Gasto público en empleo: una cuestión urgente

La secuencia de eventos económicos que estamos viviendo en 2020 dice lo siguiente: enero, febrero y medio marzo de actividad económica normal. Sin COVID19, el año habría acabado con crecimiento positivo. Los problemas, los retos económicos, serían los mismos que a lo largo de los últimos años de recuperación: crecer con más productividad, consumir menos recursos naturales y distribuir mejor en territorios y personas. Las posiciones de política económica serían las mismas: subir o bajar impuestos y a quién; defender los puestos de trabajo o las rentas de los trabajadores desplazados por la digitalización o dejar que el mercado destruya unos trabajos y cree otros; acuerdo general en la senda creciente de las exportaciones, de los flujos de capital y de la movilidad de las personas que aquí se traducía en cantidades crecientes de turistas. Recuerdo, en síntesis, que todas las posiciones políticas valoraban positivamente el cambio de “construcción” a “turismo” que es parte importante de la salida “sectorial” de la última crisis. Destaco esto último porque constituye la base de referencia de la propuesta que hago. Lo anticipo, en los próximos 6 meses, de “turismo a construcción”.

Sigamos con el cronograma, medio marzo, abril y medio mayo, restricción de la actividad económica que se traduce en una caída de la facturación entre un 10% y un 100% según el sector de actividad. Pierden más aquellos que podemos llamar “de proximidad” que están muy relacionados con el turismo.

De medio mayo a diciembre, la actividad económica remontará poco a poco. Se verá limitada por el miedo al contagio, por las medidas de distanciamiento social, por la recomposición de las cadenas de valor, por las caídas de renta de los 2 meses previos. La recuperación del resto de países también es lenta lo que se traslada a un comercio exterior más débil, que desacelera aún más la producción interna.

En el último semestre del año, los sectores más afectados serán todos aquellos relacionados con el turismo y la cultura1, sectores cuya operativa económica radica en la “proximidad”. Los recursos a créditos pueden facilitar la caída de la actividad de los 2 meses de confinamiento, pero es imposible seguir con crédito (que hay que pagar) con facturación 0 en 2 meses y un 30% de lo normal 6 meses más (30% porque el espacio de consumo que antes ocupaban 3 ahora lo ocupará 1).

Para el sector de la cultura el sector público podría “comprar” el espacio “vacío” que en el próximo semestre no se rellenará (la alternativa de que el “talento español” encontrará la solución no es viable en 6 meses, esto es, no se encuentra demanda efectiva rápida por mucha nueva idea que se tenga).

Para los sectores de proximidad -todos ellos relacionados con el turismo-, la propuesta es grandes gastos en obra pública. Para empezar 45.000 millones de euros con una rapidísima traslación. Ventajas: el sector de la construcción es muy doméstico, depende poco de importaciones. Toda su cadena de producción es interna. No lo podemos sustituir con importaciones ni cubrir con mano de obra extranjera -en esta coyuntura-. Tiene un gran efecto de arrastre de muchos otros sectores, sobre todo industriales. El trabajo no se efectúa con proximidad. No hay temor a la especulación ni al sobreendeudamiento si el pagador es el sector público. Hay mano de obra disponible si el salario a percibir es superior a la prestación por desempleo y al último salario percibido (no muy difícil con los salarios tan ajustados de los sectores desplazados). Lo más importante permite dar trabajo a los miles de desplazados de los sectores de proximidad. Y los tiempos, se puede poner en marcha con rapidez: se acuerda con patronal y sindicatos reducir la burocracia al mínimo y una provisión rápida de fondos. En diciembre se renegocian finalizaciones de obra o ampliaciones según la recomposición de la demanda privada. ¿Para hacer qué? El objetivo es desparramar euros para compensar una demanda privada larvada, pero se puede precisar para facilitar posiciones: obra pública para vivienda para alquiler, empezar obras paralizadas por la burocracia, mejorar todos los accesos y de todo tipo en la España rural, parques de energía renovable.

Entiéndase, la propuesta pretende reducir el paro que pueden generar los sectores más afectados en el último semestre del año. Es una propuesta, en el muy corto plazo, que no sustituye a ninguna otra que deba hacerse.

En breve, dicho de otra forma, entre mayo y diciembre, el sector público “compra” empleo en vez de “pagar” paro.

Quién y cómo se paga la deuda pública (que crece, sí o sí) es otro asunto, pero Bruselas que rescató al sistema financiero en la última crisis no pondrá problemas ahora a rescatar empleo.