Los autos de la jueza de la DANA y los silencios de la exconsellera Pradas acorralan a Mazón

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, lleva ya varias semanas más pendiente de su estrategia de defensa judicial que de la política. La táctica del dirigente del PP valenciano se dirige a intentar demostrar que no se implicó en la toma de decisiones del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), ubicado en el edificio de Emergencias de l'Eliana. Para tratar de evitar su responsabilidad en la supuesta negligencia que la jueza de Catarroja investiga intenta defender que llegó todavía más tarde al centro de emergencias donde se gestionaba la peor tragedia vivida en la Comunitat en el último siglo. La clave está en el artículo 12 de la ley de Emergencias, modificada en 2020, que indica: “En una situación catastrófica, el 'president' puede asumir el mando único y la dirección de todas las actividades de la emergencia, pasando a su directa dependencia la estructura organizativa del plan territorial de emergencia de la Comunitat Valenciana”. Su plan de defensa implica además asumir una serie de contradicciones y minar la ya muy dañada credibilidad del dirigente popular, que ha dado múltiples versiones sobre lo que hizo y no hizo desde las 14.45 del 29 de octubre, momento en el que sale del Palau de la Generalitat para, ya según su versión, irse a comer al restaurante El Ventorro con una periodista.

El presidente ha dicho que estuvo informado de las decisiones que se tomaban en el órgano y ha negado tajantemente que “retrasara” nada. Para apuntalar su tesis, ha detallado, cuatro meses después, 16 llamadas que supuestamente mantuvo desde pasadas las 17.30 hasta las 19.43; la última que relata, con la consellera Salomé Pradas, a la que cesó fulminantemente semanas después. Entre las 19.43 y las 20.28, el Ejecutivo autonómico no ha proporcionado más información sobre el paradero o las acciones del presidente, que según su versión se encontraba en el Palau de la Generalitat o de camino. Imposible saberlo sin los datos que podría ofrecer el registro del coche oficial. Las distancias no ayudan a respaldar su versión. Entre el restaurante El Ventorro y el Palau de la Generalitat hay 800 metros de distancia y desde ahí a la sede del Cecopi, en el Centro de Coordinación de Emergencias de l'Eliana, 20 kilómetros, unos 20 minutos de trayecto en un vehículo con chófer.

Antes de ese período de tiempo que ahora mismo es un misterio, Mazón había mantenido que una llamada a las 18.45 en la que se le informa del riesgo de rotura de la presa de Forata, que afecta a la comarca de la Ribera y no a l'Horta Sud, motivó su desplazamiento desde la sede de su gobierno al órgano de l'Eliana para “seguir in situ” la situación. El retraso se debió, dijo, a una cuestión de tráfico, aunque los datos oficiales cuestionan esta afirmación.

Personas presentes en el órgano de Emergencias insisten en que Mazón llegó antes de las 20.00. Radiotelevisión Española también ha contactado con testigos que ratifican esta versión. La Generalitat ha filtrado una captura de un vídeo de entrada de Mazón cuyos códigos de tiempo sitúan su llegada al edificio de Emergencias a las 20.28.

Las filtraciones de audios y vídeos manipulados burdamente o la elusión de documentos oficiales relevantes han sido una constante en la gestión que ha hecho el president de esta catástrofe. Así que la clave en la investigación judicial estará en los vídeos completos de todas las cámaras presentes en el Centro de Emergencias de l'Eliana. Ahí se podrán cotejar posibles desfases horarios.

Los autos de la magistrada, que ha pedido documentación a raudales, buscan averiguar quién estaba participando en el Cecopi, quién contribuía a la toma de decisiones, tanto las autoridades y técnicos que habitualmente conforman este comité de crisis como las que se incorporaron sobre la marcha. El equipo de Mazón juega también con estos términos, apuntando que “llegó” a las 20.28, según la citada grabación de una de las cámaras de dentro del recinto que la Generalitat aporta a la instrucción. Cabe recordar que el sábado antes se produjo el cambio de horario del verano al de invierno y que el ajuste de las cámaras de videovigilancia es manual, como explica el propio Ejecutivo en la documentación remitida al juzgado.

Antes de esta última versión, el presidente de la Generalitat mantuvo que llegó “a partir de las 19 horas”. Del mismo modo que la versión oficial reescribió el almuerzo en El Ventorro, que fue primero una comida de trabajo y después un ágape privado, hasta que apuntó que comió “en su condición de presidente del Partido Popular de la Comunitat Valenciana” con una periodista para ofrecerle la dirección de la radiotelevisión pública, otro cambio de versión que permite a Mazón guardar a buen recaudo la factura.

