A las cinco de la mañana, se ha presentado otra vez “el caballo”. Julia (nombre ficticio) es una madre divorciada en paro, que vive con su hijo de 11 años en un pueblo de Euskadi. Aunque intenta evitarlo, la noche la lleva sin freno “como en un caballo desbocado” hacia todos sus temores. ¿Qué pasa si no encuentra trabajo esta semana? Si lo consigue, ¿cuánto durará este mes? Porque ya no tiene derecho a paro. ¿Y qué horario tendrá? El niño tiene casos de COVID en su colegio y no lo quiere dejar mucho con sus padres. “Si se contagian, que no sea por mí o por mi hijo”, dice. Da vueltas en la cama, mejor lo piensa mañana. “¿Y el niño? ¿Siente toda esta angustia?”. Vuelve el caballo al galope.
En el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, este 17 de octubre, desde la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN) alertan no solo de la gran tasa de pobreza y exclusión social que ya tiene España, de las mayores de la UE, sino del riesgo de que esta se dispare de nuevo en la crisis económica derivada de la pandemia de coronavirus. Ocurrió en la pasada crisis financiera y, aunque las medidas de protección social del Gobierno de coalición no siguen la receta de la austeridad que se aplicó hace una década, en la EAPN advierten de que España tiene una gran cantidad de población en situación muy precaria con apenas aguante ante un imprevisto que haga reducir sus ingresos. La Red asegura que aún es pronto para hacer estimaciones del aumento de la pobreza por el paso del coronavirus, pero dan por hecho que se incrementará. Save the Children ha estimado que la pandemia arrojará a la pobreza este año a más de medio millón de niños.
“La mitad de la población española no estaba preparada para una crisis sobrevenida y menos para esto”, alertaba esta semana Juan Carlos Llano Ortiz, el responsable del último informe anual sobre el estado de la pobreza en España de la EAPN. La Encuesta de Condiciones de Vida del INE muestra que el 49% de la población española asegura tener alguna dificultad para llegar a fin de mes. El 22%, más de una de cada cinco personas, valora su dificultad como media o alta. Si no se toman medidas de protección social, indica Llano Ortiz, esto puede llegar y “arrasar con todos”: “Estas personas no tienen herramientas para ningún tipo de crisis”. La pandemia ha destruido medio millón de empleos que aún no se han recuperado y ha dejado a otras 700.000 personas en expedientes temporales de regulación de empleo (ERTE) que en algunos casos tendrán complicada su reactivación tras tantos meses de parón de su actividad.
“Es una pesadilla”, resume Julia al otro lado del teléfono. “No saber si tendrás ingresos el mes que viene, si podrás pagar el alquiler...”. Vive sola con su hijo desde que el niño tenía seis meses, cuando se divorció de su marido. Forma lo que se conoce como un hogar monomarental. Al principio vivió un año en casa de sus padres, pero después se ha ido “apañando como ha podido” para vivir por su cuenta, “de contrato superprecario en contrato superprecario, siempre con el salario mínimo”, explica. En pisos de una habitación cuando el bebé era muy pequeño, “pero poco a poco el niño necesita su espacio, es un preadolescente”, dice. Esa tarde ha salido por primera vez con sus amigos solo de paseo. “Me dice que si se puede teñir el pelo de rojo”, ríe.
Julia insiste en que intenta ser “positiva”, no dejarse llevar por los “pensamientos negativos”, pero es muy difícil. Sobre todo por la noche, cuando el insomnio le enfrenta a sus numerosas inquietudes. Se quedó en paro con el estado de alarma y en agosto agotó su prestación de desempleo. Le salió un trabajo temporal en septiembre, del “día 10 al 30”. Y otra vez a buscar empleo. “He echado muchos CV y en un sitio de reciclaje me han dicho que igual me llaman para alguna sustitución por baja”, explica. Su historia laboral de los últimos años encadena numerosos contratos temporales que, al finalizar, le devuelven la ansiedad de la espera y las dudas: cuándo encontrará el próximo empleo, cuánto durará este mes, alcanzará para pagar el alquiler o tendrá que pedir ayuda a sus padres.
“No me gusta tener que pedir ayuda, quiero ser independiente”, insiste la mujer, que en esta crisis por la COVID-19 tuvo que acudir a un banco de alimentos. “Era la primera vez y la verdad que fue un poco extraño”, afirma Julia, que ha acudido a la Federación de Asociaciones de Madres Solteras (FAMS) para pedir consejo y ayuda ante su situación. “Muchas mujeres de familias monomarentales han perdido su empleo en la crisis y otras han tenido que renunciar a ellos porque tenían que cuidar a sus hijos y sus empleos eran presenciales o esenciales y no tenían otras opciones para conciliar”, explica Carmen Flores, presidenta de la FAMS. Desde que se desató la pandemia, la federación ha recibido numerosas consultas sobre ayudas para atender los gastos más esenciales: “Estas mujeres están siendo muy castigadas, hay situaciones de una emergencia brutal”.
Las familias monoparentales, formadas por un solo adulto (que mayoritariamente es una mujer) con menores a cargo, es uno de los colectivos que más afrontan la pobreza y la exclusión social en España. También las familias numerosas y, en general, los hogares con hijos, ya que “los niños son un factor de riesgo de pobreza en España”, lamentan en la EAPN. Los hogares con menores siempre registran situaciones de mayor vulnerabilidad que aquellos que no los tienen.
