Mazón aprovecha los contratos de emergencia de la DANA para promocionar a empresas afines al PP de Murcia y Galicia
La ensayista Naomi Klein explicaba en su libro La doctrina del shock la enorme oportunidad de negocio que abre lo que la autora denomina el “capitalismo del desastre”. La catástrofe de la DANA del pasado 29 de octubre en la provincia de València no ha sido una excepción. La destrucción de las infraestructuras de carreteras y ferroviarias y de depuradoras y colectores, entre otros elementos, ha propiciado una enorme ventana de oportunidad para constructoras y demás empresas contratistas que han obtenido suculentos contratos de emergencia, adjudicados a dedo por definición.
Entre las mercantiles que se han sumado a la lluvia de millones en la fase de la reconstrucción, figuran dos firmas en la órbita de las administraciones gobernadas por el PP en comunidades autónomas como Murcia o Galicia que han entrado en la lista de adjudicatarias de la Generalitat Valenciana y que se suman a las empresas vinculadas a tramas de corrupción de los populares en causas judiciales como 'Gürtel' o el 'caso Taula'.
El Gobierno de Carlos Mazón ha adjudicado, al menos, casi 62 millones de euros a empresas que financiaron a distintas 'cajas B' del PP, tal como ha informado elDiario.es. Los contratos a dedo han ido a parar a empresarios condenados por la trama Gürtel para las obras en las infraestructuras ferroviarias o a la reparación de una presa seriamente dañada por la DANA. Sin embargo, se trata de empresas que históricamente habían sido adjudicatarias de la Generalitat Valenciana, incluido durante el periodo del Ejecutivo del Pacte del Botànic, formado por el PSPV-PSOE, Compromís y Unides Podem y presidido por el socialista Ximo Puig.
Otras dos empresas ligadas al PP se han consolidado como adjudicatarias de la Generalitat Valenciana. Se trata de STV Gestión SL, en la que el actual jefe de gabinete de Mazón, el secretario autonómico José Manuel Cuenca, fue responsable de comunicación y relaciones institucionales, antes de incorporarse, primero, al grupo parlamentario popular en las Corts Valencianes, y tras las elecciones autonómicas de 2023, al Palau de la Generalitat.
El Gobierno de Mazón adjudicó uno de los primeros contratos de emergencia, para la limpieza de polígonos industriales afectados por la DANA, a la firma domiciliada en Murcia. El propio Mazón abrió la puerta de la provincia de Alicante, cuando presidía la Diputación, a STV Gestión SL, que también ha sido adjudicataria de contratos millonarios por parte del Ayuntamiento de Alicante, gobernado por el popular Luis Barcala, o del consistorio de Finestrat, cuyo alcalde, Juan Francisco Pérez Llorca, también es secretario general del PP valenciano y portavoz en el Parlamento autonómico.
La mercantil pública Sociedad de Proyectos para la Transformación Digital, de la cual el jefe de gabinete de Mazón es consejero, adjudicó recientemente a STV Gestión SL el contrato —esta vez por procedimiento abierto— del servicio de mantenimiento y conservación de las zonas verdes, instalaciones de riego y gestión del agua de la Ciudad de la Luz de Alicante, por un importe total de 230.615 euros.
Además, la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (EPSAR) adjudicó un contrato de emergencia de 3,2 millones de euros a la empresa Tecnología de la Construcción y Obras Públicas SA, propiedad de varios accionistas de STV Gestión SL.
Tecnología de la Construcción y Obras Públicas SA también obtuvo, el pasado 12 de diciembre por un importe de 1,4 millones de euros, un contrato de emergencia de la Diputación de València, presidida por el popular Vicente Mompó, para obras en estructuras en dos barrancos en el término municipal de Yátova.
Aunque no solo ha habido dinero de la reconstrucción para las obras tras la DANA. El Servei Valencià d'Ocupació i Formació (Labora), que depende del conseller José Antonio Rovira, ha adjudicado un contrato de emergencia de 1,2 millones de euros para las unidades móviles de empleo a la firma Silman 97 SL, especializada en comunicación y marketing, que ha recibido más de 10 millones de euros en contratos de la Xunta de Galicia, tanto con Alberto Núñez Feijóo como con Alfonso Rueda de presidentes.
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