Una jueza tumba el caso de los contratos de la Fundación de la visita del Papa y Vaersa al estar avalados por la Intervención y la Abogacía

La investigación sobre los contratos entre la empresa pública Vaersa y la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias (FVEMF), en la que estaban imputados por prevaricación y malversación el expresidente de la Generalitat Francisco Camps y el exconseller Víctor Campos, entre otros, ha sido archivada por la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de València. Los contratos fueron avalados con “informes favorables” de la Intervención y de la Abogacía de la Generalitat Valenciana y “fiscalizados y comprobados posteriormente”, según el auto de sobreseimiento de la magistrada, quien concluye que las adjudicaciones fueron “acuerdos adoptados con la debida publicidad sin que se hubiera observado irregularidad alguna”.

La instrucción no ha detectado el “más mínimo rastro” de favorecimiento por parte de los investigados hacia las 11 empresas que obtuvieron contratos por parte de la empresa pública y de la fundación que organizó la visita del Papa Benedicto XVI a València. Además, según dos informes emitidos a requerimiento de las defensas, la FVEMF no era una fundación del sector público (a pesar de que la Generalitat aportó posteriormente dos millones de euros como dotación fundacional y que asumió deudas por 1,3 millones).

El entonces jefe de servicio de Entidades Jurídicas de la Generalitat, Francesc Gamero, actual secretario autonómico de Hacienda por Compromís, confirmó en su declaración ante la jueza que la fundación tenía naturaleza privada y no debía, por tanto, someterse a la normativa de la contratación pública. “No se desprende de lo actuado ni la arbitrariedad ni la injusticia reclamada por la legislación penal”, sostiene la magistrada.

El auto recuerda que Camps fue simplemente presidente de honor de la fundación sin que conste atribución o participación alguna en la actividad de la fundación. El exconseller Víctor Campos sí que acudía a las reuniones (era secretario del patronato de la fundación) pero no consta que diera instrucción alguna sobre las contrataciones que debía realizar la fundación, un asunto reservado al Arzobispado.

El entonces obispo auxiliar, monseñor Esteban Escudero, declaró que seguía las instrucciones “de las altas autoridades eclesiásticas más cercanas al Papa tomando decisiones que afectaban de manera más personal al Pontífice, como pudiera ser el lugar donde iba a ser alojado o la celebración de las misas que estuvieran programadas”. La mayor parte de los investigados, según abunda el auto, se desvincularon de la fundación tras la celebración del evento religioso. Tampoco ha quedado indiciiariamente probado que hubiera ánimo de lucro en el pago de la deuda de dos millones de euros.