El campo europeo ha salido a la calle en los últimos días para protestar por la situación que vive desde hace meses, por cuestiones de fondo compartidas, como la burocracia legislativa que les exige la Política Agraria Común (PAC) y por motivos locales, como ocurre en España por los problemas a la hora de aplicar la Ley de la Cadena agroalimentaria o la sequía.
Si en otros países europeos, como en Francia o Bélgica, las protestas ya han comenzado a amainar, en España se han acelerado este martes con carreteras cortadas por todo el territorio. De momento, el foco puesto en las comunidades autónomas pero sin descartar una gran movilización a lo largo de los próximos meses.
Analizamos las claves de la situación que está viviendo el campo europeo.
¿Quién está protestando?
Las protestas de las últimas semanas en gran parte de Europa recogen el malestar del campo, sobre todo de los agricultores más que de los ganaderos. Aunque se trate de un movimiento compartido, tiene un alto componente local y nacional y las decisiones sobre la movilización las han tomado las organizaciones y los sindicatos agrarios de cada país con coordinación puntual, por ejemplo, para la movilización en Bruselas del pasado jueves a la que acudieron agricultores españoles. En España, el malestar lo canalizan principalmente las grandes organizaciones agrarias, UPA, COAG y Asaja. Esta última, del ámbito empresarial. Mientras, en Francia está encabezada por la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) y las asociaciones de jóvenes agricultores.
Sin embargo, aunque estas organizaciones canalicen el malestar del campo, también tienen un componente político. La extrema derecha ha tratado -y está tratando- de capitalizar este malestar, sobre todo en países como Francia o Alemania. También el primer ministro húngaro, el ultranacionalista Viktor Orban, se ha sumado a este apoyo a las protestas y ha asegurado que “no es justo para los agricultores europeos que, mientras Bruselas impone normas que encarecen cada vez más la producción, permita la entrada de productos agrícolas procedentes de países donde estas normas no se aplican”, aseguró la pasada semana.
Esa crítica es muy similar a la lanzada por el primer ministro francés, Gabriel Attal, que acusó de “competencia desleal” a los productos agrícolas españoles e italianos. Sin olvidar las palabras de la ex ministra de Medio Ambiente de Francia, la socialista Ségolène Royal, que criticó la calidad y el sabor de los tomates biológicos españoles, lo que abrió una crisis diplomática, en la que entraron el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.
¿Por qué protestan?
Hay problemas compartidos y otros, locales. Entre los primeros, disminuir la burocracia y el papeleo que la PAC exige a los agricultores a la hora de solicitar subvenciones y ayudas o la exigencia de destinar un 4% de las tierras al barbecho.
Por otro, se comparte la petición de diseñar un nuevo marco en las negociaciones de libre comercio con el Mercosur o con terceros países para que si tienen menos exigencias medioambientales o sociales que las que requiere Europa no tengan tan fácil vender sus productos en la Unión. A eso se suma la entrada de productos ucranianos, que antes de la guerra tenían una política arancelaria más fuerte o los que llegan de países del norte de África, como Marruecos, que cuentan con subvenciones a la producción.
Luego están problemas del ámbito local. En Francia, por ejemplo, se ha hablado mucho de los fitosanitarios y en España de la Ley de la Cadena, que lleva en vigor un año y que se aprobó para que los agricultores y ganaderos no vendan por debajo de lo que les cuesta producir. La Ley abrió la puerta a sanciones e inspecciones, pero son pocas y de baja cuantía, por lo que las asociaciones agrarias piden una revisión. Además, en España y Portugal está el problema de la sequía y las ayudas que el campo pide para paliar una situación que, con el cambio climático, irá a más.
¿Y por qué ahora?
En realidad, las protestas del campo llevan desarrollándose desde hace meses, pero ahora han dado el salto a toda Europa de forma más coordinada, porque estamos a las puertas de las elecciones europeas del próximo mes de mayo.
También, porque los países del Este de la Unión Europea ven con temor la competencia de los productos ucranianos, a los que se les levantaron las restricciones de entrada a la UE tras la invasión de Rusia y donde el campo de varios Estados, como Polonia, ve una competencia desleal y pide al Ejecutivo comunitario que actúe.
Se espera que, antes de esa cita electoral, la Comisión Europea y los gobiernos nacionales aprueben cambios legislativos que puedan beneficiar a los agricultores. De hecho, es lo que ha ocurrido porque Bruselas ha abierto la puerta a cambiar exigencias como la de destinar, al menos, el 4% de la tierra cultivable al barbecho y reducir el uso de fitosanitarios.
