La construcción es uno de los sectores que sigue activo durante el estado de alarma provocado por la crisis del coronavirus. Las obras mayores, y otras de menor envergadura, continúan adelante con algunas medidas de protección para los trabajadores que según organizaciones sindicales son insuficientes. Por eso, piden que se paralice esta actividad, en coincidencia con muchas empresas y con los colegios profesionales.
Los Colegios de arquitectos e ingenieros coinciden en esta reclamación al Gobierno. También lo ha pedido el Ayuntamiento de Madrid. Las empresas quieren poder acogerse a los ceses de actividad por causa de fuerza mayor debido a la pandemia, al igual que sectores como el comercio, y así poder aprovechar las condiciones especiales otorgadas por el Gobierno para tratar de lidiar con esta crisis sin destruir empleo a través de los ERTES. Solo en el caso de que su facturación haya caído un 75% en el último mes pueden usar esta medida.
Pero el Ejecutivo por el momento no está dispuesto a frenar por completo la construcción, que supone un 10% del PIB español y emplea a 1,2 millones de trabajadores. Fuentes gubernamentales aseguran a eldiario.es que el real decreto que determinó el cese de determinadas actividades como la restauración y los comercios (actividades que también tienen un gran peso en el PIB pero que resulta imposible mantener abiertas en esta crisis) busca el equilibrio entre aminorar el riesgo de contagios y afectar lo mínimo posible a la economía productiva. Y recuerda que también se sigue trabajando en las fábricas, en el campo o en los barcos de pesca.
Por su parte, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha justificado la continuación de las obras en los servicios esenciales como el transporte, la alimentación o la provisión de medicinas. Aunque la construcción no cuadraría dentro de esos servicios esenciales.
La patronal de las constructoras dice que tampoco quiere parar. Pese a que se ha llegado a publicar lo contrario, la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan) ha sacado un comunicado este miércoles en el que aboga por proseguir su actividad con el argumento de que lo contrario restaría “cerca de un punto porcentual del PIB” anual en tan sólo un mes.
“El sector de la construcción e infraestructuras tiene un enorme impacto en nuestro desarrollo económico y social, dado que se trata del sector productivo que genera la mayor actividad económica inducida de nuestra economía (1,92 euros por cada euro invertido) y además presenta la menor cuota de importaciones”, recalca la patronal.
Pero la organización sí espera que el Gobierno adopte medidas de apoyo al sector. Seopan solicita una ampliación automática del plazo de ejecución de los contratos para compensar el tiempo de trabajo que se pueda haber perdido por “el menor ritmo de producción a causa de la pandemia”.
De igual forma, y en caso de las administraciones públicas, plantea medidas específicas, como autorizar anticipos a cuenta durante el estado de alarma, a deducir íntegramente de certificaciones futuras tras la finalización del periodo.
En opinión de Seopan, esta medida, “además de no suponer un consumo de recursos públicos adicionales, beneficiaría a todos los proveedores, subcontratistas y trabajadores autónomos, con lo que supondría también un alivio para la asignación de la línea de avales recientemente aprobada por el Gobierno en Consejo de Ministros”.
Muchas obras pequeñas sí paran
Lo cierto es que muchas obras pequeñas, por ejemplo en domicilios particulares, sí han hecho un paréntesis. Sergio Blázquez posee una pequeña empresa de construcción y reformas en Madrid junto a su hermano, en la que emplean a un tercer ayudante. Hasta la víspera de la declaración del estado de alarma (el sábado 14 de marzo) estaban reformando la cocina y el baño en una casa, una tarea que han tenido que dejar a medias. Aunque no está prohibido hacer obras, temen que los vecinos les denuncien si está subiendo y bajando las escaleras del edificio, además de que los propios almacenes donde adquieren material, como Bricomart o Leroy Merlin, han cerrado.
Además, su hermano se encuentra de baja con síntomas respiratorios, mientras que él mismo se ha acogido a un cese de actividad como autónomo. “Ayer fui a nuestro almacén para comprobar que el material sigue en buen estado, y cuando volvía a casa la policía me hizo abrir la furgoneta. Me preguntaron si iba a trabajar. No te paran la obra, pero no quieren que la gente trabaje”.
El Ayuntamiento de Madrid no tiene capacidad para detener directamente las obras en ejecución, pero sí ha iniciado inspecciones para comprobar que se cumplen todas las medidas de seguridad sanitaria (mascarillas, guantes, distancia...). En Barcelona, el consistorio ha suspendido 72 actuaciones en equipamientos municipales y promociones de vivienda pública, mientras que prohíbe continuar con actuaciones privadas que no garanticen las medidas de seguridad.
