El día que Kudzai Mujuru, una joven de 19 años, acudió a su clínica en Epworth –un suburbio a las afueras de Harare, la capital de Zimbabue– para asistir a una charla sobre anticoncepción, había otras 90 mujeres como ella en la sala. Kudzai había soñado siempre con convertirse en enfermera pero a los 17 años se quedó embarazada. El padre del bebé no quiso saber nada y ella tuvo que dejar su trabajo como empleada doméstica, con cuyos ingresos pretendía costear los estudios.
Ese día, Kudzai eligió un implante anticonceptivo hormonal que la mantendrá protegida contra embarazos no deseados durante cinco años. “Quiero empezar a planificar otra vez mi futuro, buscar un trabajo y volver a la escuela. Quedarme embarazada otra vez lo arruinaría todo”, dijo al personal de Marie Stopes International (MSI), la organización que le ofreció gratuitamente esos servicios gracias a la financiación de USAID, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, el principal donante mundial en los últimos años para programas de salud reproductiva.
Solo en Zimbabue, los fondos de USAID han permitido a Marie Stopes International evitar anualmente, según sus cálculos, más de 92.000 embarazos no deseados, 27.400 abortos inseguros y 300 muertes maternas. Ese trabajo dejará de estar garantizado con la decisión de Donald Trump de prohibir la financiación en el extranjero de programas de salud reproductiva en los que se acepte el aborto.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 225 millones de mujeres en países empobrecidos querrían evitar embarazos no deseados pero no utilizan ningún método anticonceptivo, bien por dificultades de acceso o por falta de información y desconocimiento sobre los mismos.
El Instituto Guttmacher y el Fondo de Población de Naciones Unidas estiman que, cada año, se producen 74 millones de embarazos no deseados y unos 36 millones de abortos. De estos últimos, según la OMS, 21 millones son abortos inseguros que provocan el 13% de las muertes maternas en el mundo.
El decreto de Trump corta los fondos para planificación familiar a las organizaciones no estadounidenses que suministren servicios de aborto seguro, ofrezcan información, hablen del aborto o aboguen por su legalización, incluso cuando utilicen otros fondos privados para estos programas.
Los efectos de esta medida sobre la salud reproductiva de millones de mujeres serán “devastadores”, advierten las ONG, y supondrán un dramático retroceso tras años de mejora en el acceso a servicios de salud básicos en todo el mundo.
Dos grandes organizaciones, que ya han hecho público su rechazo a la norma, verán especialmente esquilmada su capacidad de acción. Se trata de las británicas IPPF (International Planned Parenthood) y Marie Stopes International. IPPF, que cuenta con una red de organizaciones afiliadas en 172 países, prevé una pérdida de 100 millones de dólares en ayudas.
Marie Stopes calcula que durante el primer mandato del Gobierno de Trump (2017-2021) el coste de la pérdida de sus servicios puede resultar en 6,5 millones de embarazos no deseados, 2,1 millones de abortos inseguros y casi 22.000 muertes maternas.
Para la directora y vicepresidenta de MSI, Marjorie Newman-Williams, eliminar el aborto del conjunto de cuidados reproductivos pondrá en riesgo la vida de las mujeres: “Los intentos de frenar el aborto a través de leyes restrictivas o negando la ayuda para la planificación familiar nunca funcionarán porque no eliminan la necesidad de las mujeres de abortar”. El impacto “será catastrófico y serán las mujeres de los países en desarrollo quienes tendrán que pagar el precio”.
Peligrosa para la salud en Uganda
Peter Ibembe es médico y director de Programas en Reproductive Health Uganda (RHU), la principal organización que presta servicios de planificación familiar en el país desde 1957, miembro a su vez de IPPF. En conversación telefónica con eldiario.es, confirma las consecuencias inmediatas de la ley en un país en el que USAID es el mayor donante en el área de derechos y salud reproductiva.
“En los próximos meses se reducirán muchos de los suministros anticonceptivos que ofrecemos y eso será terrible. Algunos de nuestros programas no podrán continuar o tendremos que reducir su alcance. No seremos capaces de llegar a tanta gente como nos gustaría”, explica.
Uganda tiene una de las tasas de crecimiento de la población más altas del mundo, por encima del 3% anual, según el Banco Mundial. “La población ugandesa se dobla cada veinte años y eso no es sostenible. Casi el 80% tiene menos de 30 años y más de la mitad de la población es menor de 15”, apunta Ibembe. Las mujeres ugandesas tienen una media de seis hijos, y una de cada cuatro adolescentes es madre de uno o dos bebés. En este contexto, RHU ofrece cada año más de dos millones de servicios reproductivos integrales.
La ley “es peligrosa para la salud de la población ugandesa a corto y largo plazo. Si la financiación se reduce, entraremos en crisis y tendremos que tomar decisiones muy difíciles, a quién ofrecer cuidados y a quién no”, sostiene este médico.
Ibembe avanza que no serán capaces de prevenir infecciones o educar a las comunidades del modo en que lo vienen haciendo. “Afectará a los programas de planificación familiar, en particular los dirigidos a población joven, comunidades vulnerables y refugiados. Tendremos que reducir servicios como el control del VIH, cuidados postaborto o detección del cáncer de cuello de útero”, detalla.
