Pionera en la regulación de medidas contra el cambio climático, Baleares camina con paso firme en la transición hacia las energías limpias sin perder de vista 2050 como fecha límite para desterrar los combustibles fósiles. Y, en medio de la polémica por los sucesivos récords en el precio de la luz y el debate estatal sobre la creación de una empresa pública que abarate costes, las islas quieren marcar al resto de administraciones autonómicas el camino de la comercialización pública de energía.
Ya hay fecha marcada para ello: a finales de este año, el archipiélago balear venderá a precio de coste los primeros kW renovables. Se trata de una medida con la que el Govern balear -a través de la Conselleria de Transición Energética, en manos de Podemos- pretende dar los primeros pasos en el abaratamiento del precio de la luz y la distribución de energía bajo criterios sociales y económicos para ir convirtiéndola en un nuevo nicho de oportunidades laborales e, incluso, en motor económico para la Comunidad Autónoma.
La clave principal de este proyecto se halla en la Ley del cambio climático y transición energética de las Islas Baleares, aprobada en febrero de 2019. Entre los objetivos de esta normativa precursora se encuentra el impulso de instalaciones de autoconsumo compartido que abastecerán a la población -especialmente a las familias en situación de vulnerabilidad-, a la administración y a las empresas en un radio de 500 metros.
Para ello, se elegirán determinadas zonas con edificios públicos en los que, de conformidad con los Ayuntamientos, se instalarán placas fotovoltaicas suficientes para generar la energía que dicho edificio precise para su funcionamiento y, además, generar un sobrante que alimentará las necesidades de unas cincuenta familias del entorno, sin pago de peaje alguno y de acuerdo a criterios de solvencia económica y soberanía energética. La pretensión fundamental de la medida pasa así por paliar los efectos de la pobreza energética sin perjuicio de que usuarios con un mayor poder adquisitivo también decidan apostar por el autoconsumo.
“Quienes se sumen al proyecto evidentemente verán reducida la factura de la luz”, asegura, en declaraciones a elDiario.es, el director general de Energía y Cambio Climático, Pep Malagrava, quien explica que a finales de 2021 se habrán ejecutado seis instalaciones de energía fotovoltaica en régimen de autoconsumo con una potencia de 500 kW: cuatro en Mallorca -en los municipios de Santa Eugènia, Ses Salines, Deià y Consell-, una en Menorca -Ciutadella- y otra en Ibiza -Sant Antoni de Portmany-. La intención es que el próximo año se amplíen a una treintena estos núcleos fotovoltaicos.
Está por ver qué aceptación tiene esta iniciativa entre la población. Un organismo similar creado por el Ayuntamiento de Barcelona ha conseguido rebajar precios, ha lanzado tarifas especiales para empresas y ha invertido en publicidad, pero solo ha conseguido algo más de 2.500 clientes y no se acerca al horizonte de los 20.000 clientes tras su segundo año en marcha.
Los seis autoconsumos previstos este año conllevarán una inversión de 750.000 euros, de los que se contempla un retorno de unos 56.000 euros en 2022. Está previsto que la iniciativa proporcione un ahorro del 70% en la factura en las horas pico, es decir, en las de sol. Para ello, el director general insta a realizar progresivamente un cambio de hábitos y a aprovechar al máximo la luz solar, programando para ello los electrodomésticos a fin de que se pongan en marcha en el momento en el que hay producción y, por tanto, el kW salga más barato.
La comercialización de la energía se llevará a cabo a través del Instituto Balear de la Energía (IBE), empresa dependiente del Govern, que Malagrava confía en que se convierta en referente no solo de la puesta en marcha de un proyecto similar tanto a nivel estatal como autonómico. “Es un buen espejo en el que mirarse más allá de los vaivenes del mercado”, sostiene.