¿Qué han respondido los gobiernos y la Comisión Europea?
El mensaje compartido es que al campo se le escucha y no se le da la espalda. De momento, se han tomado algunas medidas y se han prometido más. Pedro Sánchez ha asegurado este lunes en una entrevista en La Sexta que “estamos con el campo, con los agricultores, los ganaderos y el sector pesquero”, en referencia al Gobierno. “La PAC es una política de Bruselas, pero el sector del campo ha sido muy castigado, por la evolución de los costes”, ha asegurado. También ha recordado que en los últimos dos años, el Ejecutivo ha aprobado ayudas por valor de 4.000 millones.
El mensaje de Sánchez es muy similar al mantenido el viernes por el ministro de Agricultura que prometió que defenderá los intereses del campo en Bruselas, por ejemplo, a la hora de modificar la exigencia de un 4% de tierras en barbecho. “Nuestros agricultores y ganaderos quieren que se les escuche y comprenda. Se les escucha, comprende y apoya, es un sector fundamental”, repitió este lunes Planas en rueda de prensa en Barcelona.
De momento, el Gobierno español ha prometido cambios para disminuir la burocracia, dar voz al sector en Bruselas o mejorar la Ley de la Cadena, pero está por concretar en qué van a quedar esos cambios. También, si cambiarán los términos de las negociaciones comerciales con terceros países o el Mercosur y cómo será la futura Ley de la Agricultura Familiar, que tiene que ver la luz en esta legislatura.
Al margen, Bruselas ha prometido cambios en el barbechos y en los términos de las relaciones comerciales agrarias con Ucrania y Francia, por ejemplo, quiere legislar en línea con la Ley de la Cadena española y relajar las normas de uso de fitosanitarios. Precisamente, este martes, la Comisión Europea ha cedido en esta materia.
¿Cuándo comienzan las movilizaciones en España?
Ya han comenzado, como se está viendo este martes, en convocatorias que, en su mayoría, no son autorizadas. En realidad, no hay un calendario único, sino que van a ver concentraciones y protestas de ámbito regional, ya que las organizaciones agrarias han optado porque sean los territorios y sus organizaciones locales las que decidan cómo tiene que ser la movilización. De momento, no está prevista una gran concentración o manifestación en Madrid, como ocurrió hace dos años, aunque tampoco está completamente descartada.
Las tres principales organizaciones agrarias españolas (UPA, COAG y Asaja) convocaron las protestas la pasada semana y decidieron mantenerlas después de la reunión que mantuvieron el viernes con el ministro Luis Planas. Ya ha habido, por ejemplo, concentraciones en Sevilla o Valladolid y para el 9 de febrero hay convocada una tractorada en Bilbao. En este caso, convocada por los sindicatos agrarios EHNE-Bizkaia y ENBA-Bizkaia. Lo mismo ocurrirá el día 8 en Ciudad Real, entre otras.
Al margen de estas movilizaciones regionales está la convocatoria de tractorada en Madrid, prevista para el 21 de febrero y convocada por Unión de Uniones que no se ha reunido con el Ministerio y que no tiene la representatividad mayoritaria. En este tema contamos quién es Luis Cortés, el coordinador de esta organización que fue condenado por defraudar subvenciones.
¿Y qué tienen que ver los transportistas?
Va en paralelo, porque muchos transportistas han sufrido los paros y las protestas, sobre todo en Francia y en Bélgica. El sector tiene su propio calendario de movilización. Uno de ellos, previsto por Plataforma, la misma organización que paralizó el país hace dos años, que va a convocar un nuevo paro indefinido.
Como ya sucedió entonces, aquí se ha puesto de manifiesto las diferentes voces dentro de los transportistas.
Este lunes, la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), una de las asociaciones cuya representatividad reconoce el Ministerio de Transportes, ha asegurado que manifiesta “su respeto a las reivindicaciones” del campo “que, al igual que el transporte, es imprescindible para garantizar el bienestar de la ciudadanía y de la economía española”.
Asegura que los paros y protestas de los últimos días han provocado daños a los transportistas por valor de 120 millones y ha defendido su representatividad. “Cuestiones como la mejora de la Ley de la Cadena de Transporte, el precio de los combustibles o las políticas encaminadas a la descarbonización, están en la agenda de trabajo del Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) y el Ministerio de Transportes”, indica en un comunicado.