El emérito se blinda de pagar impuestos por regalos como el viaje en jet privado al fijar su residencia fiscal en Abu Dabi

La residencia fiscal del rey emérito en Emiratos Árabes Unidos le blinda de tener que tributar por regalos como el viaje en jet privado que le ha permitido trasladarse esta semana a España por primera vez en casi dos años.

Su residencia en el Golfo Pérsico también le protege de facto de eventuales responsabilidades ante la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT). Más cuando, una vez archivadas las investigaciones de la Fiscalía contra él, quiere “desplazarse con frecuencia a España para visitar a la familia y amigos, y organizar su vida personal y su lugar de residencia en ámbitos de carácter privado”, como recordaba el pasado miércoles la Casa Real en un comunicado en el que confirmaba el viaje relámpago de Juan Carlos I a España.

Todo ello, pese a que, según la opinión de algunos juristas consultados, con una interpretación estricta de la normativa, podría considerarse que el anterior jefe del Estado es todavía residente fiscal en España.

Tras 655 días de exilio, con dos regularizaciones fiscales a cuestas, después de librarse del banquillo por delitos relacionados con el cobro de comisiones ilegales, cuentas offshore y fraude fiscal, y con un juicio pendiente en Londres por acoso a su ex amante Corinna, el monarca realiza estos días su primera visita a España desde 2020 sin haber dado explicaciones por sus escándalos.

Lo ha hecho en un jet privado que no ha sufragado él, sino un emir del Golfo Pérsico, explican a elDiario.es fuentes del Ejecutivo. A preguntas sobre este asunto, un portavoz de la Casa Real señala que “los movimientos del Rey Juan Carlos desde que abandonó la vida institucional en el año 2019 son absolutamente privados”. “Nosotros no tenemos ni responsabilidad ni idea”.

El emérito aterrizó el jueves en el aeropuerto de Peinador (Vigo) en un Gulfstream G450 para pasar un fin de semana de regatas en Sanxenxo y, ya el lunes, almorzar en Zarzuela con el rey Felipe y partir de nuevo a Abu Dabi. El coste estimado para un viaje de estas características (6.000 kilómetros sin escalas desde Emiratos hasta Vigo) y en esa aeronave, un reactor con motor Rolls Royce, 14 plazas, y en el que se puede dormir, cocinar y trabajar, se ha cifrado en unos 100.000 euros, sin contar tasas e impuestos, según datos de compañías aéreas recabados por Europa Press.

Si Juan Carlos I tuviera su residencia fiscal en España, tendría que tributar por este nuevo viaje que no ha costeado él: bien a través del Impuesto de Donaciones y Sucesiones, o como una ganancia patrimonial declarada en el IRPF, en cuyo caso lo haría con un tipo impositivo cercano al 40%. Esta última es la vía que eligió para cumplir con sus obligaciones fiscales de manera extemporánea a medida que su situación judicial amenazaba con complicarse y tras conocer que su fortuna y sus gastos estaban siendo investigados.

Este nuevo viaje en jet supondría una nueva donación de su círculo de confianza que estaría sujeta a tributación en España, como lo estaban los 8 millones en vuelos que le pagó entre 2009 y 2018 la Fundación Zagatka, administrada por su primo Álvaro de Orleans, por los que no tributó en su día y por los que finalmente abonó 4,4 millones al Fisco para evitar sentarse en el banquillo –algo que finalmente logró–; o los 678.393 euros que consignó ante la AEAT por las transferencias irregulares del multimillonario mexicano Allen Sanginés-Krause para frenar una investigación penal sobre sus gastos con tarjetas opacas, que desveló elDiario.es.

En esta ocasión, el rey emérito no va a tener que pagar impuestos por este nuevo obsequio, al estar instalado en Emiratos Árabes y tener, según confirman fuentes del Gobierno, su residencia fiscal en ese país. Un aspecto que la Casa Real no confirma porque, de nuevo, explican, “es una cuestión privada” de Juan Carlos I.

