Batalla judicial en la Audiencia Nacional entre Google y el hijo de un funcionario militar del proceso a Miguel Hernández

La cruzada judicial del hijo de Antonio Luis Baena Tocón, alférez jurídico que participó en el proceso al poeta comunista Miguel Hernández, contra todo aquel que ose informar sobre el papel de su padre en la represión franquista de posguerra ha llegado a la Audiencia Nacional. J. F. B. G., funcionario jubilado, ha conseguido que el nombre de su padre, un perfecto desconocido para el público no especializado, adquiera una cierta fama póstuma al demandar a Juan Antonio Ríos Carratalá, catedrático de la Universidad de Alicante y autor de una extensa obra sobre el franquismo. De momento, no ha logrado salirse con la suya aunque la batalla jurídica continúa.

El titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Alicante desestimó la demanda contra la Universidad de Alicante, en una sentencia muy contundente que avala la investigación académica, tal como informó elDiario.es. En paralelo, el hijo de Baena Tocón formuló una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) contra Google Spain SL en la que solicitaba el derecho a la supresión de 18 URL con información sobre su padre. La demanda contra la UA propició que numerosos medios de comunicación, instituciones académicas y redes sociales hincharan la bola de nieve (el llamado 'efecto Streisand') con el nombre del fallecido Antonio Luis Baena Tocón como protagonista involuntario.

La AEPD, en su resolución, considera que la pretensión del hijo del alférez jurídico “carece de fundamento”. La normativa de protección de datos no ampara a un fallecido, tal como explicaron en su momento expertos en la materia. “Las URLs disputadas remiten a informaciones que presentan relevancia e interés público e histórico incuestionable”, afirma el organismo. Así, se trata de “hechos históricos de extraordinaria relevancia” sobre la condena a muerte del poeta Miguel Hernández, “que ocupa un lugar destacado en la historia de la literatura del siglo XX de España”, recuerda la AEPD.

Además, la resolución agrega que los datos del funcionario “son exactos” y su publicación está amparada por el derecho a la libertad de información y a la producción científica. La solicitud del hijo de Baena Tocón alude también a tres URL que remiten a páginas institucionales. “Es de relevancia pública la información que las autoridades publican en el Boletín Oficial del Estado, de acuerdo con el procedimiento legalmente establecido, de manera que sean accesibles sin restricciones también a través de motores de búsqueda”, reza la resolución.

El derecho al olvido, recuerda el organismo público que vela por la protección de datos, “encuentra su límite en la libertad de información”. La resolución alude también al papel de las hemerotecas digitales: “Realizan una contribución sustancial a la preservación de noticias e informaciones que constituyen una fuente importante para la educación y la investigación histórica”.

Más importante aún, la libertad de expresión prevalece sobremanera cuando una investigación atañe a personas que ejercen funciones públicas “en asuntos de relevancia” por su actividad profesional, como es el caso del alférez jurídico Antonio Luis Baena Tocón. Suprimir de la red las 18 URL, como pretendía J. F. B. G., “quebraría el orden jurídico” y “lesionaría el interés público”, asegura la AEPD.

El hombre presentó un recurso de reposición contra la resolución inicial del organismo, que le respondió aclarando que en su ámbito competencia “no se encuentra la valoración ni la investigación de la noticia o de las publicaciones”. Agotada esta vía, el hijo de Baena Tocón recurrió la resolución ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, según han confirmado a este diario fuentes jurídicas. 

En el fondo del asunto sobrevuela, además del derecho al olvido, el aval a la investigación académica sobre la represión franquista. La batalla del hijo de Baena Tocón contra el catedrático Ríos Carratalá y la Universidad de Alicante causó un cierto temor en círculos universitarios. Sin embargo, la contundente sentencia del titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Alicante ha despejado cualquier sombra de duda, teniendo además en cuenta la abundante jurisprudencia española y europea en la materia. 

El hijo del alférez jurídico mantiene una página web en la que relativiza el papel de su padre en el proceso contra el poeta Miguel Hernández y arremete contra el catedrático Juan Antonio Ríos Carratalá, contra historiadores de primera línea como Ángel Viñas y periodistas que informaron sobre el intento de censura.

El hombre no ha contestado el correo electrónico de este diario para obtener su versión. Una portavoz de Google, por su parte, ha declinado hacer comentarios sobre el recurso ante la Audiencia Nacional. El hijo de Baena Tocón también ha presentado una demanda ante el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Cádiz contra el catedrático de la Universidad de Alicante, otras instituciones académicas, historiadores y medios de comunicación (en total, figuran 107 codemandados). Solicita 11,5 millones por la presunta intromisión al honor de su padre fallecido.