La Generalitat Valenciana inicia la liquidación judicial de una fundación vinculada al exministro Ábalos

La Generalitat Valenciana ha iniciado el proceso de extinción y liquidación de la Fundación Internacional de Apoyo al Desarrollo Local y Social (Fiadelso), una ONG vinculada al exministro socialista José Luís Ábalos. El Juzgado de Primera Instancia número 3 de Valencia estimó una demanda interpuesta por el Ejecutivo autonómico que preside el también socialista Ximo Puig al no haber publicado sus cuentas desde 2016 y también tener pendientes la subsanación de cuatro ejercicios anteriores.

La ONG, cuya página web aún está operativa, ha estado históricamente vinculada al sector del 'abalismo' en el PSPV-PSOE y ha tenido entre sus vocales al actual concejal del Ayuntamiento de Valencia Aarón Cano y entre sus patronos a familiares del exministro de Transportes y Agenda Urbana.

La Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública, que dirige Gabriela Bravo y de la que depende el Protectorado de Fundaciones de la Generalitat Valenciana, ha publicado la resolución que acuerda inscribir la declaración judicial de extinción y la apertura de un procedimiento de liquidación de Fiadelso. Todo ello tras la sentencia del pasado 19 de enero que estimó la demanda de la Generalitat Valenciana.

El presidente de la fundación es Gustavo Casal, quien ostentaba junto a Ábalos la propiedad de la sede de Fiadelso en la calle de Conchita Piquer de Valencia. La ONG, según indica la ONG, contaba con contrapartes en varios municipios de Argentina, Bolivia, Colombia y Perú, países en los que ha realizado proyectos de cooperación al desarrollo.

La entidad privada sin ánimo de lucro, nacida en 1992, ha recibido casi cinco millones de euros en subvenciones para los proyectos de cooperación en América Latina. Sin embargo, el Gobierno autonómico del PP ahogó financieramente a la fundación, especialmente durante la etapa de Rafael Blasco al frente del departamento de Cooperación.

El PSPV-PSOE denunció, desde la oposición, las irregularidades en la gestión de los fondos de cooperación por parte del exconseller popular, condenado en varias sentencias por una trama de corrupción.

Tras varios años de inacción y no habiendo presentado sus cuentas desde el ejercicio 2016, el Protectorado de Fundaciones de la Generalitat Valenciana se vio obligado a presentar la demanda para la extinción judicial de la fundación. Así, el departamento que dirige Gabriela Bravo ha abierto el procedimiento de liquidación de la ONG.