El emérito se trasladó allí en 2020 tras las investigaciones abiertas por la Fiscalía del Tribunal Supremo, “guiado por el convencimiento de prestar el mejor servicio a los españoles, a sus instituciones y a ti como rey”, según le comunicó en agosto de ese año a su hijo, Felipe de Borbón. Emiratos se parece mucho a un paraíso fiscal y no recauda un impuesto equivalente al IRPF, como explica PwC. En el caso de las empresas, solo va a introducir un impuesto de sociedades (con un tipo del 9%) por primera vez en su historia a partir de 2023, según se anunció el pasado enero. 

Como señala el último comunicado de la Casa Real, el emérito “ha fijado su residencia de forma permanente y estable” en Emiratos, donde prevé permanecer “por razones que pertenecen a mi ámbito privado y que solo a mí me afectan”, según explicó en una carta a su hijo difundida también por la Casa Real el pasado 7 de marzo. Esa misiva sirvió para anunciar que Juan Carlos I, de 84 años, quería regresar a España, sin descartar en un futuro volver a residir en el país donde reinó casi cuatro décadas.

Las pesquisas de la Fiscalía contra el anterior Jefe del Estado se cerraron en marzo sin consecuencias penales para él. No tuvo que sentarse en el banquillo por la gestión fraudulenta de su fortuna en el extranjero, tras archivarse la investigación por la prescripción de los delitos cometidos, la protección que le otorgaba la inviolabilidad de la Corona y la validez que dio la Fiscalía a sus propios avisos sobre la apertura de las investigaciones, pese a que el escrito de Anticorrupción confirmaba que el emérito se enriqueció de espaldas a Hacienda en lo peor de la crisis económica.

“Absolutamente” blindado

En opinión del fiscalista Antón Beiras, la residencia del monarca en ese país blinda a Juan Carlos I “absolutamente de posibles responsabilidades fiscales. El hecho de que esté viviendo en Abu Dabi supone una cortapisa brutal para cualquier investigación de Hacienda”, que por otra parte “ha demostrado que no tiene la menor intención de investigarle”.

“Lo tiene a huevo”, remacha este economista, abogado, auditor y técnico de Hacienda en excedencia. Beiras, que ha sido delegado en Pontevedra de la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF) y miembro del Círculo de Empresarios de Galicia, presentó en 2021 una querella contra la fiscal general del Estado y el director de la AEAT por la “omisión” de sus funciones en los presuntos delitos fiscales del emérito. Su iniciativa no prosperó.

“La residencia en España obliga a tributar por tus rentas mundiales. Y la residencia en España, unida a la retirada de su asignación del Presupuesto de la Casa Real, le obliga a vivir de sus ahorros, ergo los desvela. La solución está en vivir en un país opaco”, resume Beiras, que cree que “no residir en España es una decisión 'inteligente' y mediatizada por la existencia de un patrimonio no declarado en el extranjero”.

Que ese patrimonio oculto al Fisco español existe es, asegura este fiscalista gallego, “de sentido común”, y Juan Carlos I “no puede volver” a España porque, tras quedarse sin su asignación con cargo al erario público, “tendría que estar haciéndose transferencias” de ese supuesto fondo no declarado. 

“Cuándo él dijo que ya no viviría en España, tomó esa decisión asesorado”. Y “es evidente que él regularizó lo que Hacienda podría descubrir en una inspección”. “No regularizó su fortuna, no viene a España pidiendo perdón y repatriando su fortuna; él viene a regatear”, ironiza.

El abogado al que contrató Juan Carlos I para las causas judiciales abiertas por sus escándalos es el fiscal anticorrupción en excedencia Javier Sánchez-Junco. Se trata del hermano de José Fernando Sánchez-Junco, el presidente de honor y factótum de Maxam, la empresa de armamento con fuertes conexiones con el Ejército y ex cargos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) a la que señaló recientemente el presidente ucranio, Volodímir Zelenski, por sus actividades en Rusia.

