El Gobierno ha abierto definitivamente en el último mes el complicado debate sobre el modelo fiscal del país para los próximos años. La reforma fiscal, el comité de expertos y el plan de recuperación han traído consigo un objetivo para el Ministerio de Hacienda: acercarse a la recaudación que tienen otros países europeos. No es una tarea fácil, ya que las posiciones de las que se parten respecto a la media comunitaria son muy lejanas. De los 27 países que componen la Unión Europea, España ocupa la posición 19 por el nivel de ingresos fiscales frente al PIB, conocido habitualmente como presión fiscal.
En concreto, España tuvo en 2019 una recaudación fiscal que equivalía al 35,4% del PIB, lo que supone casi seis puntos menos que el nivel alcanzado de media en la Unión Europea, según los datos recogidos por Eurostat. La diferencia es todavía mayor respecto al país que está en cabeza, Francia, que tiene 12 puntos más que España en presión fiscal. Las otras grandes economías de la UE, como son Italia y Alemania, también están notablemente por encima de España, entre 6 y 7 puntos. Pero la diferencia todavía es mayor con la referencia que toma el Gobierno para sus objetivos, que es la recaudación media de los últimos 10 años. En este caso son casi ocho puntos entre la recaudación española y la media comunitaria.
El plan de recuperación presentado hace dos semanas a la Comisión Europea pone el foco en que España reformule su sistema fiscal para los próximos años con el objetivo de reducir la brecha que existe respecto a sus países vecinos. Será un comienzo, pero no se logrará únicamente con el tiempo que dure el plan y las reformas que se incluyen en él, como reconoció este lunes la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que apuntó que sería necesario un plazo más largo para poder acercarse a Europa. “Habrá que hacer una cronología más allá del plan de recuperación”, subrayó la portavoz del Gobierno, quien no quiso cerrar un objetivo de recorte de ese “gap” que existe actualmente.
Aunque las causas que han llevado a que España a estar en esta situación son múltiples, muchas de ellas derivadas de los ajustes que se realizaron en las cuentas públicas tras la pasada crisis económica, las estadísticas muestran algunos campos donde España se sitúa a la cola del continente en cuanto a recaudación. Según los citados datos de Eurostat, los impuestos que aportan menos a las cuentas españolas en comparación con los socios comunitarios son el impuesto de Sociedades, el IVA y los impuestos medioambientales.
Hacienda ha situado al gravamen a los beneficios de las empresas, especialmente a las grandes corporaciones, como una de las principales materias de la reforma fiscal que surgirá del informe del comité de expertos anunciado recientemente. “Aspiro a un consenso internacional, quiero darle una oportunidad, más ahora que EEUU se ha unido”, aseguraba Montero este lunes. Las posiciones de partida para España en esta materia son bastante malas respecto a otros países de la UE. Ocupaba en 2019 la vigésima posición, con una recaudación del 2,1% del PIB, frente al 2,7% de la media comunitaria.
“Se viene advirtiendo desde hace años una merma en la contribución de este impuesto al sostenimiento del gasto público, lo que ha supuesto un retroceso claro en el peso que tiene en la cesta de los principales tributos de nuestro país”, reconoce el Gobierno en el plan remitido a Bruselas. En el documento, el Ejecutivo vuelve a señalar el objetivo de que se fije una tributación mínima del 15%, como se apuntó en el acuerdo de la coalición de Gobierno, mediante la revisión de exenciones y deducciones. Una de las medidas que ya se adoptó fue la rebaja de la deducción respecto a los dividendos de filiales. El Ministerio todavía no ha avanzado otras medidas, que dependerán del dictamen del comité de expertos.
Tampoco ha fijado su estrategia para el IVA, otra de las tareas pendientes que tiene el Gobierno para acercarse a la media comunitaria. En este caso, España ocupa la vigesimocuarta posición de la UE, con el 6,5%, frente a la media, que se sitúa en el 7,2%. Solo Italia, Luxemburgo, Rumanía e Irlanda logran unos ingresos menores con este impuesto. El tratamiento de este impuesto es algo más delicado, debido a que no es progresivo, y Montero evitar fijar cuáles serán los criterios que se seguirán en este campo. Sí reconoce el Ministerio que son repetidas las advertencias desde organismos internacionales que reclaman a España que revise sus tipos reducidos y superreducidos de este impuesto.
