Un centenar de vecinos y vecinas se han movilizado desde primera hora frente a un edificio de la número 106 de la calle del Carme, en el barrio barcelonés del Raval, para intentar evitar cuatro desahucios que estaban programados para la mañana de este miércoles. Tres de ellos eran en esa misma finca y un cuarto en un edificio a pocas calles de ahí, en Robadors.
Los activistas -que ya consiguieron parar uno de los desahucios en los juzgados este martes- llevan semanas preparando acciones para parar estos cuatro desahucios, que han definido como una “macrooperación”. Han sido más de ocho horas de protestas al pie de la finca de la calle del Carme, con los vecinos realizando cánticos, encendiendo bengalas e impidiendo el paso de los Mossos d'Esquadra. Finalmente, poco antes de las 15 horas, los agentes han entrado a la finca y han desahuciado dos de las viviendas.
Según el Sindicat d'Habitatge del Raval, los activistas habrían conseguido parar el cuarto desahucio programado esta mañana, concretamente el de un piso habitado por una familia numerosa, con menores a cargo, y un informe de vulnerabilidad. Los activistas cuentan que la propiedad habría accedido a dejar que tanto los ocupantes del piso de Robadors como la familia se queden unos días más en sus hogares.
En total son una decena las personas afectadas por estos cuatro desahucios. Se trata de viviendas situadas en fincas que son propiedad de la misma empresa: el fondo buitre Cerberus. Los activistas y vecinos desahuciados del edificio de la calle del Carme, conocido como Ca l'Erasme, ya habían denunciado “prácticas mafiosas” por parte de la empresa, propietaria de la finca desde el 2015.
Según los afectados, la empresa habría colocado trabajadores en los accesos del edificio que les pedían el DNI o habría contratado detectives para seguirlos. También apuntan a llamadas telefónicas a horas intempestivas y a dejadez a la hora de mantener un edificio; de hecho, muchos de los pisos tienen humedades, algo que los activistas lamentan ya que ca l'Erasme es un edificio catalogado como histórico y patrimonial. Todo ello, denuncian, sería una táctica para que los inquilinos abandonaran el edificio antes de 2022, que es cuando finalizaban sus contratos de alquiler.
Muchas familias se fueron, pero algunas se quedaron y pidieron a la empresa que se abriera a renegociar un contrato. Pero la empresa se negó, igual que tampoco se avino a realizar un alquiler social para la familia numerosa, que cuenta con un informe de vulnerabilidad emitido por Servicios Sociales, por lo que, según la ley, la propiedad está obligada a ofrecerles una alternativa habitacional antes de desahuciarles. Pero eso, según el Sindicat de Habitatge del Raval no ha sucedido.
Finalmente, los Mossos han abandonado el lugar y los activistas han desconvocado, pasadas las 15 horas, después de casi nueve horas de protestas. Desde el Sindicat han denunciado que dos personas que se encontraban movilizadas han tenido que ser hospitalizadas debido a contusiones recibidas por parte de la policía.