Doble imposición

Según algunos fiscalistas consultados, aunque lleve ya casi dos años afincado en el Golfo Pérsico, Juan Carlos I podría seguir siendo considerado contribuyente en España si la AEAT llevara a cabo una interpretación estricta del convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el Patrimonio que España y Emiratos Árabes Unidos firmaron en 2006. 

Como recuerdan fuentes jurídicas, el mero hecho de tener un certificado fiscal de un determinado país no evita que España pueda acabar considerando a un contribuyente residente aquí. Los requisitos para tener residencia fiscal en España son dos: permanecer en el país al menos 183 días al año, algo que evidentemente Juan Carlos I no cumple, o tener en España lo que se denomina su centro vital y económico de intereses. Y eso es más discutible, por mucho que la Casa Real señale que allí “ha fijado su residencia de forma permanente y estable”. Al menos, si así lo entiende la AEAT.

“Por mucho que Emiratos diga que es residente allí, eso no impide que la Administración tributaria española considere, aplicando la legislación interna, que es residente aquí también”, dice un fiscalista, que pide el anonimato. Este experto subraya que el convenio con Emiratos “dice que uno de los criterios es dónde tiene una vivienda permanente a su disposición”.

“Parece que en España no la tiene, desde el punto de vista de que se la están negando [el emérito no ha podido pernoctar en Zarzuela en este viaje, como pretendía] y se está quedando en casa de amigos”. “A lo mejor precisamente se la están negando para no tener una vivienda permanente a su disposición y que la tenga allí”, apunta.

Mansión a 25.000 euros la noche

Tras trasladarse a Emiratos, el emérito se alojó durante los primeros meses en el lujoso hotel Emirates Palace, pero a finales del año 2020 decidió trasladarse a una lujosa mansión en Nurai, una isla con una superficie de un kilómetro cuadrado a unos 15 minutos en barco de Abu Dabi en la que hay once villas de un valor aproximado de once millones de euros cada una. Alojarse en una de ellas cuesta unos 25.000 euros por noche.

El convenio dice que una persona residente en España y Emiratos “será considerada residente exclusivamente del Estado donde tenga una vivienda permanente a su disposición”. Y “si tuviera una vivienda permanente a su disposición en ambos Estados, se considerará residente exclusivamente del Estado con el que mantenga relaciones personales y económicas más estrechas (centro de intereses vitales)”, dice el texto.

Uno de los factores por los que se presume la residencia en España, recuerda ese experto que pide el anonimato, es “si reside aquí tu cónyuge del que no estás separado legalmente”. “A un cliente mío, en esta circunstancia y en un país distinto, Colombia, le han obligado a pagar impuestos en España y allí”.

“Otra cosa es que la AEAT no quiera que sea residente aquí para no tener más dolores de cabeza. Le habrán dado un papelote de residencia fiscal, un certificado que normalmente la AEAT no tiene en cuenta si considera que eres residente aquí”.

Beiras cree que esa hipótesis tiene poco recorrido: “Dormir en la Zarzuela o en un burdel es inane a efectos de determinar el centro de intereses vitales, que una vez retirada su asignación es obvio que no está en España”. “Si ya se da el criterio de los 183 días en el extranjero, la carga de la prueba para atraer la soberanía recae en Hacienda: tienes que probar que hay otros criterios más sólidos que apuntan a su residencia fiscal en España”. 

Y “la Agencia Tributaria no va a hacer eso porque ya pudo haberle llevado a un tribunal por delito fiscal y no lo hizo”. “Las fuerzas vivas se aliaron para inducirle a que regularizara”, según Beiras, que cree evidente que “la justicia no es igual para todos” y, “como diría el director de una eléctrica, pagan los tontos”.