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Universidades meme

5 de abril de 2025 22:21 h

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Una prueba inequívoca de que vas sin rumbo es cuando una medida del gobierno, la que sea y el que sea, te parece bien. Un mal trago que todo aspirante a opinólogo que viva de ir a la contra debe sufrir al menos una vez en su vida. Es un peaje. Como que para ser periodista digno de tal nombre tienes que haber sido absuelto de una demanda contra el derecho al honor. Pero tampoco hay que exagerar. Los que tampoco cobramos tanto, es un lujo que nos podemos permitir de vez en cuando.

En mi caso, lo que me ha hecho caer del caballo ha sido el proyecto de actualización del Real Decreto de creación, reconocimiento y autorización de universidades, cuyo noble fin es poner coto a los chiringuitos privados que nacieron al albur de las políticas del ministro José Ignacio Wert. Sí, ese gran demócrata, hoy justamente olvidado —también ignorado—, que se retrató el día que decidió suspender los actos de entrega de los premios nacionales de fin de carrera tras haber sido abucheado por los estudiantes en la edición de 2013. Para él, los centros superiores debían ser un negocio, aunque fuera a riesgo de convertirse en máquinas de expender títulos para aquellos que menos se lo merezcan, pero cuyos padres dispusieran de posibles para pagarles el capricho al niño.

Las universidades públicas españolas son buenas. No hay un solo índice fiable de calidad (Shanghái, U-Ranking, ARWU, THE, QS…) en el que las no estén por delante de las privadas. Eso sí, con algo más de financiación serían todavía mejores, y los profesores titulares no parecerían una orden mendicante. Eso no quiere decir que las privadas sean malas, simplemente que no son mejores. No se trata de una competición, pero que no se trate de una competición tampoco es motivo para ignorar la realidad. Lo más que se puede decir es que hay algunas privadas mejores que algunas públicas. Algo es algo. Pero no es mucho y tampoco lo es todo. Por cierto, una privada me aceptó como alumno, así que tan buenas no serán.

No sorprende que a la Santa Compaña le parezca mal que los centros de educación superior reúnan unos mínimos de calidad. Es una opinión, pero hay otras más razonables. Por ejemplo, la de Diana Morant, en su condición de ministra del ramo, que quiere solucionar uno de los problemas que heredó de su antecesor, Manuel Castells. Este puso a estos centros —sobre todo, a los de nueva creación— una serie de requisitos como tener un 5% de su presupuesto destinado a investigación, más grados que másters, un catálogo mínimo de títulos y algunas cosas más. El problema es que les daba cinco años para cumplir con estas condiciones, cuando quizás lo más inteligente es habérselos exigido desde el principio. Algunas tienen pinta de que no los van a poder reunir ni en cien años.

El error de Castells fue que, para abrir una nueva universidad, el informe preceptivo del Ministerio no fuera vinculante. Aunque la propuesta fuera para llorar de pena, la última palabra estaba en manos de las comunidades autónomas, y Madrid (también Andalucía) se puso las botas. El caso más lacerante está en Extremadura, donde hay autorización para abrir una en un centro comercial. Bueno, en dos, un miniaulario en cada uno. Por lo menos podrá publicitar que cuenta con más de un campus. Educación basura al lado de restaurantes de comida ídem. Quizás no sea tan mala idea. Por lo menos es práctica. Ahora, si el RD (todavía lo están peinando) sale adelante, la Aneca tendrá que dar la autorización cuando se cumplan unos mínimos y las universidades meme como esta serán historia. Es de cajón.

A Feijóo, que dispara a todo lo que se mueve, le faltó tiempo para sacar el comodín de la “purga ideológica” para presentar el debate en términos de universidad privada vs. pública. Una vez más, se ha pasado de la raya, habrá pensado su examigo Marcial Dorado. No hay nada de eso en el RD, pero el jefe de la oposición, que supongo que no es ministro de Educación porque no quiso, ignoró que algunas de ellas (como la de Navarra, el CEU San Pablo, Comillas….) no solo no tienen nada de qué preocuparse, sino que les sobran motivos para la alegría.