La jueza instructora también recaba información sobre si “se produjo algún receso” en la reunión del centro de emergencias de l'Eliana. La instructora enmarca la petición en el “análisis de la toma de decisiones”. También ha encargado a la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil un informe “estrictamente técnico” sobre la cronología de los hechos del pasado 29 de octubre, en el que “de forma detallada” analice el desbordamiento de los ríos, barrancos y embalses en relación con los fallecimientos y los lesionados.

El último auto de la magistrada también alude, en relación con la petición del informe al Instituto Armado, a la “actuación de las instituciones u organismos públicos cuyas competencias estuvieran relacionadas con la situación de la emergencia”. Se trata, recuerda de nuevo la jueza, del “núcleo de la instrucción”, que ha “derivado en una controversia pública entre las diversas instituciones y personas implicadas”. La magistrada desliza una frase con una supuesta referencia al president Carlos Mazón: “Algunos de los intervinientes han manifestado ya públicamente no solo la participación que tuvieron sino la de los demás”.

Los últimos bandazos del presidente valenciano le han vuelto a poner el foco del partido, solo dos días después del viaje a Madrid donde acudió a respaldar su versión en un desayuno informativo en el que no compareció Feijóo. En el PP ya nadie se atreve a defender que Mazón pueda repetir como candidato y sus dirigentes se limitan a pedir que cumpla en la reconstrucción. La investigación judicial no ha hecho sino agravar su gestión de la catástrofe hasta el punto de utilizar como estrategia de defensa que se demoró todavía más en ponerse al frente de la emergencia. Los audios manipulados que se han desmentido rápidamente y un cambio radical de versión sobre lo que estaba haciendo durante la tarde del 29 de octubre no le ayudan a ganar confianza en Génova 13, la sede nacional del PP . Su paradero desde las 18.45 hasta que una cámara de À Punt lo capta supuestamente la cámara del centro de emergencias a las 20.30 horas es un secreto que nadie ha desvelado. Esa grabación, que muestra el reloj del centro de Emergencias, implica que Mazón habría tardado menos de dos minutos en llegar desde la puerta hasta el lugar de reunión y de inmediato se habría incorporado al debate que se producía dentro.

La consellera entonces responsable de Emergencias, Salomé Pradas, ha optado por el silencio como estrategia judicial. La dirigente, fulminantemente cesada y a la que la Generalitat Valenciana y el propio Mazón pretenden usar como cortafuegos, afirmó en conversación reciente con elDiario.es: “Ya se sabrá la verdad. Yo me mantengo en no decir nada por ahora, aunque algunas informaciones me perjudican, pero tengo claro lo que pasó”. Los testigos presentes en el Cecopi mantienen que las dudas de la consellera sobre cómo obrar en las horas cruciales de la tragedia y la ausencia del presidente retrasaron la toma de decisiones. Se debatió sobre avisos por megafonía, sobre si hacer llamamientos a través de la radiotelevisión pública À Punt como altavoz para alertar a la población, incluso acerca de un confinamiento en algunas zonas, pero no fue hasta las 20.11 cuando se materializó la primera decisión de gran alcance: la alarma en los teléfonos mediante el sistema Es Alert. Todos los testimonios de aquella tarde dejan ver que había un claro problema para asumir el mando de la emergencia.

Como ocurrió en el accidente del metro en València en 2006, el Gobierno autonómico del PP descarga la responsabilidad sobre los técnicos. Pradas contó en el programa Espejo Público de Antena 3 que mantuvo informado a Carlos Mazón durante la tarde y que la decisión del lanzamiento del mensaje Es-Alert la tomaron los técnicos. Además, ha explicado que hay gente que está intentando desviar las responsabilidades hacia ella, y no precisamente el president.

El presidente valenciano entretanto considera que sale triunfal tras esta tanda de documentación aportada al juzgado. Este jueves, preguntado por si piensa dimitir, Mazón ha dicho: “Pregunten a los que no avisaron de la crecida del Poyo”, en referencia al barranco que atraviesa l'Horta Sud. La Generalitat reconoció por escrito el día de la DANA que el seguimiento de ríos y barrancos también es su responsabilidad. Los bomberos a los que enviaron a medir el caudal fueron retirados a las 15.00. Pese a que era competencia de su Gobierno, Mazón insiste en la tesis del apagón informativo de la Confederación Hidrográfica del Júcar y en descargar sobre los organismos estatales la responsabilidad de la catástrofe. Ahora a costa de admitir que llegó todavía más tarde al centro de emergencias de la Generalitat el día de la tragedia.