La Conselleria liderada por el vicepresidente del Govern Juan Pedro Yllanes estima que las instalaciones de autoconsumo sean amortizadas en unos cinco años para después, con el margen de beneficios obtenidos (en términos de reinversión, apostilla Malagrava, puesto que el IBE “no cotiza ni tiene accionistas”) volver a destinarlo a financiar más instalaciones de autoconsumo, lo que generará que este ente público no dependa de forma exclusiva de la aportación presupuestaria de la Comunidad Autónoma.
El director general de Energía recalca que este es un primer paso para el IBE, que con el tiempo “acometerá acciones más potentes porque dispondrá de más ingresos y porque espero que para todos los gobiernos autonómicos futuros la política energética continúe siendo central y siga promocionándose generación de energía pública para cada vez llegar a más gente”.
Y, acto seguido, se pregunta: “¿Por qué tenemos que depender de subidas y bajadas de precio si podemos asegurar un suministro a ciudadanos que lo pueden necesitar?”. Malagrava señala que, al margen del proyecto, las eléctricas continuarán explotando su cuota de mercado. De hecho, aclara que las comercializadoras privadas “no se sentirán amenazadas” porque la pretensión del nuevo proyecto no es competir con esa cuota, sino velar “por que quien no tiene pueda tener. Eso es la redistribución de la riqueza”.
El Instituto Balear de Energía “no es un chiringuito”
El director general aleja, además, cualquier tipo de cuestionamiento en torno a esta empresa: “El PP ha criticado de forma constante su creación y hasta la ha tildado de chiringuito, pero es evidente que no lo es. Se trata de un elemento clave no solo en la transición energética de Baleares sino también en la igualdad de derechos en la Comunidad Autónoma”.
Malagrava cree que la oposición “quedará fuera de juego” cuando el proyecto esté en marcha: “No tengo ninguna intención de que nadie reconozca un error sino que lo que me gustaría es que se sumen a ello y haya unanimidad política. Es una cuestión que no tiene sentido confrontar. La oposición tendrá que apoyar las buenas decisiones, alegrarse y esperar a que esto vaya cada vez a más. La renovable no solo va a ser la energía del futuro, sino también la más barata”.
Como subraya, por su parte, el conseller Yllanes, “estamos en plena emergencia climática, los cambios se aceleran y cada vez tenemos menos tiempo para mitigar los efectos del cambio climático”. Por ello, considera que la transición energética “es capital” y los fondos europeos “representan una ventana de oportunidades, una palanca para acelerar y conseguir los objetivos marcados antes de tiempo”. “Los próximos años son trascendentales para lograr llegar a un punto de inflexión y limitar este calentamiento global. Si no, los efectos en Baleares serán muy graves”, advierte.
La instalación de autoconsumos se suma así a las iniciativas que, en los últimos años, ha hecho realidad el archipiélago con el objetivo de dar impulso a las energías renovables en las islas -donde más de la mitad del consumo la acapara el sector transporte, por delante del sector residencial y de servicios- y a incrementar la soberanía energética en aras a convertirse en referente turístico desde el punto de vista ecológico y medioambiental y a favorecer la dinamización del sector económico y la generación de nuevas oportunidades de negocio.
El Ejecutivo autonómico ha anunciado, además, otras medidas que, con el impulso de los fondos europeos previstos en las islas, irán dirigidas al ahorro y la eficiencia energética con la mirada puesta en reducir el consumo energético de particulares, empresas y administraciones así como de los sectores industrial y agropecuario, llevar a cabo inversiones de mejora en el desarrollo térmico de los edificios y ayudar a la eficiencia de maquinaria en los procesos productivos y en la implementación de la gestión energética.
La hoja de ruta del Govern se centra también en el impulso de la movilidad eléctrica con la implementación de puntos de recarga de acceso público y la sustitución de vehículos de combustión por vehículos eléctricos. La gran mayoría de los recursos destinados a ello provienen del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Ejecutivo balear, que prevé inversiones hasta el año 2026 y que, además, incluye la posibilidad de ampliar el crédito si los recursos se agotan. El pasado mes de septiembre, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, anunció la inversión de más de 230 millones de euros en el archipiélago para fomentar proyectos de energías renovables.