29 sindicatos de vivienda de toda Catalunya han firmado un manifiesto para denunciar el “aumento de la represión policial y política” en los desahucios. Los firmantes aseguran que en los últimos años ha habido un incremento en el despliegue policial y ponen como ejemplo el reciente desahucio múltiple en el barrio del Raval de Barcelona o la “militarización” en el desalojo del Kubo y la Ruïna, en la zona alta.
Igualmente, también denuncian un incremento de la “represión judicial” y apuntan a casos como el del desahucio de una finca ocupada por familias con menores a cargo en la calle Olzinelles de Barcelona. Los Mossos d'Esquadra ejecutaron el desahucio esa misma noche y dos activistas fueron acusados de desórdenes públicos y atentados contra la autoridad. La Fiscalía pide seis años de cárcel para cada uno de ellos. El juicio, que tenía que celebrarse el pasado 29 de febrero, ha sido aplazado en tres ocasiones.
Con todo, aseguran que los sindicatos de vivienda cada vez tienen “menos margen para hacer política y defender los derechos y libertades políticos” y apuntan que desde 2019 el colectivo de defensa de la vivienda en Catalunya suma multas por valor de 300.000 euros.
Los firmantes enmarcan esta situación en una “estrategia de criminalización de la clase trabajadora” y en un “contexto de crisis profunda” que supone una “deriva autoritaria por parte de los Estados que ya no pueden garantizar bienestar a amplias capas de la sociedad”. Y es que, según apuntan, el impedimento de la actividad de estos grupos sirve para “apuntalar los beneficios de empresarios y grandes propietarios”.
El documento exige un respeto al ejercicio de derechos y libertades políticos para revertir la “naturalización del desahucio a ojos de la sociedad”. El texto ha sido refrendado por entidades como el Sindicat de Llogateres de Catalunya, diversos sindicatos de barrio de Barcelona y de municipios como Badalona, Reus, Palma o València.