Cuando el inspector de trabajo es un algoritmo: avances y temores sobre las sanciones laborales automatizadas

En los últimos años, la Inspección de Trabajo ha logrado que miles de empresas regularizaran contratos temporales y parciales fraudulentos sin siquiera poner un pie en las compañías. Solo con el envío de cartas informativas, que advertían a los empleadores de las presuntas irregularidades. ¿Cómo se habían detectado? Gracias al cruce masivo de datos, en campañas programadas tecnológicamente. Si las empresas no reaccionaban, entraba en juego el personal de la Inspección, para comprobar y hacer cumplir la normativa. Ahora, el Gobierno ha dado un paso más y ha validado las actas de infracción automatizadas. Es decir, el propio algoritmo propondrá directamente la sanción a la compañía. La novedad amplía los recursos de la Inspección, pero también inquieta a parte de su personal. Y a los empresarios.

La diferencia de las nuevas actuaciones automatizadas respecto al papel que ha jugado hasta ahora la tecnología reside en que la automatización y el llamado 'Big Data' tendrán más poderes asignados. No solo estarán al servicio de los inspectores de Trabajo para guiarles en sus actuaciones, sino que los algoritmos serán los artífices de procedimientos por sí mismos. Podrán dar el paso de emitir el acta de infracción a la empresa o administración incumplidora, algo que hasta el momento solo estaba en manos de los inspectores y subinspectores de Trabajo. Algo similar a las multas de tráfico automatizadas a través de los radares.

El Gobierno validó las actuaciones automatizadas esta semana en el decreto de los ERTE, que –entre la mucha letra pequeña que incluye– modifica la LISOS (Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social). Se habilita a la Inspección de Trabajo a emitir actas de infracción basadas en actuaciones automatizadas, “es decir, sin intervención directa de un funcionario actuante en su emisión y sin reducción de las garantías jurídicas de los administrados”, explica el texto legal.

Fuentes del Ministerio de Trabajo precisan que estas actuaciones aún no se han iniciado y van a ser detalladas y reguladas en la revisión del reglamento sobre los procedimientos sancionadores que ya está en marcha. La actualización del texto pretende, tanto modernizar los procedimientos (por ejemplo con estos mecanismos automatizados), como actualizar las cuantías de las sanciones, que llevan sin tocarse desde 2007.

Los procedimientos automatizados no convencen a todo el mundo. El Sindicato de Inspectores de Trabajo y de la Seguridad Social (SITSS) lanzó un comunicado en contra, ya que considera que se pretende “suplantar la imprescindible y necesaria intervención del inspector” a través de “robots”. En la organización sindical consideran además que estos mecanismos no tienen las suficientes garantías jurídicas, de independencia y veracidad que aportan los trabajadores de la Inspección.

En cambio en UPIT, la Unión Progresista de los Inspectores de Trabajo, guardan cautela. Prefieren esperar a valorar la medida cuando se detalle y se conozca su alcance. Desde la organización sindical recuerdan que la Inspección de Trabajo ya inicia sanciones por expedientes administrativos, en los que el inspector de turno comprueba una presunta infracción documentalmente y propone la sanción sin necesidad de ir a la empresa o citar a sus responsables para una comparecencia. Ahora se plantea que la tecnología automatice procedimientos de este tipo, con una capacidad de actuación mucho mayor que la que tiene un trabajador de la autoridad laboral.

Actuaciones masivas para frenar los fraudes

En el Ministerio de Trabajo niegan que esta automatización sea una amenaza para los inspectores de trabajo, con una plantilla de 1.980 trabajadores, sino que consideran que funcionará como una ayuda para el personal. “Permite con los mismos recursos humanos actuar contra un número infinitamente superior de incumplimientos a los que se podría alcanzar mediante el procedimiento de actuación y sancionador ordinario”, explican fuentes de Trabajo.

