El juicio del 'caso Alquería' encara sus últimas sesiones con las conclusiones de las acusaciones populares y las defensas. La letrada de la entidad 'Acción Cívica contra la Corrupción', Miriam Salmerón, ha señalado al expresidente de la Diputación de Valencia Jorge Rodríguez como el máximo responsable de los contratos de alta dirección en la empresa pública Divalterra enjuiciados. Rodríguez, ha apostillado la abogada, “ocultó la contratación ilegal a los miembros del Consejo de Administración que no eran miembros del equipo de gobierno y ocultó los informes jurídicos negativos previos y posteriores”.
La Fiscalía Anticorrupción solicita en el juicio del 'caso Alquería' penas de hasta ocho años de prisión y dos décadas de inhabilitación por los presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad en documento oficial.
La abogada ha trazado una panorámica sobre los cargos contratados en la firma, afines al PSPV-PSOE y a Compromís: “Fueron un engaño pues no se les otorgaban poderes ni facultad alguna; sus beneficiarios, todos ellos compañeros de partido político, no obligaban a la empresa ni dirigían su gestión, no formalizaban compras, no realizaban pago alguno, no tenían autonomía ni asumían responsabilidad alguna, algunos no tenían ni presupuesto, ni personal a cargo, otros ni siquiera acudían con regularidad al puesto de trabajo, alguno ni trabajó”.
La acusación popular ha recordado que, tras el cese de siete de los contratados de alta dirección, Divalterra “siguió funcionando sin cubrir dichos puestos”. La letrada, en la línea de la Fiscalía Anticorrupción en su exposición de conclusiones, ha destacado que el empleo público la aplicación de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad “está fuera de toda duda”.
Las defensas sostienen que existe un debate jurídico sobre los contratos de alta dirección (el policía encargado de la investigación reconoció que desconocía este extremo). Sin embargo, la acusación popular argumenta que en los contratos del 'caso Alquería' “se seleccionó directamente a dedo sin ningún tipo de análisis de la capacidad de los contratados”. “Se maquinó” para “contratar a dedo” a los altos directivos “sin evaluar ningún tipo de mérito ni capacidad”, ha denunciado Miriam Salmerón.
La acusación popular ha pedido al tribunal de la sección primera de la Audiencia Provincial de Valencia una sentencia condenatoria. Una absolución, ha dicho, “lesionaría gravemente la prevención general y específica del derecho penal para toda la clase política porque la impunidad de la corrupción es un crimen en sí misma”.
El letrado de la otra acusación popular, que ejerce el PP, también ha señalado a Jorge Rodríguez como el “principal instigador” de los contratos de alta dirección y ha aludido a una “intencionalidad directa” de saltarse la ley, según recoge Europa Press. “Se hizo una trama de contratación ilegal en perjuicio del erario público”, ha abundado el abogado Vicente Ibor.
La acusación popular del PP ha recordado que los contratos no pasaron por el Consejo de Administración de Divalterra. “¿Por qué no se hizo, pese a que PSPV y Compromís tenían mayoría en el Consejo?”, se ha preguntado el letrado, y ha contestado: “Es evidente que no llevaron los contratos al Consejo porque no podían contar con los informes favorables preceptivos”.
“Todo se hizo de forma deliberada”, ha apuntado el abogado, quien ha añadido que había una “ilegalidad” en el modo de la elección de los contratados, un “clientelismo político”.
Jorge Rodríguez “no dio ningún nombre”
La defensa de Jorge Rodríguez, que ejerce la letrada Ángela Coquillat, ha dado una versión diametralmente distinta. “No participó en los contratos de altos directivos ni enchufó a nadie. Tampoco sabía nada de su presunta ilegalidad”, ha dicho. Su cliente tampoco participó en el acuerdo de Gobierno de 2015 entre el PSPV-PSOE, Compromís y València en Comunitat que repartió las áreas, según ha destacado la letrada. También ha negado que Rodríguez tuviese la intención de enchufar a afines a su antiguo partido (tras su detención por el 'caso Alquería' dejó de militar en las filas socialistas y creó La Vall Ens Uneix, formación con la que revalidó su mandato como alcalde de Ontinyent). “De haber sido así también hubiera nombrado a otros directivos en otras empresas públicas que gestionaba. Y no se hizo”, ha añadido.
Cuando Rodríguez llegó a Divalterra, ha proseguido, “se necesitaba control y había mucho que hacer”, lo que justificó, a su entender, el nombramiento de cogerentes. “Había que poner controles en la empresa y se pusieron. Y así lo decía el exjefe jurídico José Luis Vera en un informe”, ha manifestado.
“Era una empresa [Divalterra] muerta y sin futuro y tan solo utilizada para intereses espúreos de algunas personas. Se quiso trabajar y solucionar este problema y, para fomentar la transparencia, se buscó una empresa auditora externa”, ha dicho, y se ha preguntado: “¿Qué sentido tiene que vigilen tu legalidad si tu intención es hacer ilegalidades?”.
La letrada ha recordado que hubo dos informes favorables a las contrataciones de alta dirección. “Rodríguez no participó entregando ningún currículum ni en las entrevistas. Solo le informaron sobre las capacidades de ellos. No dio ningún nombre ni mandó ningún correo o WhatsApp enchufando a nadie. No participó en la redacción de contratos ni se le advirtió de ningún problema de forma inicial, ni por parte de los expertos ni de los técnicos jurídicos de Divalterra”, ha aseverado.
No fue hasta noviembre de 2015, una vez efectuados los contratos, cuando supo por parte del exgerente Víctor Sahuquillo que podía haber alguna irregularidad. Y a la vista de sus manifestaciones, fue cuando pidió a los gerentes que solicitaran a José Luis Vera un informe, en el que sólo se hablaba de “dudas” pero no de “ilegalidades”. “Salvo esos correos ninguna irregularidad se le hizo saber a Rodríguez”, ha dicho la letrada.
La defensa del expresidente de la Diputación de Valencia ha reconocido que los contratos no pasaron por el Consejo de Administración: “No cabe duda de ello, pero tampoco hay duda de que no había ninguna reticencia ni nadie informó que la hubiera. Y de ahí a que no se conociera que se había contratado a siete personas, eso no. Se ha acreditado que estos nombramientos se hicieron a bombo y platillo y se les dio publicidad”, ha subrayado.