el Hospital Sagrat Cor, uno de los tres centros del SISCAT propiedad de QuirónSalud que tiene ánimo de lucro y forma parte de la red sanitaria de atención pública. El conseller de Salut, Antoni Comín ha hablado de “desprivatización” pero ¿cómo lo puede asumir el sistema público? ¿Qué posibilidades reales hay con el Sagrat Cor?
Ahora se están poniendo sobre la mesa las diferentes opciones para ver cómo hospitales como este salen del SISCAT. ¿Esto qué quiere decir? Que todas las personas que por sanidad gratuita y universal entran al Sagrat Cor, si se pueden, sean reabsorbidas desde otros espacios. La voluntad política es clara, el cómo lo está mirando sobre todo la Generalitat. Es importante hacerlo bien por los pacientes y por los trabajadores. Lo que no podemos hacer es derivar 200 millones de capital público a la privada y mantener camas y quirófanos cerrados. Por ejemplo, es el caso del Centro Forum [atención sociosanitaria y salud mental Parc Salut Mar] que tiene 150 camas cerradas mientras se deriva financiación a sociosanitarios con ánimo de lucro. Estas situaciones tendrían un sentido si tuviéramos todas las camas y quirófanos copados, poniendo criterios de economía social pero antes de plantearlo, si hay camas cerradas y se pueden abrir hay que discutirlo.
En el caso de salud mental un 82% de las entidades que proveen servicios de atención son privadas.
Sí, pero sobre todo hay privado no mercantil y han sido sociedades sin ánimo de lucro las que han ido avanzando en este sector porque desde el ámbito público, desde las instituciones, no se le ha dado la importancia que se debía dar a la salud mental y si no lo hacían ellas, no lo hacía nadie. En el ámbito sociosanitario la parte mercantil es muy importante [según datos del informe encargado por el Ayuntamiento un 47,5% del volumen de contratación entre el CatSalut y las entidades proveedoras de servicios sociosanitarios va a parar a entidades privadas con ánimo de lucro]. Aquí tenemos casos extremos, como es el caso de las ambulancias o la rehabilitación, donde el porcentaje mercantil es escandaloso.
¿Esto se reflejará también en la rehabilitación o construcción de equipamientos?
Ahora nosotros estamos cerrando lo que es el Plan de Equipamientos 2016-2023, es decir, cuáles son los equipamientos sanitarios construir, rehabilitar o condicionar en nuestra ciudad. Esto lo hicimos desde el mes uno, cuando entramos intentamos ver cuáles son las necesidades en nuestra ciudad para que prevalezcan también las necesidades y las dificultades económicas de los diferentes distritos. En el plan de equipamientos debemos ver también reflejado que queremos reforzar la parte pública de la sanidad. Si todos los edificios que aquí construimos resulta que luego son concesiones a la privada mercantil no iremos muy en nuestra línea.
¿Cuáles serán las prioridades en equipamientos?
Se harán dos apuestas importantes: salud mental y primaria. Ahora bien, el Plan de equipamientos depende bastante de la ampliación presupuestaria de la Generalitat por lo tanto si no hay presupuesto consensuamos desde el CSB una serie de prioridades para que si la financiación es la que es sea posible hacer una parte más pronto y lo que no más tarde. En cuanto a distritos también queremos poner especial peso en distritos con peores indicadores de salud o condiciones socioeconómicas. Pondremos un acento especial en Nou Barris, Ciutat Vella, Sant Martí y Sant Andreu. Estamos viendo qué parte reforzamos y cuál no, si es necesario construir un nuevo CAP, etc. y por eso hablamos también con todos los distritos.
El informe La Salud en Barcelona concluye que en 18 de los 73 barrios de Barcelona las dificultades socioeconómicas se traducen en problemas de salud. Se calculaba la necesidad de 300.000 euros más para los presupuestos municipales de 2016 para extender a cinco barrios más el programa 'Salud en los barrios', que ya existe en 13 barrios de la ciudad. Por lo tanto entiendo que esto también depende de una ampliación presupuestaria.