Es lo que ocurrió con los Planes de Choque contra la temporalidad y parcialidad abusivas que lanzó el anterior Gobierno de Pedro Sánchez, con Magdalena Valerio al frente de Trabajo. La mencionada campaña de las cartas informativas. En 2018, el primer año que se lanzó la campaña, supuso que con menos actuaciones de la Inspección que en el año anterior se lograra duplicar el número de trabajadores temporales convertidos en fijos: 193.946 personas en 2018 frente a los 92.925 trabajadores beneficiados en 2017.

Además, la efectividad del algoritmo fue muy elevado. Por ejemplo, solo en la primera fase del plan de 2019, la regularización “voluntaria” tras recibir las cartas informativas, la Inspección logró que las empresas hicieron fijos al 66,5% del total de trabajadores incluidos en la campaña.

La idea es que los trabajadores puedan centrarse “en supuestos de fraude e incumplimientos más complejos, que precisan además de una compleja valoración jurídica”, explica en el Ministerio de Trabajo, mientras que la tecnología se dirija a infracciones más sencillas y que puedan verificarse documentalmente. Y que, además, estos procedimientos sean más amplios.

Una “lupa” de la Inspección mucho más grande es un elemento que desincentiva el fraude, recuerda el profesor de Derecho del Trabajo Adrián Todolí. “La existencia de un sistema eficiente de control que localice y castigue a los que infringen la norma convencerá al resto de obligados que cumplirla redunda en su beneficio. A su vez, incrementará la percepción de poder ser inspeccionado”, apunta el especialista. Y esto, añade, también beneficia a las empresas al eliminar la competencia desleal de los que incumplen las reglas.

Sin embargo, a la patronal CEOE tampoco le han gustado las inspecciones automatizadas. “Desde el ámbito empresarial se ve con preocupación puesto que se considera que estas herramientas de inteligencia artificial deben, en línea con lo que viene señalando el Parlamento Europeo y el CES europeo, preservar en todo momento los derechos de los administrados”, sostienen fuentes patronales.

Algunos peros a los algoritmos

Todolí precisa que, si bien los algoritmos pueden “aportar muy buenas capacidades a la Inspección para detectar fraude”, también tienen riesgos. “Hay que ir con cuidado sobre cómo se implementa y hacerlo con mucho cuidado. Holanda ya los utilizada y un tribunal de La Haya lo anuló al entender que vulneraba los derechos de los afectados y no era lo suficientemente garantista”, explica. En este caso, Holanda utilizaba los algoritmos para detectar fraudes en el cobro de prestaciones, como recoge en este análisis.

El profesor de Derecho del Trabajo subraya la importancia de programar un algoritmo lo suficientemente garantista, que permita respetar principios como el de proporcionalidad y la intimidad de los investigados. Desde el Ministerio de Trabajo aseguran que los procedimientos preservarán todas las garantías jurídicas, ya que los expedientados podrán presentar alegaciones y sus casos pasarían a ser analizados por el personal de la Inspección. Estos procedimientos además estarán incluidos en la herramienta de Lucha contra el Fraude, que cuenta con supervisión de inspectores de trabajo, añaden.

Todolí también señala que, en ocasiones, los algoritmos pueden incluso provocar efectos no deseados. Por ejemplo, que perjudicaran a un colectivo en concreto respecto a otros sin pretenderlo, como pueden ser las pequeñas empresas frente a las grandes. “Hay que tener mucho cuidado”, advierte.

Otro riesgo es su opacidad. “Un algoritmo es menos transparente y permite esconder más los verdaderos motivos de un procedimiento”, reconoce Adrián Todolí. Un ejemplo práctico: un gobierno que quisiera perseguir más el fraude entre los inmigrantes, guiándose por un enfoque racista. “Ordenar eso a funcionarios, a través de una orden o una instrucción es más complejo que introducir esos criterios en un algoritmo”, explica el especialista. Por ello, considera fundamental que la utilización de algoritmos sea muy transparente, “en la medida de lo posible”.

Los empresarios insisten también en la transparencia. “Deben respetar la seguridad, la transparencia, la rendición de cuentas y, especialmente, deben garantizar el conocimiento por parte de esos mismos administrados de lo que rige esa herramienta y que se permita en todo momento la supervisión humana”, reclaman en la CEOE.