Pero ¿qué ocurre con otras obras mayores? “Estoy seguro de que muchas empresas pararían, pero tienen penalizaciones si no cumplen en las fechas acordadas y las promotoras no quieren parar porque empiezan a perder dinero si no entregan a tiempo”, comenta un exempleado del área de gestión de una gran constructora.
También con la condición de anonimato, otra fuente del sector asegura que ellos estarían a favor del cierre eventual, pero que dependen del cliente. “Si paras unilateralmente ¿quién se hace cargo de los pagos? No se pueden cerrar las obras y salir corriendo de allí”. No obstante, asegura que tratan de cumplir con toda la normativa de seguridad sanitaria.
Lo pone en duda el secretario de Acción Sindical de CCOO Construcción y Servicios, Daniel Barragán. “Nos llegan de toda España casos y consultas que hemos denunciado ante la inspección de trabajo. Gente contagiada sin que sus compañeros hayan guardado la cuarentena. Se sigue trabajando en sitios sin medidas, en los vestuarios o comedores se junta muchísima gente, y los baños son casetas prefabricadas que usan decenas de personas”.
Aunque han negociado en varias obras que se haga una jornada continua para no tener que usar el comedor y lo mínimo el vestuario, solo “son parches”, dice, porque “el problema es el propio tajo”. CCOO pide la paralización de todas las obras, excepto las urgentes, y que éstas se ejecuten con muchos medios de protección. “No tiene sentido en el resto de los casos, a día de hoy la prioridad tiene que ser la salud”, opina el sindicalista.
Parálisis y amenazas para volver
Fernando es socio de una pyme dedicada a la construcción que en su mayor parte se dedica a a interiores de vivienda, tabiquería o instalaciones, con unos 100 empleados. “El día que Gobierno decreta el estado de alarma, mi socio y yo nos decimos que no tiene sentido volver el lunes a trabajar y mandamos una comunicación a nuestros clientes. Tres días después, una gran constructora nos mandó un correo en tono amenazante, diciendo que si incumplimos el contrato se paralizan los pagos y nos rescinden el contrato. Otras empezaron a llamarnos por teléfono con argumentos parecidos. Hemos tenido que volver al trabajo, aunque alguna al mismo tiempo me dice que no me garantiza los pagos en tiempo”.
El problema, relata, es que una parte sustancial de su plantilla es de fuera de Madrid (donde suelen trabajar) y pernocta en hostales durante la semana, que ahora está cerrados. Tampoco tienen bares o restaurantes donde comer y cenar. Así que están trabajando diezmados. “Tampoco cumplimos con los requisitos para hacer un ERTE. Este mes no cae la facturación el 75% (porcentaje necesario para ejecutar la regulación temporal), el que viene ya veremos”.
El decreto del Gobierno especifica que los trabajadores por cuenta propia pueden presentar un expediente de regulación de empleo temporal para sus trabajadores y solicitar esta prestación. Las condiciones son las mismas que la de los autónomos sin trabajadores a su cargo: que hayan tenido que cerrar su negocio por el estado de alarma (caso en el que no están estas empresas de construcción) o que hayan visto caer su facturación en un 75%.
El sector se estaba desacelerando
La construcción en España ya estaba perdiendo fuelle antes de esta crisis. Encadenó dos trimestres seguidos en negativo en el cierre de 2019, es decir, que estaba en recesión, igual que se estaban frenando otros parámetros relacionados con la vivienda.
Pero en términos de actividad aún representa el 10% del total de la economía española, con una producción en 2019 de 124.049 millones de euros y una ocupación de 1,2 millones de trabajadores. Por origen de demanda, el 12% es pública y el 78% privada, según los datos de Seopan.
En un mes las obras públicas producen de media 1.233 millones de euros, con 152.000 empleos directos, mientras que las obras privadas producen 9.104 millones y 1,1 millones de empleos directos.
“La actividad económica en contratos públicos de obras en ejecución con todas las Administraciones y entidades públicas empresariales –sin incluir contratos públicos de suministros, de servicios y de concesiones– representó en 2019 más de 14.800 millones de euros, correspondiendo un 36% a la Administración General del Estado, un 28% a las Comunidades Autónomas y el 36% restante a las administraciones locales” señalan.