Violeta Assiego, abogada especializada en derechos humanos y de la infancia que colabora con la FAMS, explica que las familias monomarentales enfrentan situaciones de enorme precariedad desde unas dimensiones sociales específicas, “porque a veces cuando se habla de pobreza parece que todo el mundo parte de la misma situación y no es así”. El empobrecimiento de las madres que crían solas “tienen mucho que ver con el empleo”, en particular con la brecha de género en el mercado laboral, y con “las carencias en políticas de conciliación”, indica Assiego, que abocan a las mujeres a trabajos muchas veces irregulares ante la escasez de alternativas.
El IMV es necesario, pero hace falta más
La EAPN celebra que el Gobierno de coalición haya aprobado una de las políticas más ambiciosas en España contra la pobreza, el ingreso mínimo vital (IMV), pero recuerdan que es un recurso que aún se está desplegando poco a poco, con muchos hogares a la espera de cobrarlo, y que está dirigido a las personas en pobreza más severa, lo que deja aún a una gran cantidad de personas en pobreza y exclusión fuera de esta renta mínima de inserción. Las plataformas sociales reiteran que ser pobre en España, un país rico, no es solo pedir dinero a la puerta de un supermercado o dormir en la calle por no tener un hogar. “No es solo la miseria”, subrayan, ya que es importante reconocer estas situaciones de exclusión para combatirlas y que no queden en el olvido. “España es uno de los países más ricos del mundo, no podemos tener un sistema de protección social como si no lo fuésemos”, advertía esta semana Carlos Susías, presidente de la EAPN.
Así que, el IMV era necesario, “pero hace falta más”, defienden en la EAPN. No solo mejorar la vida de las personas que ya están en riesgo de pobreza y exclusión (según el indicador AROPE a nivel europeo), sino para evitar que miles y miles de ciudadanos precarios en España caigan en esta situación de vulnerabilidad. Porque en la pobreza, y en todos sus problemas asociados, se cae mucho más fácil de lo que se sale.
“Lo que hemos visto con esta pandemia es que te da un golpe y, si vivías con lo básico, que te defendías más o menos, te lleva al otro lado. Te expulsa”, apunta Aurora, voluntaria de la despensa vecinal de alimentos de 'Haciendo Barrio' en el céntrico barrio madrileño de Malasaña. En los peores meses de la pandemia llegaron a atender semanalmente a unas “300 familias, unas 600 personas”, entre las que se encontraban muchos trabajadores: “Muchos camareros, personal de la hostelería y mujeres que limpiaban y que habían perdido sus empleos o estaban en ERTE y no tenían aún ingresos”. Ahora atienden cada 15 días a “90 hogares, en concreto, 295 personas, de las que un tercio son menores de edad”, explica la voluntaria, que advierte de que muchas de las personas que han acudido a pedir ayuda no lo habían hecho antes. “No eran situaciones estructurales, veías a gente que te dabas cuenta fácilmente de que no están acostumbradas a esta situación, por cómo vienen, los trabajos que tenían y porque a veces te cuentan su situación por si tienen que demostrar algo con algún papel”, relata.
Paola, empleada del hogar de 41 años, no ha tenido que acudir a ningún banco de alimentos, pero sí ha recibido una ayuda para la compra de Cruz Roja, explica. Las trabajadoras domésticas son uno de los colectivos más precarios, sin derecho a protección social básica, como el desempleo. En la pandemia, el Gobierno aprobó un subsidio extraordinario de paro, pero no se ha prorrogado en esta etapa de rebrotes. “La pandemia está siendo muy difícil para este trabajo, que ya era muy precario. Perdí mi empleo de cuidados en el que llevaba muchos años y que me daba cierta estabilidad, cobraba bien y compaginaba con otros para llegar a fin de mes y ahorrar un poco para que mi hija vaya a la universidad al año que viene”, explica la trabajadora. Quiere estudiar Magisterio. “También ahorro porque soy previsora, como no tenemos derecho a paro, hay que estar preparada, porque no te puedes quedar sin empleo. Es que no te lo puedes permitir”, apunta la mujer, migrante, que ahora compagina el trabajo en tres casas sin contrato, de forma irregular.
Estas caras de la precariedad más comunes y que enfrentan muchos ciudadanos son los que también destacan en la EAPN y en la FAMS para exigir al Gobierno medidas transversales y de mirada amplia contra la pobreza. Graciela Malgesini, responsable de Asuntos Europeos e Incidencia Política de la EPNA, subraya varios ejes de acción: la protección social específica para las situaciones de pobreza, pero también políticas de vivienda social que reduzcan el peso del gasto en esta partida de los hogares con recursos limitados, una ayuda por hijo a cargo universal para todas las familias con hijos para evitar que los menores inclinen la balanza de los hogares hacia la precariedad y necesidad y, en un lugar muy destacado, la mejora de la calidad del empleo, que en algunos casos no evita siquiera caer en la pobreza. Desde la FAMS consideran fundamental también políticas públicas de cuidado, que tendrían una gran incidencia contra la brecha de género y la feminización de la pobreza.
“Yo lo que quiero es salir adelante, por mí misma, pero es que te encuentras sola, no puedes. Y cuesta mucho. Es muy duro. Pienso en una calidad de vida para mi hijo y para mí. Quiero vivir, no sobrevivir”, desea Julia.