Sí, pero se aprobará, en este sentido somos optimistas. Vimos que estos 18 barrios tenían unas condiciones impactantes respecto al resto aunque esto no quiere decir que no haya bolsas de población vulnerable que no sea en estos barrios. De los 18, 11 ya tenían algún programa preliminar de Salud en los Barrios. Y luego hay seis barrios nuevos que son Turó de la Peira, El Carmel, Can Peguera, Verdum, Gòtic y Trinitat Vella que no había nada de salud en los barrios. Por lo tanto, lo que hemos hecho es un diagnóstico en estos barrios a través de la gente de los CAPs, agentes, entidades, movimientos, etc. Esto nos permite desplegar unos programas y no otros, dirigidos a unos problemas de salud. Además, nosotros formamos parte del equipo de desarrollo del Plan de Barrios, que no sólo afecta a salud, porque los determinantes sociales de la salud son claves para tener una buena salud. La parte asistencial es importante para cuando ya estamos enfermos. Por ejemplo se están haciendo programas de rehabilitación de vivienda que ayudarán a la salud. Es por eso que hemos hecho un observatorio para que podamos ver cómo afectan la salud todas las políticas que estamos aplicando en el ámbito municipal.
¿Salud en todas las políticas?
Sí, es clave ir de la mano con otras políticas del Ayuntamiento. Por ejemplo, las personas que hace dos años que están en paro tienen 3 veces más riesgo de sufrir un trastorno de salud mental y ante ello no podemos cerrar los ojos.
Barcelona creó en enero la primera Mesa de Salud Mental. Uno de los objetivos de la Mesa es la creación de un Plan de Salud Mental para la ciudad.
Sí, tiene un objetivo finalista, al menos en una primera fase, y es hacer un mapa de la situación de la Salud Mental en la ciudad de Barcelona, que estará listo a finales de junio. Esto lo estamos haciendo con todas las entidades que vienen. Hemos intentado que no sea un abordaje desde salud pero, aquí vienen personas del Ayuntamiento de Servicios Sociales, Empleo, Vivienda y Educación. Así, por ejemplo, estamos hablando con Barcelona Activa para ver cómo potenciar el empleo de este tipo de personas.
A partir de los diferentes informes que habéis hecho o estáis haciendo, ¿os habéis fijado objetivos? Por ejemplo, ¿reducir en un porcentaje concreto las desigualdades entre barrios?
Sí, este debate lo hemos tenido claro. El informe nos ha servido para ver cuáles son las carencias y cuáles no y qué barrios son prioritarios. Por un lado es evidente que tenemos el objetivo de disminuir las desigualdades, ya que 11 años de esperanza de vida es una diferencia escalofriante en una ciudad como Barcelona. Te podría decir una cifra pero estas diferencias no se resolverán en uno o dos años, por lo tanto nuestro objetivo es sembrar bien las bases para este camino. El otro objetivo es hacer de Barcelona un referente en salud comunitaria, porque es la parte más esencial de la prevención y la promoción de la salud.
¿Cómo quiere este ayuntamiento trabajar la prevención?
No todo se arregla con dinero evidentemente pero es clave reforzar estos procesos e identificar qué temas hay que orientar de la primaria. Si queremos reforzar la primaria y la comunitaria nos lo tenemos que creer.
Hace unas semanas el departamento de Salud anunció que tramitará una ley catalana para blindar la universalidad. ¿Cómo lo valora? ¿El Ayuntamiento está trabajando ya para garantizar el empadronamiento de los colectivos más vulnerables?
Tenemos que verla finalmente escrita pero la Generalitat ha aceptado que cuando se dé el padrón se dé también la tarjeta sanitaria, por tanto que no haya una carencia de unos meses. En este sentido lo valoramos positivamente. Por otra parte, desde la voluntad de hacer esta norma hasta que se haga pueden pasar meses. Por eso, mientras tanto, se ha generado un comité para garantizar que las entidades nos puedan derivar casos de exclusión que les lleguen. Haremos una campaña por el tema de no cobro y además tendremos este comité donde estaremos mitad Ayuntamiento mitad Generalidad. Todos aquellos casos de problemáticas que nos lleguen que sean propios de padrón los derivaremos a un equipo creado para deshacer los nudos que hay en el empadronamiento.