A largo plazo, advierte, “será contraproducente para los países occidentales porque los niveles de pobreza aumentarán, lo que incentivará a más personas a migrar a Europa y América”.
“Si no hago algo, me quedaré embarazada y moriré”
La prohibición no es nueva. Se impuso por primera vez bajo la presidencia de Ronald Reagan en 1984. Desde entonces, se ha ido revocando y restituyendo según ostentaran el poder gobiernos republicanos o demócratas. Fue George W. Bush el último en restablecerla en 2001. A su llegada a la Casa Blanca, Barack Obama volvió a anularla.
Diversos estudios e informes realizados entonces han demostrado el impacto negativo sobre la salud de las mujeres que ya ha tenido en el pasado, particularmente en países del África subsahariana. “Es como si estuviéramos en medio de una partida de ping-pong –ironiza Ibembe–, y la realidad es que nos afecta y cuesta vidas”.
En Etiopía, por ejemplo, el bloqueo de fondos ha supuesto el cierre de clínicas y la pérdida de suministros anticonceptivos, equipamiento y personal especializado. Banchiamlack Dessalegn es directora de Programas USAID para Marie Stopes Etiopía. Desde hace seis años, cuenta a eldiario.es, USAID financia proyectos de acceso a la planificación familiar para mujeres en zonas remotas del país.
“Se trata de mujeres que no saben nada sobre contracepción y planificación familiar, el 70% de ellas no ha ido a la escuela y tienen una media de 6,3 hijos. Organizamos reuniones con ellas y con los hombres, tratamos de educarles en los distintos métodos anticonceptivos y conectarles con los servicios asistenciales”, explica.
El año pasado atendieron a 800.000 mujeres etíopes. Ahora, no sabe durante cuanto tiempo podrán mantener esos programas. “No sabemos qué va a pasar”, reconoce. Para Dessalegn, el impacto de la planificación familiar para estas mujeres es transformador. “Ves mujeres que tienen 10 o 12 hijos a las que les cambia la vida cuando descubren que existen formas de prevenir los embarazos”, destaca. Y recuerda especialmente la historia de una de ellas.
Era una de las asistentes a una reunión sobre planificación familiar que tuvo lugar cerca de Addis Abeba. Con lágrimas en los ojos, cuenta, rogaba que la ayudaran ese mismo día. De las nueve veces que la mujer había estado embarazada, seis terminaron en abortos con sangrados graves. El último la había mantenido hospitalizada durante una semana y los doctores ya le habían advertido de que, si volvía a quedarse embarazada, su vida correría serio peligro.
Les contó que su marido era camionero y que esa misma noche volvía a casa, no podía negociar tener sexo. “Si no hago algo hoy, me voy a quedar embarazada, y si me quedo embarazada, moriré”, les dijo. A Banchiamlack Dessalegn esta historia le enseñó lo crucial que puede llegar a ser tener acceso a los anticonceptivos.
“Luchamos contra el aborto inseguro en Nepal”
Amu Singh Sijapati es presidenta de la Asociación de Planificación Familiar de Nepal (FPAN), activa desde 1959, con un personal de 480 personas y más de 11.000 voluntarios. “Llevamos muchos años trabajando en los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres y jóvenes, luchamos contra el aborto inseguro, por eso estamos en contra de esta ley, porque no apoya los derechos de las mujeres”, expone a eldiario.es desde Katmandú.
En Nepal, el aborto está legalizado pero las mujeres no siempre pueden acceder fácilmente a él.
“Los recortes en las ayudas supondrán que no podremos administrar clínicas comunitarias o unidades móviles, ni educar a trabajadores sanitarios. Perderemos personal médico”, lamenta. Recuerda que en 2001, tras la decisión de George W. Bush, se perdieron 112 puestos de trabajo. Para evitarlo, deberán buscar donantes alternativos. “Esperamos que otros países apoyen nuestro trabajo”, confía.
En India el aborto también es legal. Sin embargo, de los once millones de abortos que se practican en el país cada año, cinco millones son inseguros, explica a eldiario.es Vinoj Manning, director ejecutivo de Ipas Development Foundation India (IDF).
En IDF trabajan para promover el acceso al aborto seguro y reducir la mortalidad materna. La prohibición dictada por Trump no les afecta directamente porque no reciben fondos de USAID, pero Manning afirma que sí tendrá un impacto en el país, en especial sobre las mujeres de las zonas rurales.
“Aunque sea legal, las organizaciones ya no podrán hablar del aborto y el acceso al aborto seguro es muy limitado para las mujeres rurales. Está estigmatizado. Las mujeres no hablan sobre planificación familiar abiertamente, piensan que el aborto es ilegal y eso las lleva a buscar abortos poco seguros. Ahora el estigma social será todavía mayor”, vaticina.
Pero los efectos de esta norma no preocupan solo fuera de Estados Unidos. Kiki Kalstein es analista política en Pathfinder International, una de las más de 130 organizaciones que integran una coalición contra la prohibición. Reconoce a este diario que aunque su restablecimiento “era algo esperado”, están muy decepcionadas.
“Se trata de una ley perniciosa que ahora, además, ha sido ampliada y tendrá mayores impactos de los que ha tenido en el pasado sobre la capacidad de las mujeres en todo el mundo de acceder a los cuidados sanitarios que necesitan”, concluye.