Angela Davis visita el CIE de Madrid: “Nadie debe ser tratado así, es totalmente inhumano y vergonzoso”

La histórica activista feminista y antirracista Angela Davis ha aprovechado su estancia en Madrid para visitar el Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) de Aluche. Durante su visita, organizada por la Asociación de Mujeres de Guatemala (AMG), Davis accedió al interior del centro y se entrevistó con una mujer de origen filipino encerrada en el CIE desde hace 12 días llamada Josbylle Yrure, detalla la AMG.

Según denuncia la asociación, a la interna “aún no se le ha garantizado siquiera el derecho básico a asistencia jurídica con comunicación eficaz, en su idioma o en inglés, menos aún a solicitar una protección internacional real y efectiva”. A su salida, Davis, conocida también por activismo anticarcelario, reclamó la liberación de Yrure y de todos los migrantes encerrados, dijo, en “cárceles cómo esta, a las que se disfraza con otros nombres”.

En la línea de lo defendido en su conferencia del pasado jueves en La Casa Encendida, Davis recalcó que “centros de internamiento como este indican que aquellos que están en el poder ven a las personas que buscan una nueva vida en Europa como criminales”. “Así que deberíamos recordar que Europa no sería lo que es hoy sin todo el proceso de colonialismo, sin toda la riqueza que fue extraída de muchos de los países de los que las personas huyen hoy buscando en países como España la posibilidad de una vida mejor”, prosiguió la activista afroestadounidense.

Asimismo, se dirigió al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al ministro de Interior, Grande-Marlaska, para denunciar la privación de libertad de estas personas. “Deberían reconocer que nadie debe ser tratado de esta manera. Es totalmente inhumano y vergonzoso. España y todos los otros países de Europa deben asumir la responsabilidad histórica por la situación en la que nos encontramos hoy”, dijo.

Los CIE son centros no penitenciarios donde se encierra a personas por haber cometido la falta administrativa de estar en territorio europeo de forma irregular, lo que no supone un delito. Allí pueden permanecer privados de libertad durante un máximo de 60 días, con el objetivo de materializar su expulsión a su país de origen. Si en ese tiempo no han sido devueltas, quedan en libertad.