El plan de recuperación incluye el compromiso del Gobierno de analizar una quincena de beneficios fiscales existentes. Aunque no se especifican cuáles serán los que se analicen, se toma de referencia un informe presentado el pasado año por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) en el que se incluía precisamente un apartado sobre los tipos reducidos del IVA. En el documento se proponía reconsiderar la lista de bienes y servicios que se encontraban en estos apartados porque en ocasiones benefician más a quienes más consumen. Es decir, las rentas altas. Por lo que proponía estudiar medidas de gasto que sustituyesen este beneficio fiscal. En cualquier caso, de nuevo en esta materia, el Gobierno esperará al dictamen del comité de expertos.
El último de los apartados en los que España sale bastante mal parada en comparación con los socios europeos es en materia de fiscalidad verde. Según los datos de Eurostat para el año 2019, último ejercicio con la estadística de todos los países de la UE, solo Irlanda y Luxemburgo recaudaban menos que España por impuestos medioambientales. Estos gravámenes supusieron solo el 1,8% del PIB español, frente al 2,4% de la media. Grecia encabeza la lista con el 3,9%, más del doble que España.
Redirigir el comportamiento medioambiental
“Todos los organismos nos recuerdan que España tiene que avanzar en esta materia y de manera progresiva acercarse a la media de la UE”, aseguró Montero este lunes al presentar el plan de recuperación del Gobierno. La ministra defendió que el desarrollo de este campo de fiscalidad, donde España va con retraso respecto a otros países, “puede ayudar a reducir el peso de otros tributos, como aquellos que recaen sobre las rentas del trabajo”. En este apartado, el Gobierno habla en el plan de “conseguir un sistema fiscal que interiorice las externalidades medioambientales de la economía, penalice los comportamientos inadecuados e incentive las actitudes responsables en materia de lucha contra la contaminación y el cambio climático”. De hecho, la propia ministra reconoce que algunos de estos impuestos no tienen objetivos recaudatorios sino que buscan redirigir el comportamiento.
En este apartado, el Gobierno abre la puerta a crear nuevas figuras impositivas que “graven los comportamientos nocivos con el medioambiente”. Montero apuntó algunos ejemplos como los residuos en vertederos, los envases de un solo uso u otras medidas que se incluyan en normas como la ley de residuos y suelos contaminantes del Ministerio de Transición Ecológica. Uno de los puntos peliagudos en este apartado es el de la fiscalidad de los hidrocarburos y, en especial, la del diésel. En el proyecto de Presupuestos Generales del Estado el Gobierno llegó a plantear un impuesto para este tipo de carburante que finalmente fue retirado durante la negociación con el resto de grupos parlamentarios. El futuro de este gravamen y el de otros en esta materia, Hacienda lo deja, de nuevo, en manos del comité de expertos.
A lo que se avance en estos tres impuestos (IVA, Sociedades y medioambientales), el Gobierno sumará el impacto que tengan algunos ya aprobados como el impuesto a las transacciones financieras ('tasa Tobin') o a determinadas actividades digitales ('tasa Google'), así como la posible entrada de nuevos impuestos, por ejemplo en el campo de la nueva economía digital. El Gobierno también pretende sumar dentro de este esfuerzo la citada revisión de beneficios fiscales o las nuevas normas de prevención y lucha contra el fraude, entre las que se añadirán medidas como la redefinición de paraísos fiscales.
Sin embargo, buena parte de estos avances para intentar aproximar la presión fiscal a la de la Unión Europea no llegarían antes de 2023. El Gobierno esperará en la mayoría de medidas que afecten a la reforma fiscal al dictamen del comité de expertos, que no llegará hasta febrero del año próximo, por los que las medidas que de este documento surgieran no se aplicarían hasta el año siguiente, siempre y cuando la proximidad de nuevas convocatorias electorales (las generales están previstas para 2023) no complicasen la negociación de los Presupuestos. También estará pendiente el Gobierno del avance de la alerta sanitaria y de la economía. Si la recuperación del nivel del PIB previo al coronavirus se demora más allá de lo previsto, final de 2022, Hacienda ya ha avanzado que retrasará la reforma fiscal.