Juan Eduardo Santón fue el único de los cuatro acusados en el juicio de la pieza A del 'caso Taula' que usó su derecho al turno de última palabra en la última vista. Santón, exresponsable de una fundación municipal, se declaró inocente y aseguró tener la conciencia “muy tranquila”.
Durante la vista de casi cinco horas, celebrada ante la sección segunda de la Audiencia Provincial de València, las defensas pidieron la absolución de sus clientes y trataron de batallar la prescripción de los presuntos delitos. Jesús Bonet, letrado de Alfonso Grau, aseguró que el entonces número dos de Rita Barberá no tenía capacidad de contratar en las campañas electorales de 2007 y 2011, de las que era coordinador. “Se crea una atmósfera en la que todo parece corrupto”, dijo en referencia a la instrucción del 'caso Taula'. “No hay en la causa ni un elemento que permita sostener la malversación, el cohecho, ni la falsedad”, apostilló.
El abogado de Grau dijo que “no se ha acreditado ni una sola comisión” cobrada por su cliente. Sobre la creación de una filial del entramado Laterne (usado en las elecciones de 2007 para hinchar la supuesta caja B del PP de València), explicó la presencia de Alfonso Grau en una reunión con empresarios como una “obligación” de carácter institucional. “No aparece absolutamente nada fuera de esa atmósfera de corrupción”, afirmó el letrado.
La defensa del ex vicealcalde también se refirió al cambio de versión del testigo clave de la causa, el exasesor popular Jesús Gordillo, y aseguró que el relato exculpatorio expuesto en el juicio “es la verdad”. Jesús Bonet recordó que, cuando Gordillo declaró ante la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la fase de instrucción, estaba en paro. “Había un estado de necesidad en el sujeto y quizá alguien lo sabía y lo utilizó. Es terriblemente extraño”, dijo el abogado.
Jorge Sánchez-Tarazona, letrado de Juan Eduardo Santón, recordó que su cliente “no era exactamente un concejal electo” sino delegado por la Junta de Gobierno Local, una “potestad en aquel tiempo que actualmente no existe”. El abogado comparó a los acusados con el miura Islero —“el toro que mató a Manolete”— y aseguró que las cantidades que se pagaron por parte de fundaciones municipales al entramado empresarial de Laterne se explican por el contexto de burbuja económica “de la Copa América, que no tiene nada que ver con el actual”.
“Nadie discute que se hicieron los trabajos”, afirmó el letrado, quien al igual que el resto de las defensas también criticó la lentitud del juez instructor (dos años para resolver los escritos de las defensas que pedían el sobreseimiento, recordó a título de ejemplo).
Por su parte, la defensa de José Salinas abogó por la prescripción del delito y aseguró que el exresponsable de una de las fundaciones no era un funcionario público y que “actuaba por delegación”. El letrado Ángel Herráiz manifestó que Salinas no obtuvo “absolutamente ningún beneficio económico” y que de la declaración de Jesús Gordillo “nada afecta a la fundación”. También rechazó que mantuviera una “afinidad política” con el PP y relación con Alfonso Grau.
El letrado defendió los trabajos encargados por la fundación a Laterne aunque reconoció que, debido al tiempo transcurrido, no hay pruebas fehacientes de la existencia de las tareas encomendadas. “Nunca se ocultó ni a la Agencia Tributaria ni a la contabilidad”, concluyó.
El juicio, tas la maratoniana sesión final, quedó visto para sentencia.