El titular del juzgado de Instrucción número 9 de València ha tomado declaración como testigos a cinco de los negociadores del pacto de Gobierno de izquierdas de 2015 en la Diputación de Valencia sobre la contratación de siete altos cargos en la empresa pública Divalterra que desencadenó la operación policial Alquería. El que fuera jefe de gabinete del dimitido presidente Jorge Rodríguez y hombre fuerte del socialismo valenciano José Manuel Orengo ha asegurado que la concatenación de informes contradictorios sobre la legalidad de estas contrataciones fue “un empastre”.
Orengo ha asegurado ante el juez que las contrataciones ahora investigadas y por la que hay siete imputados se hicieron después de que abandonara el gabinete de Rodríguez y por extensión la diputación, aunque según las fechas publicadas oficialmente el político de Gandia -ahora metido a directivo de empresa en Baleària- dejó la institución provincial en febrero de 2016. La empresa pública Divalterra realizó los contratos de altos cargos en noviembre y diciembre de 2015.
En declaraciones a la prensa tras declarar, Orengo ha dicho que “el empastre” vino tras su salida porque pese a los informes contradictorios que se realizaron sobre la contratación de los altos cargos “siguieron erre que erre con el tema”.
Dos de los consejeros de Divalterra que han acudido a declarar como testigos, los exdiputados por Compromís Emili Altur y Josep Bort han sido interpelados por el juez sobre por qué estas contrataciones investigadas no pasaron por consejo de administración. Según fuentes jurídicas, Bort ha relatado que, aunque hubieran pasado por consejo, los hubieran “validado”. Y es que, tanto Bort como Altur, según las mismas fuentes, han asegurado que había al menos dos “filtros” legales que avalaban los contratos que realizaba la empresa pública: el secretario del consejo de administración y el jefe Jurídico de Divalterra, José Luis Vera.
Sobre Vera han explicado que se creó su puesto en Divalterra específicamente para eso, para controlar todo el totum revolutum legal de una empresa en la que había entrado la guardia civil y ya estaba siendo investigada en el caso Taula. De hecho, el propio Vera realizó un informe en el que daba dos opciones: avalar las contrataciones o censurar todas las que realizaba la empresa pública, no solo la de los altos cargos.
El juez ha preguntado a los cinco testigos por el “reparto” de cargos en Divalterra que se reflejó en el acuerdo de gobierno: cuatro para el PSPV y tres para Compromís. Los testigos han reconocido ese pacto previo, pero que las contrataciones las realizaron los cogerentes de la empresa pública, nombrados por cada uno de los partidos, han dicho.
El fiscal ha preguntado a Bort y Altur si en el consejo de administración se ha insultado o amenazado a alguien, en referencia a las acusaciones que la denuncia inicial vierte sobre el exjefe de gabinete de Rodríguez Ricard Gallego, y ambos han dicho no recordar este tipo de situaciones.
El abogado del PP han preguntado a los testigos si los altos cargos hacían aportaciones de sus salarios al partido, como hacen todos los cargos públicos de los partidos de izquierda para financiar a sus formaciones. Los testigos han mostrado su desconocimiento y que eso lo saben los tesoreros de cada formación.