En realidad, la ley beneficia también (y mucho) a las privadas. Podrán deshacerse de una competencia de todo a euro por ciertos alumnos con posibles, a los que se les ofrece gato por liebre, cuando ellas, estos requisitos los cumplen sin despeinarse. No dice mucho en favor de Feijóo que piense que la universidad es patrimonio de la izquierda, como si alguien de derechas esté en contra de ellas, independientemente de su titularidad. Hay facultades más escoradas hacia un lado y otro del espectro (no es lo mismo Sociología que Derecho), y algunas, hacia ninguno. Por lo menos, a favor del gallego, hay que decir que no llegó al extremo de Díaz Ayuso de decir que lo del RD era “guerracivilismo”, mientras MAR se preguntaba por qué sus botellas de güisqui están siempre medio vacías.

El Mundo se sumó a la polémica, posicionándose a favor de Feijóo con tan mal tino que no hizo más que darle la razón al gobierno. “El cuádruple fracaso de Sánchez antes de su ofensiva a las universidades privadas: notas infladas, falta de plazas, peor empleo y regulación fallida”, titulaban. Mejor retrato de este chiringuito, imposible. En otras palabras, admitía que la actual ley era un coladero y daban cuatro motivos por apoyar el RD. Y no contentos con hacer el ridículo una vez, insistieron: “Las universidades privadas contra las que se lanza Pedro Sánchez: el 28% creadas con el PSOE en Moncloa, 10 firmadas por el PP y 10 en tramitación”. Que la competencia sea autonómicas y que todas las que han salido en los últimos años estén en comunidades gobernadas por el PP no les pareció un dato relevante y eso que está en su propia información.

Se puede discutir si una universidad privada puede ser un negocio —no veo por qué no—, pero lo que no se puede admitir es que se dediquen a imprimir titulaciones con la vietnamita para vendérselas al que las pueda pagar. Tanta generosidad no más que es la otra cara de la moneda de una misma estrategia; la de ir vaciando de contenido a la pública, degradarla, y fiar su futuro a los designios de las empresas privadas. Una vez más, Ayuso nos marca el camino.

Pero hay que ser ingenuo, o mala gente, para negar que las universidades-meme, son una necesidad social. El criterio meritocrático de las notas de corte tiene el pequeño inconveniente de que si has pagado toda la vida un colegio privado —también estudié en uno— para que le suban la nota a tu hijo, llega la PAU y tu gozo en un pozo. Por suerte, para algunos estudiantes (a otros no les hace falta), siempre estaba la opción de una universidad de pago donde la nómina paterna pese más que las notas de acceso. Al PP le gustaría democratizar ese derecho, y que también los alumnos malos o peores puedan colgar un título en su pared a modo de trofeo. «La verdadera ciencia enseña, por encima de todo, a dudar y a ser ignorante», decía Miguel de Unamuno. Algunos vienen ignorantes de casa, así que de algún modo habrá que acreditarles el currículo.

Ahora, mientras avanzamos al ritmo alegre de paz hacia una sociedad de rentistas hereditarios donde principal ascensor social solo se mueve de manera horizontal, un título comprado a peso es el complemento necesario para justificar el traspaso de renta. Después de todo, si el hijo va a ser tener la vida solucionada con el único mérito de haber sido el espermatozoide más rápido, ¿para qué hacerle estudiar?

En Estados Unidos, el problema lo identificaron —y resolvieron— hace tiempo. Desde siempre y hasta ahora, los universitarios (y más si son mujeres) suelen votar al centro derecha (los Demócratas), de ahí que los Republicanos —que van desde el centro derecha hasta Mordor— siempre le hayan tenido cierta ojeriza a las universidades. En 1970, cuando estas eran un hervidero de contestación social y Reagan, gobernador de California, su asesor Roger Freeman expuso con cristalina transparencia el problema de fondo: “Nos arriesgamos a crear un proletariado educado. ¡Esto es dinamita!”. Así, para mantener la chusma a raya —le robo a Chomsky la expresión—, la educación superior dejó de ser gratuita en el estado. Luego la epidemia se extendió por todo el país.

El siguiente paso fue introducir el modelo de pedir créditos para estudiar que se devolvían al trabajar, una fórmula maravillosa que ha conseguido que el 12,5% de los americanos esté entrampado y que cada año un cuarto de millón de ellos se declare en bancarrota por este motivo. Todo lo que sea evitar que los pobres estudien, bienvenido sea. Aquí no hemos llegado tan lejos, pero no será por falta de ganas. El procedimiento es distinto —ahogar a la pública y apostar por la privada—, pero el objetivo es el mismo: equiparar por abajo el nivel educativo. Es decir, crear un sistema a dos velocidades que las privadas puedan competir en libertad por atraer a los adinerados de cuna con pocas ganas de trabajar. Aunque con o sin título, les vaya a ir igual de bien.

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