El Gobierno admite que la bronca total con el PP puede retrasar más la presentación de los Presupuestos

Bronca total en el Congreso entre Gobierno y PP por la maniobra de los socialistas para acelerar la modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria con la que pretenden sortear el veto del Senado a la senda de déficit que les daría un margen de 1.200 millones de euros más de gasto para 2019. Los de Pablo Casado se han mostrado dispuestos a torpedear esa reforma para dilatar los plazos y el Gobierno, consciente de ello, abre la puerta a retrasar aún más la presentación de los presupuestos.

“La intención del Gobierno es aprobar primero la modificación de la ley de estabilidad, después la nueva senda de déficit y después, los presupuestos”, explican fuentes de la dirección parlamentaria socialista. Con el atajo legal que han puesto en marcha los socialistas, podrían llegar a la fecha de finales de noviembre o principios de diciembre que es la fecha orientativa que dio Pedro Sánchez.

Finales de noviembre es el horizonte con el que trabaja el Ministerio de Hacienda. Sin embargo, fuentes socialistas admiten que el PP hará todo lo posible para dilatar el proceso para la aprobación de la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y que el Gobierno puede tener entonces que retrasar la presentación de las cuentas públicas del año que viene.

“No pasa nada porque el Presupuesto se presente en enero. Vamos a tenerlo construido. Que se retrasa un mes, pues se retrasa un mes; pero no es nuestra intención”, reconocen fuentes de Hacienda. “Iremos superando los obstáculos”, agregan.

Los impedimentos que pondrá el PP empiezan en el Congreso, donde ha anunciado un recurso de amparo contra la decisión del Grupo Socialista de modificar la ley de estabilidad a través de una enmienda a otra norma orgánica cuya tramitación parlamentaria estaba a punto de finalizar. El PP confía en que los letrados de la Cámara, a instancias de Ana Pastor, prohíban el atajo del PSOE. No obstante, es una vía legal que se ha utilizado con anterioridad –incluida una quincena de ocasiones por parte de los conservadores–.

Los socialistas admiten que esa amenaza del PP podría llevar algo de tiempo, pero confían en que la tramitación en la Comisión de Justicia, donde tienen mayoría PSOE y sus aliados, siga adelante y que pueda votarse en el Pleno la segunda semana de octubre. Además, sostienen que el Senado no puede dilatar los plazos y que tendrá que acogerse a la vía de urgencia que le solicitará el Gobierno. Eso supone 20 días antes de su remisión de nuevo al Congreso, donde quedaría finalmente aprobada. A partir de ahí, la Cámara Baja aprobaría la nueva senda de déficit sin que el PP tenga capacidad de vetarla en el Senado.

El Ejecutivo presentaría en ese momento los presupuestos con la nueva senda que le permitió Bruselas con una flexibilización de cinco décimas sobre la que aprobó Mariano Rajoy. De esas cinco décimas, dos irán a parar a las comunidades, dos a la Seguridad Social y una, a la administración General, es decir, que el margen de ampliación del gasto para los presupuestos rondará los 1.200 millones de euros.

Otra opción que no descarta la ministra de Hacienda es que la tramitación de la Ley de Estabilidad y los presupuestos se tramiten en paralelo. De esa forma, presentaría los presupuestos en noviembre y después llevaría a cabo el ajuste al alza de los 1.200 millones extra que le ha permitido Bruselas.

En todo caso, antes del 15 de octubre el Gobierno debe enviar a Bruselas el plan presupuestario en el que detallará las líneas maestras de sus cuentas para el año que viene, en cumplimiento con el calendario comunitario. 

De momento no se aprobará la senda de déficit

Fuentes del Ministerio que dirige María Jesús Montero indican que el Consejo de Ministros no va a acelerar ahora la nueva aprobación de una senda de déficit más flexible por la “treta” con la que se puede sortear el veto del PP en el Senado. Esta senda fue rechazada el pasado julio en el Congreso de los Diputados por parte de los propios socios de Pedro Sánchez, y el Gobierno debe volver a presentarla.

Así, esperarán a que se produzca de hecho la modificación legislativa de la Ley de Estabilidad Presupuestaria para evitar que el veto del Senado. En todo caso, calculan que en menos de un mes la ley sobre el poder judicial que incluye la enmienda de la polémica podría estar ya aprobada.

Sobre cómo afecta este eventual cambio legal a la propia elaboración y posterior aprobación de los Presupuestos, resaltan que puede hacer más factible el acuerdo con Unidos Podemos, que son sus principales socios presupuestarios. No obstante, dejan claro que la diferencia es mínima en lo que se refiere al gasto estatal, ya que será de poco más de 1.000 millones de margen (la mayor parte de la flexibilización pactada por Nadia Calviño con Bruselas va a parar a las comunidades autónomas y la Seguridad Social). Sí resaltan estas fuentes que con su propia senda de estabilidad el Gobierno socialista no sufrirá la imposición de unas cifras que en todo caso no se iban a cumplir, destacan.

Los nuevos objetivos de déficit propuestos por el Ejecutivo son del 1,8% del PIB en 2019, del 1,1% en 2020 y del 0,4% en 2021, cuando los anteriores era del 2,2 %, el 0,3% y superávit, respectivamente, por lo que ahora habría un margen de 6.000 millones de euros.

Las negociaciones entre el Ejecutivo y Unidos Podemos para lograr el apoyo de esta fuerza parlamentaria a las cuentas de 2019 siguen por tanto su curso. Pablo Iglesias y Pedro Sánchez pactaron precisamente esa reforma de la ley de estabilidad que allana el camino a su apoyo a los presupuestos dado que el líder de Podemos dejó claro que, de otra manera, no los respaldaría. 

Por su parte, Ciudadanos, uno de los grupos, junto al PP, que estaban evitando la tramitación de urgencia de la modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, advierte de que hay dudas de constitucionalidad en la maniobra del grupo socialista y de que “en cualquier caso, es una trampa y no un procedimiento correcto para cambiar una Ley Orgánica”, advierte el diputado Francisco de la Torre. “Si quieren cambiar las reglas tienen que respetar los procedimientos. Al final todo se acaba reduciendo a que no tienen diputados suficientes para gobernar”, asegura, y recuerda que este mismo martes el Congreso admitió a trámite la reforma que ahora quiere acelerar el Gobierno.